En medio de la puja por la declaración de la emergencia alimentaria, se agrava la situación de uno de los grupos más vulnerables: el de los jubilados. No sólo quedaron afuera de los exiguos beneficios anunciados por el gobierno tras la devaluación luego de las PASO, sino que además deben lidiar con el deficiente servicio brindado por el Pami. En las últimas horas se conoció un nuevo inconveniente que hace tambalear importantes prestaciones: unos 200 laboratorios clínicos privados de la Ciudad de Buenos Aires le exigen al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados una actualización de los valores que les paga el Estado por sus servicios. De lo contrario, peligra la realización de estudios a los beneficiarios de la obra social de jubilados y pensionados.
El reclamo al Pami y a las empresas de medicina prepaga se centra en los aranceles debido al incremento del 20% del valor en insumos y reactivos importados. «Si no se actualizan los aranceles de los servicios que prestan los bioquímicos, cerca de 200 laboratorios de análisis clínicos privados de la Ciudad de Buenos Aires van a cerrar en menos de un mes», advirtió Claudio Ucchino, director general del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos porteño (COFyBCF), la entidad que agrupa a 3000 farmacéuticos y bioquímicos locales.
Según Ucchino, cerca de 2000 personas que trabajan en esos laboratorios clínicos en Capital pueden verse afectados ante un posible cierre.
«Es una más de las tantas problemáticas que tiene el Pami. A los laboratorios no les alcanza, porque la mayoría de los insumos y equipamientos son importados –enfatizó el abogado previsionalista Christian D’Alessandro–. Ante esta falta de recomposición, ven peligrar su continuidad, lo que provocará que el jubilado de Pami tenga que deambular por toda la ciudad para conseguir un laboratorio que atienda por la obra social para un análisis clínico. Por otro lado, los laboratorios no van a dar los resultados en forma tan urgente, porque al no tener las tiras reactivas o los insumos que usan para los análisis, se ven colapsados».
«Cuando el Estado o la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación autorizan un aumento del 30% a las prepagas, el aumento en la cuota de los afiliados es inmediato, pero sólo se traslada un 3% para los análisis clínicos, y los bioquímicos ya no pueden sostener más esta situación», agregó Ucchino.
El miércoles pasado, la presidenta de la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina (CUBRA), María Alejandra Arias, informó que el sector atraviesa «una grave situación económico-financiera que podría concluir en la suspensión del servicio en pocos días más, si es que el gobierno nacional no da respuestas a reclamos concretos como, por ejemplo, que sus insumos dolarizados sean eximidos del IVA». «
Pami, sin prestación en Chaco
El Pami suspendió esta semana prestaciones médicas e internaciones en la provincia de Chaco. La red de prestadores de la Asociación de Clínicas y Sanatorios del Chaco (Aclysa) sufre una deuda de 800 millones de pesos por parte del organismo, confirmada el 23 de agosto por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia. El corte en la atención de las clínicas de Aclysa para el 60% de los 94 mil jubilados nacionales que hay en Chaco hizo que la demanda recayera en los hospitales públicos. Toribio Navarro, de la filial chaqueña de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de la Argentina, denunció que al menos tres abuelos fallecieron desde el 1 de julio por no conseguir camas ni en las clínicas de la red alternativa ofrecida por Pami, ni en los hospitales públicos. «Estamos prácticamente sin cobertura, con prestaciones deficitarias. No tenemos internación, los abuelos deambulan de un lado para el otro», expresó Hilda Santillán, consejera federal de Pami.
