Entre la noche del viernes y la madrugada del sábado últimos, una militante del grupo Exaltación Salud, que lucha contra el uso de agrotóxicos en Exaltación de la Cruz, salió a pegar afiches para convocar a una marcha contra las fumigaciones, el próximo jueves. Lo hizo junto a su compañero, quien manejaba una camioneta con la que recorrían caminos locales y frenaban en garitas de colectivos y postes de luz para estampar carteles. En medio de ese trayecto, un móvil de civil con policías a bordo los interceptó. Enseguida se sumó un patrullero. Les pidieron los papeles del vehículo y, como no los tenían, comenzaron a violentarlos, según denunciaron desde el colectivo ambientalista. El joven terminó detenido por resistencia a la autoridad, pasó la noche en la comisaría y fue golpeado en todo el trayecto. El hecho será denunciado ante la fiscalía local.
“Vemos una escalada de violencia institucional y vamos a llevar el caso ante los organismos donde ya habíamos hecho una presentación anterior. Porque entendemos que es una forma de querernos amedrentar, de hacer que la gente no vaya a reclamar”, advirtió Anabel Pomar, miembro de Exaltación Salud. Desde ese espacio difundieron un comunicado para denunciar el caso de “abuso de poder” y “violencia policial” que sufrieron sus integrantes.
«Si te vuelvo a ver va a ser mucho peor» y «vos vas a ser siempre un perejil y yo siempre policía», fueron algunas de las expresiones que atribuyen al oficial Diego Arias, acusado de haber violentado físicamente al detenido: “Durante el viaje hacia la comisaría también fue golpeado y amenazado. Tras la revisión médica de rutina en la salita de Robles, realizada durante el trayecto a la dependencia policial, también fue nuevamente golpeado y amenazado, siempre por el mismo oficial”.
“Estamos viendo con los abogados los pasos a seguir, se va a presentar la denuncia en fiscalía por apremios ilegales y violencia institucional. Vamos a conectarnos con la Comisión Provincial por la Memoria y otros organismos para hacerlos partícipes y ya se presentó vía mail en asuntos internos de la Policía, la vía administrativa. Una vez que tengamos la denuncia realizada en fiscalía queremos ir a la secretaría de Derechos Humanos del municipio para que también intervengan en la causa”, detalló Tomás Peña, de Exaltación Salud. “La situación que vivieron no la vamos a dejar pasar por alto. No solo por el perjuicio y la situación grave de amenazas sino también para que estas prácticas no sigan en el distrito ni en ningún lado. Lo que moviliza la acción policial es que estaban pegando afiches para la movilización: es algo inadmisible en un marco democrático”, destacó.
Según la reconstrucción de la joven demorada y su compañero detenido, “hubo expresiones como ‘los que hacen política no me dan miedo’, el oficial iba al choque todo el tiempo. Bajó del auto en ese plan. Y la referencia, cuando llegaron a la comisaría, fue ‘estos están con el grupo de la contaminación’. No dijeron ‘traje a alguien sin papeles’ del auto”, remarcó Pomar.
El mismo sábado por la noche, mientras denunciaban lo sucedido y continuaban con la convocatoria para la protesta del jueves próximo, “algunas compañeras se fueron a un evento en Capilla para seguir con la difusión y tuvieron un acompañamiento permanente de un policía que estaba de civil. Las acompañó a todos lados, todo el tiempo”. De hecho, mientras una de ellas pegaba los mismos afiches de convocatoria fue abordada por personal de la guardia urbana local para indagar sobre su actividad. “No pasó nada, pero fue intimidatorio”, consideró Peña.
Las y los ambientalistas enmarcaron lo que pasó en un “cambio en el proceder que no nos gusta para nada, un recrudecimiento de la violencia institucional”. De hecho, en agosto último, presentaron un documento ante los organismos de derechos humanos para dar cuenta de situaciones en ese sentido. Una de ellas fue “un procedimiento especial con un despliegue de seguridad inaudito para la zona, con personal traído de otro lado, vallas, policías sin identificar, de civil, con armas” ante una manifestación durante una sesión en el concejo deliberante. También recordaron “un episodio donde un candidato a concejal amenazó a un compañero. Son cosas que uno va leyendo. Es tiempo de que el poder político dé un mensaje contundente de que acá están dadas las garantías necesarias para poder expresarse y reclamar”.
“Cuando empezó el trabajo contra las fumigaciones hace años primero nos ignoraban. Pero a partir de que fue tomando más dimensión la problemática, más visibilidad en la población, optaron por tratar de negar la situación o intentar acallar”, alertó Peña.
Las pruebas de la contaminación
El recrudecimiento de las reacciones en contra de las protestas coincide con la generación de más evidencia sobre los efectos de la fumigación con agrotóxicos. Estudios de agua realizados en Exaltación de la Cruz reflejaron que el agua de red de Los Cardales y el agua de red de Capilla del Señor tienen presencia de al menos un producto peligroso para la salud. También se detectaron plaguicidas peligrosos en agua de pozo del barrio San José de Capilla del Señor y en muestras de napa freática de Capilla del Señor. Sobre un total de 12 muestras tomadas en abril, los resultados de agosto evidenciaron presencia de agrotóxicos en el 40%, tras ser analizadas por el investigador Damián Marino, dentro del Programa Ambiental de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de La Plata.
En cuanto al suelo, el mes pasado tras un derrame de un producto frente a una vivienda –que le provocó adormecimiento facial a una de sus habitantes- y una escuela se tomaron muestras específicas y el resultado arrojó que allí había “tóxicos en valores como los encontrados en el suelo de una fábrica de agrotóxicos que enterraba residuos ilegalmente. En algunos casos, incluso más”, según el documento difundido por la agrupación.
El municipio de Exaltación de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires, tiene un poco más de 60 mil hectáreas de superficie y más de 30 mil tienen cultivos transgénicos. Una encuesta vecinal relevó en 30 manzanas -dos barrios de Capilla del Señor, Esperanza y San José- que “en uno de cada tres hogares hay personas enfermas con cuadros asociados a enfermedades producidas por agrotóxicos. En esas 280 familias, 50 casos de cáncer, la mitad ya fallecidas, incluyendo cuatro menores”.
