“Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con el fin de solicitarle tenga a bien otorgarnos una reunión, a los efectos de poder conocer los resultados del Informe sobre la legalidad de los procesos que derivaron en la disposición, cesión, enajenación, transferencia, desafectación, asignación en uso o dación en pago, de inmuebles del Estado Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, comienza una carta dirigida al jefe de Ministros de la Nación, Juan Manzur, redactada por varias organizaciones, agrupaciones y referentes vecinales, interesados en conocer los resultados del relevamiento que, entre otros puntos, determinará la legalidad o no de la entrega de tierras del Estado que Mauricio Macri realizó durante su presidencia, al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.
Las agrupaciones que firman la misiva integran la Red Tierras Verdes Ferroviarias, un conglomerado de diferentes espacios que impulsan la creación de parques públicos en las playas ferroviarias y bajoviaductos de Buenos Aires, para preservar el patrimonio común y mejorar la calidad de vida. Le solicitan al Jefe de gabinete que haga públicos los resultados de la Auditoría que realizó la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), por orden del Presidente Alberto Fernández, a través del Decreto 149/20 firmado el 14 de febrero de 2020.
En especial, quieren conocer la visión y proyección que tiene sobre el destino de las ex playas ferroviarias ubicadas en los barrios porteños de Caballito, Colegiales, Liniers, Palermo y Villa Urquiza. “Tenían 60 días para realizar esa auditoría y publicarla, pero justo vino la pandemia y todo eso se retrasó mucho tiempo. Pero ya no hay más excusas, ahora los ciudadanos y ciudadanas necesitamos saber el contenido de esa auditoría”, destaca en diálogo con Tiempo Adriana Fernández, referente de “Colegiales Participa y Decide” que integra la Red de Tierras Verdes Ferroviarias. Éste espacio, presentó el 17 de marzo de 2021, cinco proyectos de ley ante la Legislatura Porteña, con el fin de derogar diversas leyes sancionadas en los últimos años que fijaron la transferencia de tierras públicas, su urbanización y consiguiente privatización. “Queremos que este informe de la AABE, que depende directamente de la cartera que dirige Manzur, publique en todos los medios y en los diferentes organismos públicos su resultado, como lo estipula la Ley 104 de acceso a la información pública”, agrega Fernández.
Iniciativas presentadas
La red Tierras Ferroviarias Verdes, nació a finales de 2020 para defender las tierras públicas, enfrentar la especulación inmobiliaria y luchar por ampliar los espacios verdes públicos. Una de las iniciativas presentadas en marzo de éste año, plantea la derogación de la Ley N° 4477, sancionada en 2012, que preveía la urbanización de las playas ferroviarias de los barrios porteños de Caballito, Palermo y Liniers, para transformarlos en los barrios Nuevo Caballito, Nuevo Palermo I, Nuevo Palermo II y Nuevo Liniers. La derogación de dicha Ley, permitirá preservar de la especulación el espacio verde que hoy existe en los galpones donde el club Ferro Carril Oeste realiza diferentes actividades sociales, para reconvertirlos en espacios culturales..
Otro de los proyectos presentados, establece la derogación de la Ley N° 5875, sancionada en 2017, que anula un convenio entre el gobierno porteño y la AABE a través del cual fueron cedidas a la Ciudad unas siete hectáreas de la playa de maniobras de Colegiales para su urbanización. Son un total de nueve lotes de tierras, de los cuales cuatro ya fueron comprados por la empresa Sancor Seguros y otro por EMFISA, y los restantes fueron entregados por Macri a la Ciudad días antes de dejar el gobierno nacional. Otra de las iniciativas propone la derogación de la Ley N° 5911, de 2017, que cedió para su urbanización los terrenos de las playas ferroviarias de Palermo Chico, Villa Urquiza y Retiro. Los dos últimos proyectos se relacionan con las denominadas “Áreas Bajoviaductos Ferroviarios”, que busca anular el uso comercial de los espacios libres tras la elevación de las vías para sumar “equipamiento público comunitario y espacios verdes”. Al mismo tiempo, prohíbe la concesión, cesión, transferencia de dominio, tenencia precaria o permiso de uso de estos espacios, y fija la intervención de las Juntas Comunales y entidades vecinales en la distribución de los usos comunitarios establecidos.
Las organizaciones que impulsan estas propuestas consideran que los espacios verdes públicos porteños no cubren las necesidades de salud física y mental de la población, y que es necesario ampliarlos y preservar el patrimonio común para mejorar la calidad ambiental. “Por otra parte, la urgencia de la adaptación al cambio climático y el contribuir a frenar la pérdida de la biodiversidad otorga a estas tierras ferroviarias un ecosistémico rol esencial. Por todo esto, es de vital importancia frenar el saqueo de las tierras públicas ferroviarias”, señala la Red en un comunicado.
