«El CONICET decidió darles prioridad a los investigadores más útiles para el país», tituló Clarín el viernes. La línea editorial del diario refleja el discurso de las autoridades científicas del país, el ministro Lino Barañao y el presidente del CONICET, Alejandro Ceccato, quienes «naturalizaron» el recorte de ingresos a la Carrera de Investigador (serán 450 en 2018, en consonancia con el ajuste del mínimo histórico que impusieron para este año), y desviaron la discusión cuantitativa a una cualitativa: «el 50% irá a áreas útiles». Hablaron de «cambio cultural» e hicieron foco en agroindustria, energía, salud, y ambiente. Ciencias que sirven más que otras.
Entre las afectadas figuran las ciencias sociales, que tuvieron dos representantes en los Premios Houssay de 2016, cuando los nueve ganadores de todas las áreas le pidieron al gobierno que diera marcha atrás con los recortes en Ciencia. Uno de ellos fue Ezequiel Adamovsky, licenciado en Historia por la UBA, Doctor por la University College London. Investigador del CONICET, sus temas de estudio van desde las identidades étnicas y de clase hasta la clase media y la política, el peronismo y el concepto de «republicanismo». En diálogo con Tiempo, mencionó dos temas combinados en el recorte a la ciencia: uno es el presupuestario y el otro es la orientación de la política científica.
«Es bastante evidente que partimos de la promesa de campaña de llevar el presupuesto para ciencia y técnica al 1,5% del PBI y lo que sucedió es lo contrario. El problema estaba directamente relacionado con la cuestión presupuestaria y no con un cambio en la orientación de la política científica. Eso es un tema que no está sincerado, el gobierno sigue diciendo que ese no es el problema y desviando la discusión al tema de la orientación de la política científica y las prioridades.» Adamovsky, profesor en la UBA y en la UnSam, agrega que «hay una visión muy evidente de este gobierno, que es enfocar la inversión estatal en ciencia hacia lo que ellos llaman ‘áreas útiles’, que están definidas prioritariamente como aquellas que contribuyen a las necesidades de las empresas. El día de la entrega de los premios Houssay, antes tuvimos reunión en el Ministerio, y quien la encabezó nos dijo explícitamente que el objetivo era que cada investigador se convirtiera en un emprendedor. Para los que hacemos ciencias humanísticas es imposible esa visión, no tenemos ningún lugar en la política científica, pero además es un absurdo suponer que hay una ciencia aplicada que pueda existir sin ciencia básica. Hay una intención bastante explícita de parte de Barañao y el gobierno de profundizar la orientación del CONICET hacia las necesidades económicas directas de las empresas: retirar recursos no solo de disciplinas humanísticas y sociales sino también de ciencia básica».
¿Hay prejuicios a estas ciencias o en realidad «molestan»?
Está claro que no valorizan capital. Pero también hay algo de la función que nos hemos dado desde las ciencias sociales y humanidades, que es generar un conocimiento crítico acerca de la realidad, que va a contrapelo de la filosofía de este gobierno que ha dicho explícitamente, con voceros como Peña y Rozichtner, que el pensamiento crítico es un error que debe evitarse, que debe apuntarse al optimismo, a la positividad. En ese sentido, naturalmente las disciplinas humanísticas y las ciencias sociales molestan, y mucho. No es casual que haya habido un ataque tan artero hacia las ciencias humanas en las redes sociales durante los tiempos del conflicto, por gente de conocidas simpatías macristas. Buscaban ridiculizarlas, para desacreditar socialmente su lugar de importancia. Hay otras necesidades sociales que no son las de las empresas, a las que el conocimiento científico está llamado a atenderlas.
¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, si la ciencia debiera orientarse únicamente a la necesidad de valorización de capital de las empresas, tendríamos que seguir como hace de hecho muy firmemente el Ministerio de Ciencia y el CONICET financiando la producción de un tipo de producto de agroquímicos para aumentar los rendimientos de las empresas y expandir su utilización; y desatender todas aquellas investigaciones que tanto en ciencias duras como en humanas y sociales están advirtiendo sobre los efectos negativos en la vida social de la proliferación del uso de agroquímicos (aumento de casos de cáncer, despoblación del campo), a veces teniendo que enfrentar a la jerarquía del ministerio, como le sucedió a Andrés Carrasco. Estas investigaciones desaparecerían. Algo que viene de la gestión anterior, con el ministro.
Desde tus estudios, ¿cómo ves el actual panorama político?
Estoy muy preocupado con la orientación de las políticas públicas. Hay una tendencia, sobre todo entre progresistas, a descalificar al gobierno como «gente tonta» o «no preparada». Creo que es una percepción equivocada y peligrosa. Ellos saben exactamente hacia dónde quieren llevar el país y lo que más me preocupa es la visión de lo que este gobierno llama «cambio cultural». Macri desde la campaña viene diciendo que ese es el cambio que quieren dar, y hay que tomarlo con toda la seriedad del caso, porque ese es el núcleo de este gobierno: llevar a la sociedad a un tipo de valores donde predomine una cultura de emprendedurismo, más individual, orientada hacia el éxito, la felicidad económica y personal. Una meritocracia mal entendida, porque finalmente basta mirar los perfiles de los principales funcionarios para ver que no son gente que se hizo de trabajo o por mérito propio. Son más bien herederos. Tratan de debilitar un rasgo distintivo de la cultura general política argentina relacionada a valores más bien progresistas y de lazos de solidaridad social fuertes e intensos, y de una mirada de sospecha respecto del mundo de los ricos y empresarios. Esto es lo que está queriendo cambiar este gobierno, y me preocupa más eso, por sus consecuencias a largo plazo, que las medidas económicas que se toman, que ya son evidentemente muy nocivas. «