Nicolás Kreplak conoce la salud desde todos los ángulos. En la función pública fue viceministro de Daniel Gollán. Y además de docente universitario en la UBA y la UNPaz y titular de la Fundación Soberanía Sanitaria, ejerce como médico clínico en el Hospital Ramos Mejía, donde día a día se topa con la crítica realidad de la salud. «Lo que más me sorprende o me angustia es que trabajo en una sala de 14 camas, y seis están ocupadas por pacientes en condiciones de alta que no se pueden ir porque no tienen adónde. Y no hay más recursos del Estado para resolver esto». Kreplak se define como «sanitarista y militante», y cuenta que ve «muy seguido internaciones de gente que se quedó hace seis meses sin trabajo. Esa persona hace tres meses se quedó sin obra social, hace dos tuvo que dejar de tomar sus medicamentos, y entonces termina internada. Es una relación muy clara entre ausencia de empleo y falta de contención social».
–¿Cómo definirías la política de salud del macrismo?
–Me parece que la decisión de fondo quedó expresada al principio por el primer ministro del área (Jorge Lemus). Dijo que el Ministerio no tenía que hacerse cargo de la salud. Y eso fue una línea de trabajo, transfiriéndoles la responsabilidad a las provincias, reduciendo los recursos estatales. En 2016, con el último Presupuesto de nuestra gestión, el Ministerio tenía el 2,3% del Presupuesto nacional. Y el dólar estaba a 9,50. Pasó a ser en 2019 el 1,7% y el dólar a 60 pesos. En Salud, casi todos los insumos, vacunas y medicamentos están dolarizados. Con la tremenda devaluación, te alcanza para comprar seis u ocho veces menos que hace cuatro años. El patrón general es el desfinanciamiento absoluto del sistema de salud, con la convicción de que el Estado no tiene que hacerse cargo. El corolario es que haya dejado de ser ministerio.
–¿En qué se refleja esa política?
–En Salud hay dos dimensiones en simultáneo: tenés que planificar, pero hay emergencias que transforman las condiciones. Sin ministerio, no hay piloto de tormentas. Nos comimos la epidemia de hantavirus y la única recomendación del gobierno era no ir a la zona. Antes fue el dengue, la H1N1, ahora está la epidemia de sarampión que puede llegar a ser gravísima por todos los casos que hay en la región, y no pasa nada. No hay quien conduzca la política sanitaria, y se desmadraron todas las enfermedades con determinantes sociales, como la tuberculosis y la sífilis.
–¿Qué sucede con las vacunas?
–Estamos muy mal. Hay faltante de varias dosis, y un muy mal sistema de gestión y llegada de recursos a los territorios. Lo más difícil es acceder a las vacunas. A todas las provincias les enviaron menos que las que pidieron. Y encima llegan muy tarde, o muchas a un lugar y pocas a otro. Así se generaron tasas de cobertura de vacunación muy por debajo de los estándares. Solamente en tres de las 19 vacunas del calendario estamos por arriba. El acceso a la salud, todo lo que es prevención y promoción, está en su peor momento.
–¿En qué consistió la Cobertura Universal de Salud (CUS) que lanzó el gobierno años atrás?
–El CUS es una estrategia del Banco Mundial que el gobierno intentó asumir al inicio de la gestión como política sanitaria a nivel nacional, fusionando todos los programas anteriores de medicamentos, entre ellos el Remediar. Era un programa que llegaba bien con muchos medicamentos y buena lógica de funcionamiento y pasó a ser una cosa que manda lo que quiere, cuando puede, sin previsibilidad. A cada centro de salud de los pueblos del interior, con una población que sufre determinadas enfermedades, el Remediar enviaba cajas de medicamentos adaptadas a las recetas, a la demanda concreta de ese lugar. Eso se desarmó, y ahora mandan sin pensar adónde y qué. Entonces, envían medicamentos contra la diabetes a un centro donde nadie se atiende contra la diabetes. Eso genera que la gente deje de ir a ese centro porque lo que necesita no lo tienen. Y en consecuencia, no se hacen los controles, que eran el objetivo primordial del Remediar. Hoy, en el mundo, la principal epidemia es la de las enfermedades crónicas no transmisibles, como la hipertensión, que son la mayor causa de muerte. Por eso es tan importante una política de prevención y control, y con los medicamentos específicos que se necesiten. Me la paso viendo pacientes que ingresan descompensados, con principio de infarto o ACV porque no toman su medicación. Desde el primer día, este gobierno planteó que los medicamentos son un bien de comercio. Lo dijo Marcos Peña en el Congreso. A pesar de que la ley dice que son un bien social. En realidad, hay que regular los precios, y el Estado tiene mecanismos para hacerlo, con compras a gran escala a diferentes actores, evitando monopolios, e incluso introduciéndose también como productor, con los laboratorios públicos.
–¿Qué medidas deberían tomarse tras las elecciones?
–A los medicamentos se suman otras prioridades. Primero, que la salud regrese al territorio, volver a poner el sistema de cara a la gente. Después, reordenar las cadenas de pago, que se cortaron, sobre todo para los insumos más necesarios: sueros, medicamentos, sutura para operar. Una vez que se vaya arreglando eso, podés pensar en medidas estructurales para garantizar el financiamiento del sistema, pero siempre pensando a la salud como un bien social.