Hace ya algún tiempo que buena parte de la sociedad intenta discutir el acuerdo de exportar millones de cerdos a China anunciado por Cancillería. Con comunicados de prensa sobreescritos, power points filtrados, capturas de pantalla de pdfs y hasta una conferencia virtual de la que echaron a activistas y funcionarios del propio gobierno. Así las cosas, la discusión del acuerdo se hizo un barrial, un chiquero, en el que lo único seguro es que no se está planificando el desarrollo como corresponde.
En un tuit de Cancillería aseguraban postergar el acuerdo dado que, ahora sí, iban a “asegurar el respeto de las leyes de protección ambiental, los recursos naturales y la bioseguridad”. Decir, tras numerosas campañas en contra, que ahora se van a respetar las leyes ambientales no suena muy componedor. Lejos de alimentar una tensión que no beneficia a nadie, intentaré explicar cuáles son los agujeros del acuerdo que son un peligro biofísico, social y económico, es decir, ambiental.
No se trata de controlar la concentración de nitrógeno del desagüe de un establecimiento porcino. Sino de prevenir que esa factoría de cerdos no contamine la fuente de agua potable de un pueblo o termine devastando el paisaje de una ciudad que vive del turismo. Más que prometer controles, nos tienen que decir: ¿dónde van a estar las 25 megafactorías de cerdos? Y algo más preocupante: ¿dónde las 769 mil hectáreas de maíz y soja necesarias para alimentarlos?
Un acuerdo productivo con una perspectiva ambiental acorde a 2020 implicaría hacer una evaluación ambiental estratégica de zonas aptas para convertirse en polos productivos porcinos. Para esto hay preguntas que responder como, por ejemplo: ¿a dónde llegaría bien el transporte?, ¿dónde hay pueblos con personas desocupadas para emplear?, ¿y un polo universitario cerca para conseguir profesionales?, ¿qué economía existe previamente en esa zona?, ¿y de qué zona del país se obtendría el alimento?, ¿de dónde se sacará toda el agua necesaria para esta producción?, ¿con qué otro uso del agua compite?
Recién ahí se podría armar un mapa de zonas con más o menos riesgo para la instalación de unidades porcinas que, de todas maneras, es difícil imaginar en qué mundo podrían tener la envergadura inédita para la producción porcina nacional que anuncian. Pero en lugar de este análisis ambiental básico, parecemos ser víctimas de un revoleo de 10 millones de cerdos, producto de un capricho o de falta de idoneidad técnica, que hay que ver cómo acomodamos en el territorio nacional. ¿A qué costo? A cualquier costo.
Desde Cancillería acusan al ambientalismo de basarse en documentos filtrados y de “anti-todo” a un sector que hace preguntas referidas al modelo productivo de un país que merece ser discutido con la sociedad y no a espaldas de ella. La solución no es más promesas de cumplir las leyes: es sentar al sector en la mesa de diálogo, hacer los análisis técnicos que corresponden y bajar las cartas para discutir. Es decir, hacer política. Política para el desarrollo.
