El Juzgado de Ejecución Penal 1 de La Plata, a cargo de Nicolás Villafañe, ordenó la clausura -por peligro de derrumbe- de la Unidad Penitenciaria 10 de Melchor Romero, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Lo hizo porque pudo comprobar personalmente -también por pericias de los arquitectos e ingenieros- que la denuncia de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) es fidedigna.
Desde la CPM, Roberto Cipriano García comentó a Tiempo que presentaron la denuncia «cuando nos enteramos y constatamos que se había producido un desprendimiento del techo de un espacio de uso común del penal que está ubicado entre los pabellones 1 y 2».
Sobre el derrumbe
«El pedazo de mampostería cayó sobre la espalda de un detenido, que fue asistido por los profesionales de la salud del área de sanidad de la cárcel. Por milagro, no sufrió heridas graves», reconstruyó el secretario ejecutivo. «Hace décadas que venimos denunciando continuamente que las cárceles se caen a pedazos«, agregó.
Después de todo esto, «nosotros conversamos con otras personas detenidas que describieron el mal estado -en termino generales- del techo de la planta baja de esa institución de encierro. Vimos grietas que anunciaban otros posibles desprendimientos de techos», remarcó el letrado y agregó: «Por eso, solicitamos que hagan una constatación judicial urgente y que actúen de oficio, con el fin de garantizar el derecho de habitabilidad de las personas allí cautivas».
Fue por este reclamo que el Juzgado de Ejecución Penal N° 1 de La Plata se presentó en el penal, para constatar las condiciones edilicias, verificar el estado de alojamiento y la densidad poblacional. «Ante el peligro de derrumbe de los pabellones 1 y 2 y del sector de admisión, el magistrado ordenó que peritos -ingenieros y arquitectos- confeccionen informes», aseguró García.
Además, el juez Villafañe también prohibió «el ingreso de presos hasta que la administración penitenciaria efectúe las tareas de reparación integral de la estructura edilicia de la cárcel, para que en el espacio cumplimenten los estándares constitucionales de condiciones dignas para las personas privadas de libertad», detalló García.
Respecto del sector de admisión, «solicitamos al Juzgado de Garantías correspondiente que todos los detenidos que habitaban en esa área de la cárcel sean realojados transitoriamente en otros sectores», explicó.
Los informes de los profesionales
Cuando el juez Villafañe recibió los informes -durante los últimos días- de las pericias «ordenó clausurar el penal completo». El magistrado señaló que «cuando se rompe el equilibrio entre personas privadas de libertad y la calidad de seguridad de alojamiento de un establecimiento penitenciario, se ven afectadas en forma directa las condiciones de detención de las personas detenidas».
El juez consideró que estas condiciones de detención precarias «afectan los derechos fundamentales de los allí cautivos como ser la salud, trabajo, estudio y el contacto con sus familiares, también la alimentación y el descanso», contó el secretario ejecutivo.
Finalmente, señaló: «El magistrado pidió la asistencia y el tratamiento correspondiente para todas las personas privadas de libertad en ese establecimiento. Ante tantas irregularidades, ordenó la clausura total de la Unidad Penal 10 de Melchor Romero».
