La Cooperativa de Vivienda Papa Francisco resiste a un inminente desalojo en Parque Patricios. Se trata de 100 familias que habitan en un edificio ubicado sobre la calle Santa Cruz 140.
El inmueble perteneció a Selsa, una fábrica de toallas que quebró a comienzos de la década del 90. Luego, un emprendimiento inmobiliario quedó trunco y el edificio fue abandonado. Hasta que en 2002, vecinos sin techo fueron ocupándolo y transformándolo en un complejo de habitacional.
“A partir del 2002 le dimos otra funcionalidad para la vivienda a este edificio que estaba ocioso. El inmueble no tenía dueño, en el año 2010 entra en remate y es comprada por el empresario Leonardo Ratuschny, quien se dedica a los emprendimientos hoteleros en la Ciudad de Buenos Aires. El empresario lo compró en cómodas cuotas al gobierno porteño, con quien también mantiene otros negocios”, cuenta Ileana Llanos a Tiempo Argentino, presidenta de la cooperativa.
En 2010, cuando el edificio fue rematado con todos sus habitantes, Ratusshny, quien lo compró por 1,5 millones de pesos, abrió una causa civil. Así fue que todas las familias iniciaron un proyecto para adquirir el inmueble, según lo establece la ley 341. La normativa reconoce a las cooperativas de vivienda y les permite acceder a créditos a través del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC).
Desde entonces, las familias continuaron llevando adelante gestiones con el IVC conformados como Cooperativa Papa Francisco, pero sin respuesta favorable por parte del gobierno.
“El IVC está al tanto de nuestra problemática por lo menos desde 2014, cuando estaba como presidente Emilio Basavilbaso. Y todos los años nos responden lo mismo, que no hay presupuesto. Desde que asumió Juan Maquieyra no podemos tener una reunión con él para comentarle nuestra problemática, no nos quiere recibir. Y todas las mesas de trabajo que propusimos y que intentamos sostener siempre terminaron truncas porque no hay voluntad política. Nos conformamos en cooperativa de vivienda porque lo que buscamos es una solución real y definitiva. No queremos terminar en la calle con lo difícil que está la situación económica. Nos cuesta un montón encontrar hoteles que nos reciban con nuestros hijos y con nuestras mascotas. Lo que hicimos durante todos estos años, aparte de emprender un viaje de lucha es también revalorizar este edificio y no trasformamos en una unidad funcional”, plantea Llanos.
De las cerca de 400 personas que viven en el complejo, 140 son menores de 18 años. Pero la Justicia no parece tener ese dato en cuenta. “El sistema judicial reivindica los derechos de la propiedad privada de Leonardo Ratuschny”, denuncia la integrante del colectivo.
“Hoy estamos en una situación de inminente desalojo y no sabemos qué día pueden venir a desalojarnos. La problemática que tenemos es que estamos enfrentando un juicio civil que está en el ámbito nacional. El juez no nos quiso decir el día que podría realizarse, así que entendemos que se va a realizar de manera sorpresiva. Por eso nos estamos organizando para resistir”, advirtió la mujer.
