El juez federal Ariel Lijo ordenó una serie de medidas de prueba en la causa en la que se investiga una supuesta maniobra entre el gobierno de Cambiemos y dos jueces de la Corte Suprema para permitir que Elena Highton de Nolasco continuara en ese tribunal después de superar el límite etario de los 75 años. Lijo hizo lugar a las medidas pedidas por el fiscal Carlos Stornell, en la causa iniciada a raíz de la presentación de la Asociación Civil por la Exigibilidad de los Derechos Sociales, encabezada por los abogados Federico Méndez y Pablo Llopart.

La Asociación, a su vez, amplió los términos de la denuncia y aportó nuevas pruebas, entre ellas declaraciones del ex presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal Jorge Rizzo y del abogado Lucas Prieto Schorr en un canal de Youtube. A Rizzo se le atribuye haber declarado públicamente que la decisión del gobierno de Cambiemos de consentir el fallo que posibilitó la continuidad de Highton de Nolasco “sirvió a modo de retribución».

Prieto Schorr, en cambio, dijo en un programa de TV emitido por Youtube que “Highton le habría comunicado al Ministerio de Justicia en forma directa que iba a continuar en el cargo y que a raíz de ello desde dicho ministerio se consultó al jefe de la bancada opositora en el senado, Miguel Ángel Pichetto, quien habría manifestado expresamente que el pliego de Highton no sería aprobado en el Congreso”.

La Asociación aportó, además, un informe del Ministerio de Justicia “del cual surge que el día 14 de febrero de 2017 el entonces Secretario de Justicia Dr. Santiago Otamendi remitió al Director General de Asuntos Jurídicos -Dr. Horacio Diez- una nota en la cual se lo autorizaba a ‘consentir el fallo’ dictado” para la continuidad de Highton. Ello, “invocando simplemente los términos de dicha sentencia de grado ‘en aras de evitar un dispendio jurisdiccional innecesario».

Entre las medidas de prueba que ordenó el juez Lijo, a instancias de Stornelli, figuran recabar los antecedentes de un pedido de juicio político contra Highton presentado por la ex diputada nacional y hoy titular del INADI Victoria Donda, y un informe del Ministerio de Justicia sobre “la totalidad de los expedientes en los que haya intervenido o hubiera sido notificado, en el marco de amparos u otras acciones interpuestas por Jueces respecto de la temática (de continuidad más allá del límite de edad), con indicación del temperamento adoptado en cada caso”.

Además, reclamó tomar conocimiento del expediente por el cual Highton obtuvo el aval para seguir siendo jueza y de todos los antecedentes del Fallo Schiffrin de la Corte, para corroborar el contenido de la denuncia de la Asociación Civil.

En la causa aparecen imputados el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz; su vice, Elena Highton de Nolasco; el ex presidente Mauricio Macri y su ex ministro de Justicia, Germán Garavano. La denuncia apunta al “presunto desarrollo de maniobras ilícitas supuestamente organizadas, con el propósito de prorrogar la designación de Highton de Nolasco como Magistrada de la Corte Suprema”.