El gobierno nacional continúa con sus ataques a las condiciones de trabajo de los empleados de los medios públicos de comunicación. Dos semanas atrás, los trabajadores de la TV Pública denunciaron la persecución ideológica impulsada por las autoridades del canal. Iniciaron sumarios a miembros del noticiero a los que acusaron de dar versiones tergiversadas de la situación en Venezuela. En rigor, se trataba de posicionamientos diferentes del que pregona el gobierno nacional.
Los sumarios no avanzaron tras el escándalo, del que se hicieron eco hasta los intelectuales y periodistas cercanos con el oficialismo.
La semana pasada, en tanto, las operaciones del gobierno en la justicia laboral derivaron en un nuevo giro en la causa que se desarrolla en ese fuero por los 357 despidos en la agencia estatal de noticias Télam.
Por tercera vez, la sala V de la Cámara Nacional del Trabajo se excusó de tomar las apelaciones de la empresa contra los fallos de primera instancia que reinstaló a los despedidos. Así, los nueve expedientes que contienen 153 casos se desparramaron por varias salas. Esto forma parte de la estrategia del gobierno, que espera que esas salas acepten las apelaciones. Los trabajadores de Télam advirtieron contra esta maniobra y anunciaron una serie de movilizaciones. «