La falta de viviendas en la Ciudad de Buenos Aires para los sectores más postergados no es algo nuevo. Esto ocurre porque el organismo responsable de llevar adelante la política habitacional en el distrito porteño está carente de iniciativas. Durante los 14 años que lleva como gobierno el PRO en el distrito, no hubo un plan sostenido de construcción de viviendas para que puedan acceder las clases medias y bajas. A contramano del Procrear que este martes en un acto que contó con la presencia de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en la Isla Maciel, donde entregaron la vivienda 20 mil, en el marco de la construcción de otras 35.329 que realiza el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación; el IVC está prácticamente sin funciones y viene postergando varias iniciativas que quedaron solo en promesas.
El ejemplo más claro es el incumplimiento del convenio en la liberación del Camino de Sirga a la altura de las villas 21-24 y 26: de un total de 2.527 familias que viven en la zona más contaminada de la Ciudad, hay un total de 1029 que aún no fueron relocalizadas. Incluso cientos de personas que el IVC trasladó desde el asentamiento Luján hacia un edificio ubicado en Villa Soldati hace más de 10 años, aún carecen de las condiciones mínimas de seguridad y acceso a servicios elementales como el gas natural.
Datos oficiales del gobierno porteño certifican que, en 2019, el IVC registró 138.328 viviendas ociosas. En ese sentido tampoco llevó adelante iniciativas para recuperar esas viviendas y hacerlas accesibles para las más de 300.000 personas que viven en villas, o garantizar el acceso a las casi 8.000 que están en situación de calle. Pese a estas cifras preocupantes, el oficialismo porteño se concentra en proyectos de lujo como los barrios privados de IRSA en Costanera Sur, y el avance sobre Costa Salguero para construir un barrio VIP de espaldas a vecinos y vecinas de la Ciudad. Para visibilizar la problemática, este jueves a las 14, la izquierda realizará una movilización al Instituto de la Vivienda ubicado en Dr. Enrique Finochietto 435. “El objetivo es denunciar la orientación política del gobierno porteño que sigue garantizando los negocios inmobiliarios y la especulación y no el derecho a una vivienda digna como estipula la Constitución de la ciudad en su artículo 31”, introduce en diálogo con Tiempo Celeste Fierro, candidata a primera diputada nacional por la Ciudad, dentro del FIT-MST, y agrega “el IVC tiene la responsabilidad, por ejemplo, de impulsar la integración socio-urbana, de ofrecer líneas de créditos hipotecarios, ampliar las alternativas para alquilar; nosotros decimos con claridad que son irresponsables de eso porque no han avanzado en lo que plantean. Por ejemplo, en la necesidad de urbanizar las villas que están frenadas las obras hace casi 10 años en el barrio de La Boca, en el asentamiento de La Madrid, donde el viernes también vamos a estar charlando con vecinas y vecinos”.
La referente nacional del MST, asegura que desde el Gobierno nacional, tampoco encaran un plan masivo de viviendas, “del presupuesto nacional 2021 apenas un 0.34% se destina a construcción, cuando se habla que hay más de tres millones de familias en esta situación crítica en relación a sus condiciones y el acceso a una vivienda digna”.
La situación habitacional en el distrito porteño se complejiza con el aumento de los alquileres que, en lo que va del 2021, alquilar un dos ambientes aumentó un 64.2%. “Necesitamos una ley de alquiler social con garantía y subsidio estatal, y aumentar el ABL a las viviendas ociosas para volcarlas al mercado de alquileres y así bajar los precios. Junto a un plan de construcción y créditos hipotecarios a tasa cero, que resolvería el déficit de vivienda”, cierra Fierro
El IVC ¿un organismo fantasma?
Otro de los objetivos del Instituto de la Vivienda es mejorar la calidad de vida de los porteños en los diferentes barrios, ítem que tampoco concretó en todos estos años. Los ejemplos son varios, pero la carencia de políticas habitacionales desembocan mayormente en los barrios más vulnerados. Hace dos años, la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, convocó a una Mesa de Trabajo por el riesgo eléctrico en la Villa 21-24, en el marco de la resolución judicial que obligó al jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, a instalar un servicio eléctrico adecuado para los vecinos del barrio. En esa audiencia participaron el Defensor de Cámara, Fernando Lodeiro; el letrado de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); la Comisión Directiva de la Junta Vecinal del barrio; el Asesor Tutelar, Gustavo Moreno; el Fiscal, Juan Octavio Gauna; y representantes de la Procuración General de la Ciudad, el Instituto de la Vivienda (IVC), la Unidad de Gestión e Intervención Social del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano (UGIS) y la empresa EDESUR. El IVC se comprometió a gestionar esas obras junto a las empresas privadas. Obras que todavía están inconclusas.
