El 20 de abril, el Hospital Garrahan cumplió 30 años. Una semana después, despidieron a uno de los directores del Consejo de Administración, Oscar Trotta, que permanecía en el cargo desde 2013. Según el Ministerio de Salud de la Nación, encabezado por Jorge Lemus, se trató de un «reemplazo», porque el mandato estaba «vencido» y que en su lugar «estará Roberto Debbag, que tiene mejor perfil que Trotta». Debbag figura en el área de Telesalud del Garrahan, pero antes fue, durante años, director para América Latina y el Caribe del fabricante multinacional de vacunas Sanofi Pasteur.

Trotta denuncia que su remoción fue por «razones políticas», por haberse opuesto a intentos de ajuste sobre el centro pediátrico más importante del país, que desarrolla más de 120 trasplantes al año. 

El hospital debería ser autárquico, pero en la práctica, Salud mira con cada vez más recelo el presupuesto del Garrahan. Relata Trotta: «El 28 de abril se me informa, sin previo aviso, que terminan mis funciones en el hospital. Tenía la designación hasta el 15 de diciembre de 2015, pero a partir de ahí fui confirmado por el secretario de Relaciones Nacionales e Internacionales, Rubén Nieto, que había sido representante de la Ciudad en el Consejo hasta 2015,y con quien teníamos diálogo ameno. Las confirmaciones fueron verbales, pero ese es un artilugio que usa el gobierno para ocultar el despido por razones políticas, porque hay algo sistemático: a todo aquel que no acompañe el plan de ajuste que intentan instalar, lo desplazan. Sea propio o extraño, como se vio en el PAMI, el Incaa y Aerolíneas, designados por ellos. O los que somos de otro signo político, como Arnaldo Medina en el hospital El Cruce, y Patricia Rosemberg, de la Maternidad Estela de Carlotto, todos quitados de sus cargos por oponerse a un achique».

–¿Qué recortes hubo en este tiempo en el Garrahan?

–El 16 de noviembre de 2016 vino el presidente Macri a inaugurar con otro nombre un programa de telemedicina que ya funcionaba en el hospital hacía cinco años, a partir del programa Argentina Conectada, con teleconferencias para la atención de pacientes a distancia, que así no debían venir hasta Capital. El paso siguiente implicaba la firma de un convenio con la empresa estatal de satélites Arsat para llegar a esas localidades que no tienen fibra óptica. A la semana de la visita de Macri, nos llega la sugerencia de los ministerios de Salud y Modernización de que dejemos sin efecto ese convenio y veamos la posibilidad de contratar los servicios de dos satélites de la multinacional francesa Thales. Se privilegiaba a un privado y encima nos salía mucho más caro. En ese momento me opuse, con mi equipo de trabajo, y la iniciativa quedó stand by. Luego, en diciembre, nos sugirieron cerrar el servicio de trasplante cardíaco (que dirige Horacio Vogelfang, un cardiocirujano muy reconocido) y meterlo dentro de la órbita de cirugía cardiovascular general. De dos servicios, hacer uno. Eso es achique. Nos dijeron: «Bueno, si la demanda aumenta, y tenemos lista de espera, también están los efectores privados como el Hospital Italiano, que hace trasplante cardíaco». El tercer hecho que desencadena mi remoción ocurrió en marzo: nos llega una misiva de Salud que nos exigía hacer un rendimiento de la ejecución presupuestaria en forma trimestral. Históricamente, el hospital recibe el presupuesto de Nación y Ciudad (hasta enero el aporte era mitad de cada uno, un decreto estableció que ahora el 80% lo aporta Nación) y lo ejecuta autárquicamente. Ellos nos exigían informar trimestralmente y dijeron que los fondos que no fuesen usados iban a ser redistribuidos en otras áreas del Ministerio. La rendición de la ejecución siempre es anual, porque tenemos muchos insumos importados y el proceso licitatorio lleva mucho más tiempo que tres meses, con lo cual iba a entorpecer el funcionamiento del hospital. Me volví a oponer, denunciando este recorte presupuestario encubierto. Y luego me desplazaron.

–¿Cómo se compone ahora el Consejo?

–Este año, al haber un 80% de aportes de Nación, pasó a tener cuatro miembros (la mitad de cada jurisdicción) y un presidente. Como presidente viene el doctor Carlos Kambourian, que fue el director del hospital de Malvinas Argentinas, con una gestión privatista bajo la intendencia de Jesús Cariglino, y que luego fue secretario de Salud de Pilar, con el intendente de Cambiemos, Nicolás Ducoté, donde propuso arancelar el hospital público de odontología. Lo que nos hace pensar que la gestión ahora va hacia una línea privatista. Y en mi lugar viene Roberto Debbag, proveniente de la industria de producción de vacunas, como es Sanofi Pasteur. El mismo ministerio admite que el perfil que buscan no es el mío, con una carrera en el sistema público. Ellos quieren perfiles de CEOs de empresas, sumado a la injerencia que tiene Mario Quintana, extitular de Farmacity.

–¿Cómo es el día a día del Garrahan? ¿Creció la demanda?

–Las políticas que desarrolla el gobierno impactan directamente en el sistema público de salud, del cual el Garrahan es parte. La pérdida del empleo hace que toda esa población tenga que requerir atención exclusivamente en el sistema público, porque pierde su prepaga o su obra social y se ve imposibilitado de comprarse la medicación. Una enfermedad banal como una gripe que no recibe la medicación a tiempo, termina en una neumonía con internación. Desde agosto del año pasado hasta abril creció la demanda casi un 20%. ¿Por qué agosto? Porque los que fueron despedidos en enero de 2016 tienen seis meses más de cobertura. Y lo que se ve son chicos que llegan en peores condiciones, porque retrasan la consulta, por el aumento de tarifas. Y suelen repetirse patologías relacionadas con la desnutrición, diarreas y alimentos de menor calidad. «