Incluso en casos de Covid-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que el derecho al acompañamiento durante el parto y el contacto piel con piel con los recién nacidos debe respetarse. Sin embargo con la pandemia, los hospitales decidieron crear sus propias reglas.
“En un momento me dijeron que si iba a cesárea no iba a poder estar acompañada. Yo había escuchado que otros sanatorios estaban haciendo esto y sabía que ni la OMS ni el Ministerio lo recomendaban, sin embargo no me podía oponer a las normas de la clínica”. El relato es de Sofía (se le cambió el nombre para reservar su identidad), que parió el 17 de abril en el Sanatorio de la Mujer en Rosario.
Su historia es la de muchas otras que, en medio de la pandemia, vieron cómo las instituciones médicas en las que se atendían crearon sus propias reglas.
Las pautas sobre embarazo, parto y lactancia de la OMS para la pandemia indican que las mujeres deben ser tratadas con dignidad y respeto, acompañadas por quien deseen y ayudadas para que puedan tener contacto piel con piel con los recién nacidos, incluso si contrajeron Covid-19. La mayoría de los países latinoamericanos adoptaron protocolos similares.
Así como se insiste sobre la intensificación de la violencia para quienes conviven con sus agresores, otras formas de violencia de género también se ven amplificadas por el contexto. La violencia obstétrica es una.
“Vemos el recrudecimiento de la violencia obstétrica en la pandemia en tres aspectos: la cancelación de turnos y estudios, la restricción de acompañamiento y el aumento de inducciones y cesáreas”; cuenta Violeta Osorio, integrante de Las Casildas, una organización dedicada a la lucha contra la violencia obstétrica.
En marzo y las primeras semanas de abril, cuando se declaró el aislamiento obligatorio en Argentina, el grupo El Parto es Nuestro registró un pico de consultas de mujeres a las que las “citaban a inducción o directamente a cesárea por estar de 38 semanas de embarazo”, cuenta Margarita Goñi, miembro de la organización. “Aunque esta medida cedió con las denuncias y el paso de las semanas, se mantuvo la prohibición de acompañante”, agrega.
En cuanto a la cancelación de consultas, Osorio observa que “genera mucha angustia, porque la medicalización del embarazo lo presenta como un estado patológico, entonces sentimos que necesitamos muchos controles para garantizar que sea seguro. En el caso del acompañamiento, era uno de los derechos que más se estaba cumpliendo, y ahora se dio marcha atrás, cosa que es gravísima porque es un derecho garantizado por ley”, comenta.
Por otra parte, “se dice a las embarazadas que es mejor programar una cesárea y que sepas cuándo vas a parir a que entres en trabajo de parto en el medio de un pico (de la pandemia). Esto se contradice con la necesidad de no saturar el sistema de salud, dado que una cesárea implica más tiempo de internación e insumos”, añade.
Según cifras de 2019, Argentina tenía una tasa de cesáreas que llegaba al 60% en el sector privado y rondaba el 35% en el público. Esto coincide con el panorama regional ya que América Latina tiene el mayor porcentaje del mundo (40;5%), pese a que la OMS recomienda no exceder el 15 por ciento. Fuentes médicas y activistas señalan que esto se ha intensificado durante la pandemia. Testimonios directos de 17 mujeres en México, Ecuador, Argentina, Venezuela y Uruguay, recogidos en una investigación de openDemocracy, incluyen reportes de cesáreas, inducciones y episiotomías innecesarias o practicadas sin consentimiento.
Otros testimonios dan cuenta de cortes masivos de controles prenatales, denegación de servicios y más partos en casa, como resultado de las restricciones vinculadas a la crisis sanitaria producto del Covid-19.
Los reportes latinoamericanos se suman a tendencias globales identificadas por la investigación de openDemocracy, que constató más de 100 violaciones a las pautas de la OMS en por lo menos 45 países.
La partera y obstetra Marina Lembo menciona otro factor en el aumento de la violencia obstétrica. Se trata de “la situación de explotación y precarización del personal de salud, que no cuenta con los elementos de protección adecuados por falta de insumos. Frente a su propia desprotección, ven a las gestantes como amenazas potenciales”, dice. Así, según Lembo, “la distancia física se vuelve distancia social: se minimizan los tiempos de consulta y los métodos de control por miedo a contagios”.
Esto coincide con el relato de Sofía. “Cuando rememoré toda la experiencia del parto, noté que la mitad de las personas que habían entrado a mi habitación no tenían barbijo. Hablando con amigas, me dijeron que es porque el sanatorio no se los provee. Más que inventar medidas de precaución como prohibir los acompañantes en la cesárea deberían garantizar los elementos adecuados a sus empleados”.
“No entendés”
Julieta (también se le cambió el nombre) atestiguó estas contradicciones en el Instituto Gama de Rosario. “En la primera ecografía, la médica nos dijo que el acompañamiento quedaba a criterio del profesional y que consideraba que si éramos convivientes la lógica era que mi pareja mantuviera la distancia con ella, no conmigo, y pasara al consultorio”.
Pero cuando fue a hacerse el segundo ultrasonido, “la sala de espera estaba llena de gente, tenían cuatro puestos de recepción y sólo dos estaban ocupados en boxes contiguos. No se indicaba a los pacientes que mantuvieran distancia entre sí, y entre turno y turno no se tomaban tiempo para desinfectar los consultorios”, describe.
“Cuando llegué a la puerta, la médica me dijo que mi pareja no podía pasar. Le expliqué que en la primera había podido y me gritó, con la puerta abierta. Me decía ‘no lo hago por mí, lo hago por tu bebé. No entendés el concepto de pandemia y tenés un hijo del que te tenés que hacer cargo’. Luego de varias idas y vueltas, conmigo muy nerviosa y angustiada, logramos pasar. Sólo cambió la cobertura de la camilla y me atendió con los mismos guantes con los que había agarrado la cobertura anterior”, relata. “Cuando terminó, (la ecografista) me siguió hostigando, me decía que había una norma nacional e internacional que prohibía el ingreso de acompañantes. Cuando salí, escuché que la chica que venía después que yo le decía a su pareja ‘vos quedate acá porque no quiero que me griten’. Salí pensando que el bebé todavía no nació y ya soy mala madre”.
Julieta comenta “como no encontré la norma que prohibiera el acompañamiento, mandé un mensaje al Instituto y me dijeron que como institución ellos también se atenían a normas nacionales e internacionales. Les pedí que me las citaran y no me respondieron. Ni en los consultorios, ni en su web ni en sus redes tenían ninguna publicación sobre el tema. Ahora ya está en curso el reclamo. Pensé mucho en la chica que, por miedo a que le gritaran, no pudo ejercer sus derechos”.
Julieta es un caso poco representativo
Las integrantes del Observatorio de Violencia Obstétrica de Rosario advierten “las cifras de violencia obstétrica son inconmensurables. Por un lado, está tan naturalizada que muchas personas no registran haberla sufrido. Por otro, quienes sí lo hacen, denuncian poco”.
Violeta Osorio, de Las Casildas, subraya que “el problema de la violencia obstétrica no es ni médico ni científico, es cultural. No hay ninguna evidencia que respalde que se estén tomando estas medidas, de hecho varias son contrarias a las sugerencias de la OMS y otros organismos”. Esto refleja un problema mayor, que es considerar el rol reproductivo como sumiso y abnegado, algo tan constitutivo que prevalece sobre las leyes e impide hacer del ejercicio de la medicina una herramienta de garantía de derechos.
La emergencia a la que nos enfrenta la pandemia y el horizonte de una nueva normalidad pueden ser una oportunidad para reflexionar sobre qué camino tomaremos, si lo urgente justificará el caos o si promoveremos un nuevo tipo de coherencia social. «
Cuando las leyes no alcanzan
Venezuela, Argentina, Bolivia, Panamá, Uruguay, Ecuador y dos tercios de los estados mexicanos tienen legislación contra el “trato deshumanizado y/o la medicalización excesiva” que define la violencia obstétrica como un tipo de violencia de género que está penalizada.
Este marco de protección de derechos tiene una alta jerarquía y no puede ser reemplazado o derogado por disposiciones especiales.
En las “Medidas generales para garantizar el acompañamiento de la persona gestante o cursando el puerperio en el contexto de la pandemia Covid-19”, el Ministerio de Salud indica que, si bien es difícil garantizar el derecho absoluto al acompañamiento, “se debe establecer una política institucional que respete ese derecho de la embarazada”, tal como dispone la Ley 25.929 de parto humanizado, “teniendo en cuenta como prioridad absoluta la reducción del riesgo de contagio de Covid-19, de las mujeres, sus familias y el equipo de salud”.
Este protocolo dispone que el acompañante sea testeado y, si da negativo, se permita su ingreso. Además, el personal tiene que proporcionar instrucciones claras a los acompañantes que ingresen a las habitaciones.
Sin embargo, “pocos días después de decretada la cuarentena el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una resolución que restringe el ingreso de acompañantes en los hospitales públicos de la ciudad” de manera general e inespecífica, cuenta Lembo. Así, “su aplicación depende de criterios particulares y según qué médico o lugar te atienda, qué derecho se te respeta”, observa.
El reporteo realizado para este artículo contó con el apoyo del proyecto Tracking the Backlash de openDemocracy.
Hacia el parto respetado
El proyecto de ley que adhiere a la norma nacional de Parto Humanizado (sancionada en 2004) y establece los derechos de las madres, padres e hijos durante el proceso de alumbramiento fue aprobado esta semana por la Cámara de Diputados bonaerense.
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La Ley Nacional 25.929 determina que toda mujer tiene derecho al parto natural y respetuoso en cuanto a su tiempo biológico, evitando prácticas invasivas y el suministro de medicación sin justas causas; y a estar acompañada durante el trabajo de parto y el período de posparto.
