Graciela Firpo es, al mismo tiempo, maestra y directora de la Escuela N° 48 «Rosa Pagano de Siri», en el Paraje La Carlota, partido de Chivilcoy. De lunes a viernes, y también algún que otro fin de semana, recorre 23 kilómetros en auto para cumplirle a los siete alumnos de ese establecimiento rural, entre los que se cuenta su propio hijo, de siete años. Durante esos viajes se volvió un hábito triste levantar las ventanillas al escuchar los motores cruzando el cielo. “Vemos a las avionetas pasar y nos tenemos que encerrar. Lo mismo pasa en la escuela porque fumigan en horario escolar. Los chicos tienen problemas respiratorios, dolores de cabeza, llegan descompuestos. Esto afecta la salud de todos”, dice.

Como docente, Firpo –45 años, cuatro hijos, sólo un esposo como le gusta aclarar– dice que «tiene la obligación moral de defender a sus alumnos» y por eso, a través de una abogada, presentó un amparo solicitando la nulidad de la Resolución 246/18 del Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, que habilitó la fumigación con agroquímicos sin respetar ninguna distancia respecto de centros urbanos, escuelas rurales y cursos de agua.

“El 16 de enero –recuerda– leí un artículo en un diario que decía que se había aprobado esa Resolución. Pensé: ‘Dios mío, estamos totalmente desamparados’. Pero enseguida me puse en contacto con mis compañeras de otras escuelas rurales y les dije que teníamos que hacer algo porque estamos a merced de gente que nos quiere envenenar.”

En su edición del último 23 de diciembre, Tiempo informó sobre la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución por la cual el ministro de Agroindustria bonaerense y ex gerente de Monsanto, Leonardo Sarquís, autorizaba la fumigación con agroquímicos «en los lotes contiguos al área urbana, zona residencial extraurbana, área de población dispersa, márgenes de cursos o cuerpos de agua, zonas de bombeo, establecimientos educativos, áreas de esparcimiento y reservas naturales que comprenderán la zona de amortiguamiento».

El “interés común de los habitantes de la Nación” o, apenas, algo de pudor por parte del gobierno de María Eugenia Vidal, está expresado en el artículo 5 de la Resolución: “La aplicación de fitosanitarios dentro de la zona de amortiguamiento contigua a establecimientos educativos, cualquiera sea la modalidad de aplicación, deberá efectuarse fuera del horario escolar”.

“Yo les he pedido a los dueños de los campos que por favor fumigaran durante la noche, pero ellos lo quieren hacer a las cinco de la tarde, que es el horario en el que salen los chicos. Hasta que nos acomodamos se hacen las cinco y cuarto, y el veneno los agarra en el camino. Es una locura”, se queja Firpo.

Para la abogada y ex candidata a senadora Florencia Casamiquela, que patrocina a la directora, la Resolución “vulnera disposiciones de orden constitucional y la prohibición de fumigar a menos de 1000 metros cuando se fumigue por tierra y a menos de 2000 metros cuando se fumigue por vía aérea”.

“La Resolución –continúa– permite la fumigación de escuelas rurales y centros urbanos, poniendo en jaque la vida y la salud de las personas. La impugnamos porque representa un peligro para la salubridad pública, y por eso solicitamos que se disponga su nulidad e inconstitucionalidad. Debe respetarse una distancia mínima, como sostiene la Suprema Corte, para evitar la contaminación de niños, adultos y población en general. La responsabilidad política es del ministro Sarquís, que era empleado de Monsanto antes de arribar a la función pública. Y también, por supuesto, de la gobernadora Vidal que lo permite.”

Firpo dice que “pegado” a la escuela hay un campo donde se fumiga a discreción. No exagera la cercanía. “Cuando los chicos juegan y se les va la pelota, cruzan al campo para buscarla. Tiemblo al pensar que están pisando tierra envenenada.”

La realidad, sin embargo, no alcanza para estropear su esperanza. “Espero que la justicia actúe, porque hay otras formas de cultivar que no afectan a la salud de los alumnos. Si todos nos unimos, creo que esto se puede frenar. Las escuelas debemos accionar porque los chicos son lo primero.” «


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Traslasierra prohíbe la minería a cielo abierto

Esta semana, en sesión extraordinaria y por unanimidad, el Concejo Deliberante de Las Tapias, departamento de San Javier, en el valle cordobés de Traslasierra, aprobó una nueva ordenanza que, entre otras cosas, prohibió toda actividad vinculada a la minería a cielo abierto que genere un impacto negativo sobre el medio ambiente.

La resolución se tomó luego de que representantes de las asambleas de Las Tapias, Villa de Las Rosas, Villa Dolores y de la mesa técnica del Foro Ambiental Traslasierra mantuvieron una reunión de trabajo con el bloque mayoritario del Concejo y autoridades del municipio.

En 2018, la empresa australiana Dark Horse Resources Ltd (DHR) hizo prospecciones buscando espodumeno, un mineral que contiene litio entre sus elementos, en una mina de Las Tapias, fundamentalmente para los mercados internacionales de baterías y electrónicos.

Luego, el Foro Ambiental de Traslasierra presentó un documento con investigaciones científicas con el fin de alertar sobre el peligro que significaba para la población local la posible realización de un proyecto extractivista de litio. Además, en más de diez localidades de la zona se conformaron asambleas vecinales para repudiar a la empresa.

La mina en cuestión se encuentra a 400 metros de la escuela de Las Tapias, a 1600 de la plaza de Villa de Las Rosas y a 700 de la costa del dique nivelador, principal fuente de agua de la ciudad de Villa Dolores.