A través del decreto Nº 1109 con fecha 28 de diciembre de 2017, Ramón Lanús, presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), aprobó la contratación de Aníbal Fabio Bloise para la función de consultor «nivel uno» con un honorario de 56.500 pesos mensuales. Lo curioso es que Bloise es un capitán exonerado de la Policía Bonaerense, procesado y a la espera de juicio por los delitos de peculado –es decir, malversación de fondos públicos– en concurso con privación ilegítima de la libertad.

Bloise aparece dado de alta en el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), que es el que registra los movimientos de todos los agentes del Sector Público Nacional, y su contratación supone cumplir funciones en Coordinación de Unidades de Gestión Regional (CUGR), un sector que se encarga de la constatación, mantenimiento y custodia de los predios que el organismo tiene en todo el país. Algo así como haber puesto al lobo a cuidar el gallinero.

El primer «trabajo» del expolicía fue en un campo de la localidad de Rincón de Milberg, en el partido de Tigre, y que la AABE tomó en custodia. «Hasta donde sabemos, Bloise no metió gente suya salvo una asistente. Pero desde que fue ganando protagonismo se pasó de pagar seguridad privada en predios del Gran Buenos Aires a que sean custodiados por la policía, y él es el nexo de esos contactos», confió a Tiempo una fuente del organismo que pide reserva.

Era mayo de 2006 cuando una circular de la Auditoría General de Asuntos Internos de la policía de la provincia de Buenos Aires informó la exoneración, por orden del entonces ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian, del capitán Bloise y el inspector Roberto Ignacio Anauati.

Ambos estaban al frente de la Dirección de Drogas Ilícitas de la jurisdicción Zarate -Campana y trabajaban «codo a codo» con el juez federal Federico Faggionatto Márquez.

De acuerdo al informe del auditor general, los policías —por orden del magistrado— debían custodiar y verificar la recolección de la soja sembrada en un campo de casi 30 hectáreas ubicado en la localidad de Otamendi, partido de General Alvarado, y cuya explotación pertenecía al Consejo Nacional del Menor y la Familia.

«Bloise y Anauati no sólo omitieron controlar la cosecha de soja y los camiones que debían transportarla (…) sino que impidieron que el funcionario designado por el Consejo realizara su trabajo en el campo, siendo demorado y trasladado sin justificativo legal a la Dirección de Investigaciones Complejas y Narcocriminalidad de Campana, con claras intenciones de apartarlo del lugar donde se estaba iniciando la maniobra delictiva», dice el informe en sus argumentos.

De acuerdo a la investigación, «con la colaboración de los policías exonerados Bloise y Anauati, el juez comenzó a gestionar el negocio de la soja en el campo usurpado en Otamendi… [y] ordenó ilegítimamente someter a proceso a una persona encargada de cuidar el campo que fotografió un camión que se llevaba soja para ser vendida espuriamente».

La causa por el campo de soja determinó la exoneración de Bloise y su socio (y también la ulterior destitución de Faggionato Márquez). Sin embargo, la dupla había estado involucrada en por lo menos otras 30 denuncias que incluyeron armado de causas ambientales, protección a narcos locales y extorsión a productores y comerciantes.

Bloise debió mudarse entonces a la actividad privada. Según su perfil de la red profesional Linkedin, desde abril de 2009 trabajó como jefe de Seguridad y Prevención de Pérdidas en HLB Pharma Group SA, un laboratorio nacional que el año pasado presentó un pedido de quiebra.

Tanto Bloise como Anauati quedaron procesados y con elevación a juicio oral. La explicación de tanta demora en el comienzo del juicio se debe a que, según el criterio del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de San Martín, sería conveniente enjuiciarlos junto a Faggionato Márquez, cuya causa recién se elevó a juicio este año.

La exoneración aplicada a Bloise es la sanción administrativa más severa contenida en el régimen disciplinario policial y significó su separación definitiva de la fuerza, la pérdida del empleo, de todos los beneficios del cargo y, se creía entonces, «un obstáculo casi ineludible para volver a tener cargos públicos».  «

La caída de Faggionato

El 25 de marzo de 2010, el Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura destituyó por unanimidad al juez federal de Zárate-Campana Federico Faggionato Márquez por mal desempeño de sus funciones. Suspendido desde octubre de 2009, Faggionato había cobrado notoriedad en la causa por el tráfico de efedrina, de julio de 2008. Mientras estuvo en su cargo acumuló 36 pedidos de juicio político. El tribunal que lo destituyó consideró que «tuvo un intolerable apartamiento de la misión confiada a los jueces, con un daño evidente del servicio público y la administración de justicia y menoscabo de la investidura».

Subasta

La AABE es un resorte central en la política de privatización de tierras fiscales que impulsa Cambiemos con el objetivo de enajenarlas para que las exploten las corporaciones del negocio inmobiliario. Sólo en la Ciudad, desde 2007, cuando Mauricio Macri asumió como jefe de Gobierno, más de 300 hectáreas públicas pasaron a manos de los desarrolladores privados. La próxima subasta será el 12 de diciembre y tendrá como objeto el predio lindero a la estación Urquiza del ferrocarril Mitre, donde hay canchas de fútbol y funcionaba la desalojada Asamblea de Villa Urquiza.