Su caso abrió camino para que se cambien los prejuicios, y dejen de poner al policía como culpable cuando defiende a la gente». La ministra de Seguridad Patricia Bullrich reiteró en la semana su apoyo al suboficial de la Policía local de Avellaneda, Luis Chocobar, procesado por «homicidio agravado en exceso del cumplimiento del deber» luego de dispararle por la espalda a un delincuente que había robado y apuñalado a un turista y huía corriendo. Dos días después, la funcionaria opinó distinto, también a través de Twitter, sobre la intervención de las fuerzas de seguridad en el caso del joven ejecutado de dos tiros en Nueva Pompeya por no detenerse en un control vehicular. «Decidimos la máxima pena: exoneración a los prefectos que participaron, sin informar, del episodio donde murió Christopher Rego. Y estamos junto a la Justicia para conocer toda la verdad. Firmes cuando quebrantan la ley y la confianza de la sociedad». Los límites de la «doctrina Chocobar», es decir, la clara violación de la normativa vigente, se vuelven difusos.
«Se pretende mostrar que ambas situaciones fueron distintas y por eso el Ministerio de Seguridad actuó de manera diferenciada, pero no hay que ser ingenuos. Si bien es cierto que en el caso Chocobar había un delito, también es cierto que ese delito ya había terminado, que la víctima estaba escapando y que el policía le disparó por la espalda. Por lo tanto, sigue siendo una situación de uso ilegal e irracional de la fuerza», explica Federico Efron, abogado y coordinador del área de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels).
Para el organismo, la medida de desafectar a los prefectos es presentada como una muestra de firmeza cuando, en realidad, el comportamiento de los agentes «se enmarca en los mensajes de promoción de la violencia policial que el Ministerio viene difundiendo en los últimos meses».
En la madrugada del domingo 12, Christopher, de 26 años y apodado «Bocha», se dirigía a la casa de su novia y madre de su hijo de 40 días a bordo de una camioneta Peugeot Partner, cuando lo sorprendió un control de Prefectura sobre la avenida Amancio Alcorta. Según el relato de su padre, Jorge Rego, el joven no se detuvo porque se había olvidado la documentación del vehículo. Lo que siguió después fueron los disparos contra Christopher –un tiro le perforó el cuello y otro, la espalda– y el abandono del cuerpo en la esquina de Ancaste y Monteagudo, donde la camioneta terminó incrustada en un poste de luz.
De acuerdo al video que un testigo protegido le dio al fiscal Daniel Pablovsky, dos prefectos se acercaron al vehículo, corroboraron que Christopher agonizaba en el asiento del conductor pero en lugar de llamar a una ambulancia del SAME o dar aviso al 911, juntaron los casquillos de bala de la escena y se retiraron.
Durante la indagatoria a los ocho prefectos detenidos, el único que no se negó a declarar fue el oficial Pablo Brítez, quien reconoció haber disparado contra el vehículo que conducía Rego, aunque negó que lo haya hecho con la intención de matar.
Además de Brítez, se encuentran detenidos Mariano Paredes, Rubén Viana, Javier Fernández, Gustavo Guevara Díaz, Jacqueline Acosta, Cristina López y Lucila Carrizo. A pesar de la confesión del autor de los disparos, todos seguirán detenidos. Para el fiscal Pablovsky, el resto, además de encubrir, tuvo una participación activa en el crimen al cometer «abandono de persona».
El miércoles, la familia de Christopher encabezó una marcha para reclamar justicia que partió desde la casa del joven, en Monteagudo y Los Patos, y llegó hasta La Rioja y Caseros, en pleno Parque Patricios, donde denunció que se trató de un nuevo caso de gatillo fácil en el marco de una violencia institucional creciente. También señalaron la responsabilidad de la ministra Bullrich, a quien le exigieron que «dé la cara», y las amenazas sufridas por el testigo que «vio todo». En tanto, Alejandra, la madre de Christopher, hizo crudas declaraciones en Radio Caput. «Me lo mataron como un perro».
«Código polémico
La decisión del gobierno de suspender la presentación del proyecto de ley de reforma del Código Penal que se iba a realizar el próximo martes se debió a discrepancias acerca de la despenalización del aborto.
Pero el anteproyecto presenta otros puntos polémicos. Entre ellos, la exención de responsabilidad para aquel miembro de las fuerzas de seguridad que actúe en cumplimiento del deber y haciendo uso de su arma reglamentaria, o la incorporación como delito de la conducta de quien arroje proyectiles contra otra persona en el contexto de una manifestación.
