Siete millones de pesos. Ese es el monto que le pagará el Estado a María Antonia Gauna, a modo de indemnización tras haber pasado 12 años presa por un crimen que no cometió. La Justicia la había acusado y condenado por matar a su marido, pero ese crimen sigue impune. “Nadie me devuelve mi proyecto de vida y no hay forma de reparar todos los daños psicológicos causados”, lamentó la mujer.
En una entrevista con Cadena 3, Gauna se refirió a su caso como “mala praxis judicial” y cuestionó que “la jueza que me acusó ya se jubiló y los otros funcionarios judiciales siguen en sus cargos. Son intocables”.
La docente, oriunda de Corrientes, fue condenada a prisión perpetua en 2008, considerada autora del homicidio calificado por el vínculo de su marido, el 6 de febrero de 2005. Ese día fue hallada en el jardín de su casa de Arequito (Santa Fe), cubierta de sangre. Allí estaba también el cuerpo de su esposo, Omar Carlos Bartorelli, con ocho puñaladas.
La mujer estaba herida, con cortes profundos en las muñecas, y terminó en coma. Cuando salió de ese estado, quedó detenida. La Justicia entendió que se trataba de un crimen seguido de un intento de suicidio. Sin embargo, ella insistió sobre su inocencia y finalmente la Corte Suprema provincial ordenó la revisión del caso en 2016.
Una década después del crimen, estudios médicos demostraron que ella no se podría haber provocado los cortes en ambas muñecas, tan profundos que la dejaron al borde de la muerte. El relato de Gauna apuntó siempre a una persona de su entorno familiar como responsable del asesinato. “Era un hombre alto, tenía ojos celestes y mucha barba. Me tomó de la cintura y me dijo que esté tranquila. Yo reconocí la voz, era el esposo de la hermana de mi marido”, contó, y relató que el hombre la ató y le pidió plata. “Toda esta historia yo la he relatado a la Justicia. Pero ese hombre jamás fue investigado”, criticó la mujer, que volvió a ejercer la docencia y vive en Entre Ríos.
“No hay dinero que pueda reparar semejante daño”, dijo a Cadena 3 luego de que el Tribunal de Responsabilidad Extracontractual Nº 2 de Santa Fe fallara a su favor y ordenara abonarle siete millones de pesos en concepto de reparación, más los sueldos que no recibió por no poder ejercer su profesión. “He perdido 12 años de mi vida y el sueño de tener hijos. Tengo el alma rota –definió- estoy viva pero siempre voy a vivir con ese dolor”.