El 17 de septiembre de 2019, dos maestras que volvían de una marcha en reclamo por sueldos adeudados murieron en un accidente. La noticia causó indignación y recrudeció las protestas frente a la legislatura de Chubut, que incluyeron quemas de maderas. Las llamas llegaron al edificio. Casi tres años después, quien por entonces estaba al frente de la Asociación Trabajadores de la Educación de Chubut (Atech) fue condenado por iniciar ese incendio. La pena podría ser de 3 a 10 años. Paro y repudio a un fallo visto como “criminalización de la protesta social”.

La jueza María Tolomei emitió este jueves el veredicto en el juicio realizado en Rawson y declaró como coautor del incendio a Santiago Goodman, extitular del gremio docente ATECh. Las otras acusadas, Mariana Castro y Marcela Ancaleo, fueron absueltas.

“Nos preocupa la condena a Santiago porque abre una puerta para que cualquier trabajador que protesta sea judicializado. Nos preocupa que cualquier actividad sindical y social esté puesta en la mira”, dijo Edgardo Hompanera, Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Chubut, en diálogo con Tiempo. Y recordó que en su espacio “también hemos sufrido esto y me llevaron a juicio inventando una causa judicial para apagar las protestas”.

Hompanera alertó que, durante el juicio, “declaró la policía que hacían espionaje ilegal para aporta pruebas a la causa. Eso marca una irregularidad tremenda y nos llama la atención el silencio del poder político. Todos los sectores, sin distinción de partidos, han hecho un silencio bastante raro”.

El gremialista recordó que “estuve esa noche con Santiago, había una protesta social generalizada. Entendemos que quieren mostrar a alguien y mostrar la condena social a través de los medios”.

Este viernes todos los gremios que integran los sindicatos estatales pararon y se movilizaron, en rechazo a una condena que consideran que constituye una “criminalización de la protesta social” y en reclamo por la absolución del sindicalista culpado. “Entendemos que no solo es una condena jurídica sino social, y nos preocupa no sólo lo que le pase a Santiago y su familia sino que quede un antecedente complejo para cualquier compañero que sale a la calle”, advirtió Hompanera.