Israel Alegre y Valentín Suárez son dirigentes qom de comunidades que habitan en territorio formoseño. Vinieron a Buenos Aires a presentar el documental Chaco, que denuncia la represión sistemática contra su pueblo desde los inicios de la creación del Estado argentino hasta la actualidad. Ambos relataron a Tiempo los atropellos y las condiciones en que viven. Lo hicieron acompañados de Ignacio Ragone, uno de los directores del documental que se puede ver en el cine Gaumont. Pero no fue el film el centro de la charla, aunque muchos de los temas de los que se habló allí se narran. Israel es el más locuaz, vive en el barrio periurbano Namqom, a 10 kilómetros de Formosa, dentro del ejido municipal de la capital, fue designado por los chamanes de su pueblo como delegado en busca de justicia por la masiva represión que sufrió su comunidad en 2002, también es presidente de la organización QoPiWiNi, que identifica a los pueblos Qom, Pilaga, Wichi y Nivaclé. Valentín, por su parte, vive en una comunidad a 300 kilómetros de la capital formoseña, es cazador, docente y cacique de ocho comunidades. En su moto, recorre el territorio aconsejando a sus hermanos ante el avance de la usurpación criolla. Sólo en Formosa existen 36 comunidades qom.
Ambos dirigentes apuntan y abordan una serie de temas prioritarios, el derecho al territorio y a la tierra, de la que son sistemáticamente expulsados, el derecho a la educación intercultural, el derecho a un medio ambiente no contaminado, la eliminación de las personerías jurídicas de las comunidades para que no puedan reclamar su territorio, el derecho a la identidad. Este último se vuelve especialmente dramático en el caso de los Nivaclé. Relatan que este pueblo vive en Argentina (son 15 comunidades en los departamentos Ramón Lista, Bermejo y Patiño de la provincia de Formosa) y en Paraguay, pero ninguno de los dos estados los reconoce y les niegan hasta el DNI. Aún en 2019, los nivaclé, habitantes inmemoriales de la región, son tratados como parias en la tierra en la que han nacido. “En Argentina, sin documento, no existís”, sintetiza Israel, y explica: “A los nivaclé que pueden estudiar, no se les entrega título; si tienen que atenderse en un hospital, deben pedir prestado un documento, tampoco tienen derecho a ayuda social. Es el abandono total”.
IA: –Los nivaclé son miembros fundadores de QoPiWiNi a pesar de que les sigan negando el derecho fundamental de tener el DNI. Somos una organización de hecho que funciona a través de nuestra espiritualidad, para mantener viva una lucha genuina, por ejemplo, para que nuestros hermanos tengan el derecho a la identidad. Aunque tengamos diferente lengua, como indígena, son mis hermanos.
VS: –La provincia de Formosa reconoce a través de la ley 426 solo tres pueblos, los qom, los wichi y los pilagá y no reconoce al pueblo nivaclé. El Estado no los reconoce para no darles ni los territorios ni beneficios sociales. Porque sin DNI tampoco tienen derecho a la tierra.
–¿Ustedes han hecho el reclamo ante el gobierno?
IA: –Sí, nos hemos reunidos varias veces, pero no hay voluntad política. Entonces lo que vemos nosotros es que nos siguen considerando salvajes, como nos consideraban en la época de la Campaña al Desierto Verde, en los que fuimos trofeos de guerra. Pero no somos salvajes, somos seres humanos. ¿Por qué no reglamentan la palabra preexistencia? Porque nos siguen negando el derecho, si lo hicieran, el Estado se vería obligado a reconocer la propiedad comunitaria territorial para que los pueblos indígenas puedan recuperar sus territorios ancestrales. En el caso de Santo Domingo, está un cementerio ancestral, pero ¿qué documento tiene el indígena? Solo la existencia del cementerio.
–La Ley de emergencia territorial indígena 26.160, de 2006, fue prorrogada en 2017, ¿se está haciendo algo con esa herramienta?
IA: –El problema es que el organismo de aplicación nunca cumplió su objetivo, desde el 2006 hasta ahora. El tema indígena se sigue postergando, no hay una inclusión. Se creó una institución a nombre de nuestros pueblos, pero son otros lo que están comiendo a nombre nuestro. La ley 23.302, que fue sancionada en el año 1989, trata de la adjudicación de las tierras, de los planes de educación y de los planes de salud es obsoleta. Ahí se crea el INAI. A nosotros nos obligaron a vivir de la mendicidad a través de obligarnos a pedir ayuda social. Entonces, cuando presentamos las notas a los organismos, algunos funcionarios se sienten solidarios, pero lo que no nos dimos cuenta es que ahí nos sometían a la mendicidad. Ahí empiezan con eso de que “los indios no quieren trabajar”. Nosotros no estamos pidiendo trabajo al Estado, no es que queremos que nos pague el INAI, estamos exigiendo que se cumplan nuestros derechos. Aparte, lo maneja gente que no es indígena. Entonces hay que plantear la necesidad de un ente autónomo y autárquico manejado por los propios indígenas. El INAI depende de la Secretaría de Derechos Humanos, pero nuestros derechos humanos se violan sistemáticamente, porque no existe voluntad política del Estado, ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial. El tema del territorio no se está tratando. La 26.160 te hace la demarcación pero no te da el título. Se da la paradoja que el Estado que hace los atropellos y que los avala nos tiene que proteger.
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Valentín Suarez vive en la comunidad de Riacho de Oro (Da’añaalec Lachiugue). Cuando se presentó, puntualizó: “La mía es una representación genuina, fui designado por la asamblea, no por de un decreto”. No es menor el dato, ya que lo acompaña con la información de que “en la provincia de Formosa se está eliminando los números de las personerías jurídicas de las comunidades”.
–¿Cómo hacen eso?
VS: –La provincia ha creado un Registro de Comunidades Aborígenes de Formosa (RECAF), donde se incluye a las comunidades e inmediatamente pierden la personería. Esto es inconstitucional, porque a través de ese número es que a las comunidades se les ceden las tierras. Entonces, las tierras vuelven al Estado, y es así como nos están robando las tierras, que después las venden con las comunidades dentro. Lo preocupante es que se está tratando de eliminar la figura de las comunidades como querellantes o demandantes ante la Justicia, porque cuando sacan la personería, las demandas pasan a ser individuales. Pero nuestros derechos son comunitarios. En la provincia de Formosa hay hermanos que todos los días sufren amenaza de desalojo por conflictos con criollos. El Estado tiene conocimiento, el Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA) de la provincia también, pero no hacen nada. El gobierno provincial está haciendo esto pese a que el INAI no lo ha aceptado. Este tema está en la Corte Suprema de Justicia.
IA: –Es el tema de la tierra. En todo el territorio del Gran Chaco hay agua dulce, lagunas, ríos, agua subterránea, pero también en el oeste de la provincia, donde viven los wichi y nivaclé, hay pozos petroleros. Por eso tenemos que denunciar la política del gobierno formoseño que apunta a eliminar las personerías para expropiar las tierras a las comunidades y avanzar con la explotación del petróleo.
–Cerca de su barrio, Israel, se ha construido una planta de enriquecimiento de uranio, ustedes recurieron a la justicia por ese tema.
IA: –Dioxitec es una planta de enriquecimiento de uranio que está a cuatro kilómetros de mi comunidad, la levantaron sin consulta y el tema también está en la Corte Suprema de Justicia. Esta planta está junto al río Formosa que desemboca en el Paraguay, es decir que cuando empiece a trabajar, no sólo va a contaminar, sino que va a tener un impacto social. Esta planta sintetiza y compacta el uranio para trasaladarlo a las centrales atómicas (Atucha I y II), pero también lo usan para el fracking. Pero todo eso deja un residuo, un polvillo que come el ganado y, luego, las personas, además el viento lo arrastra y traslada de un lugar a otro. Y con el viento sur, lo lleva al río Formosa, que da al Paraguay, que es la boca de agua para Corrientes, Resistencia, y finalmente al Río de la Plata. No será inmediato, pero esa contaminación va a llegar acá. El problema también está en que las comunidades no conocen que es material radioactivo, entonces el gobierno vende la mentira que va a beneficiar, porque van a necesitar mano de obra. Pero cuando entrevistaron al ministro, este dijo que los empleados tienen que ser calificados, es decir, que no será trabajo para nosotros. A mí me eligieron en asamblea para llevar adelante esta lucha, por eso estamos ante la Justicia y tratado de que los medios nos escuchen. El tema es que la Corte cuando se trata de indígenas no se calienta y la planta comienza a funcionar a fin de este año.
–¿Hay instancias de diálogo con el gobierno?
VS: –Articulamos con muchas comunidades para hacer reclamos ante el gobierno y ante el instituto (INAI) por los problemas de las tierras, pero nunca nos dan curso. Hay comunidades que están al borde del conflicto cuerpo a cuerpo porque pierden la esperanza de que los que tienen que venir a regularizar la situación no aparecen. Están pasando atropellos muy terribles, con muertes indirectas. Más nos persiguen a nosotros, que lideramos esta causa, a través de los servicios de inteligencia, la policía. Así como se ve en el documental (En Chaco, se ve que mientras entrevistan a Israel Alegre en su casa, aparece un patrullero, exigiendo a los miembros del equipo de filmación que se identifiquen y cuenten por qué están allí). En la comunidad 503, un hermano líder que se llama Carlos López, fue atacado por varios criollos en 2013 y trataron de ahogarlo mientras pescaba. Sobrevivió, hicimos la denuncia pero no se le da curso.
–¿Cómo definirían su relación con el territorio?
IA: –El territorio es la vida misma, ahí pescamos, cazamos, tenemos nuestra medicina, nosotros no alambramos. Para nosotros es el lugar del poder espiritual, ahí viven los espíritus. Por eso al sacarnos de las tierras, se produce la desculturización. Pero incluso la vida no es la misma para los que nos quedamos en el territorio, porque nos alambraron y pusieron el cartel de propiedad privada y, entonces, corremos el riesgo de que nos baleen. Ahora uno tiene que estar escondiéndose de la gente. Incluso en la ruta tenemos miedo de la policía.
Ignacio Ragone rodó, junto con Ulises de la Orden y Juan Fernández Gebaue, el documental Chaco, allí se cuenta que, en 2002, el territorio donde los habitantes de la comunidad Namqom, donde vive Israel Alegre, cazaban para alimentarse pasó a manos privadas, un día que salieron de caza la policía les tendió una emboscada, al día siguiente realizaron una razzia violenta, detuvieron de forma arbitraria a más de 90 personas, incluyendo niñas y niños, los golpearon y torturaron. Muchos resultaron con importantes secuelas físicas y psicológicas. “El proceso de exterminio que se inició con la llegada del hombre blanco continúa, pero cambió el mecanismo, ahora pasa por no acceder a los derechos y por los vericuetos legales que te marean para siempre. Esto puede seguir 50 años más”, dice Ragone, que lleva junto con sus compañeros mucho tiempo investigando y acompañando a algunas de estas comunidades.
VS: –En 1976, enajenaron tres cuartas partes del terreno por orden del gobierno de facto del territorio de mi comunidad. En ese momento, migró más de la mitad de las familias. Y no termina ahí, a pesar de que somos 400 habitantes, apenas tenemos 513 hectáreas para vivir, criar ganado mayor y menor y cultivar. No basta con esa cantidad de tierra. La preocupación nuestra es que cada vez nos dejan con menos tierra y lo que pedimos es que la sociedad y el Estado tomen conciencia de esto. Basta de reducir tierras.
IA: –El tema es que al sacarnos el territorio, nos sacan la dignidad, porque para no ir tras la bolsa de comida, tengo que ir al monte a conseguir mi alimento, como siempre hemos hecho, pero nos sacan el territorio. Lo que dice Valentín es así, es difícil verlo a él en su casa, porque está arando. Y eso a los políticos no les conviene, sacan provecho de manejar a la gente con la bolsita de comida. Pero no es solamente a nosotros, a la ciudadanía argentina que no tiene trabajo la someten a lo mismo.
–¿Por dónde está la salida?
IA: –Estamos en un callejón sin salida. Estamos pegando el grito a nuestros conciudadanos argentinos para que nos den un poco de luz a nuestro reclamo. A mi hija, sólo por ser mi hija, no le dieron la beca para terminar la secundaria. Igual la terminó. Pero hay mucha discriminación y persecución.
VS: –Nosotros no hablamos por hablar. Hemos hecho pedidos a la justicia, pedidos de relevamiento al INAI, pero nuestros reclamos caen en el vacío. Todo lo que tenemos, por poco que sea, es producto de la lucha.
IA: –Es así, uno no busca para tener un beneficio personal. A mí me designaron para pelear por mi comunidad, tengo que seguir fielmente ese mandato, aunque no esté escrito. El gobierno no me reconoce como dirigente indígena. A mí no me interesa lo que piensen ellos, me interesa mi comunidad. Si tengo un reconocimiento, es porque lo conseguí a lo largo del tiempo, si meto la pata, lo perderé, pero será mi culpa, no de la comunidad. Valentín también fue elegido y es reconocido por su comunidad como cacique. Pero el gobierno no lo acepta.
VS: –Es triste que no se responda a nuestras demandas, porque todos los conflicto que aquejan a nuestras comunidades se solucionan a través del diálogo. Y nosotros siempre hemos cumplido, pero el Estado no responde, por eso muchas veces las comunidades tienen que llegar a una medida como cortar rutas, y eso es triste porque no tenemos esa costumbre, nos han empujado. Si hubiera voluntad política, no se llegaría a esta situación en la que hay comunidades sin agua potable, sin centro de salud, sin un enfermero. En muchas oportunidades, hemos pedido audiencia con el gobernador, pero nunca se concreta. Muchas veces desde el ICA (Instituto de Comunidades Aborígenes) hacen convenios con el INAI y no hacen las consultas con las comunidades.
IA: –Nosotros le pedimos al Estado que nos escuche, como dirigente genuinos que somos. Aunque hay organizaciones que se ocupan del tema indígena, no alcanza, eso nos empuja a que tengamos que salir a decir las cosas como son en realidad, qué está pasando con nosotros, los indígenas.
