Una mujer con 41 semanas de embarazo comenzó con trabajo de parto en la comunidad wichí Misión La Paz, de la localidad de Santa Victoria Este, al norte de Salta. Pese a que su historia clínica indicaba que le debían practicar una cesárea, el trabajo de parto avanzó y el bebé nació con insuficiencia respiratoria tras haber padecido sufrimiento fetal. Por las complicaciones, fueron derivados del Hospital de Santa Victoria Este al de Tartagal, donde por falta de profesionales especialistas los trasladaron al Hospital de Orán. Allí el bebé murió. El caso movilizó a las comunidades y volvió a poner en evidencia que, pese a haber declarado la emergencia sanitaria en tres departamentos del norte salteño (San Martín, Rivadavia y Orán) hace un año y medio, no se tomaron medidas para prevenir estos desenlaces.

“En febrero del año pasado se declaró la emergencia socio-sanitaria por el fallecimiento de al menos nueve niños y niñas al norte de Salta. A partir de ahí se realizó un diagnóstico donde se evidenciaban distintos problemas de acceso a derechos básicos, como la salud. Pese a que se declaró la emergencia para que el Estado dirigiera su mayor esfuerzo, a más de un año y medio no ha cambiado. Seguimos por ejemplo con este problema de falta de especialistas, como pasó en este caso”, contó desde esa provincia Martín Plaza, abogado del programa Derechos Sociales de la Niñez de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Además de aquellos nueve niños y niñas y el bebé que falleció este mes, se desconoce el número total de casos fatales. “Hablar de números exactos es muy difícil porque no hay cifras oficiales. Hicimos pedidos de informes al ministerio de Salud pero no respondieron. Los casos que registramos es por contacto con las familias o que emergen por medios alternativos”, resaltó Plaza en diálogo con Tiempo. Entre marzo y abril supieron de otros tres fallecimientos por situaciones de desnutrición y deshidratación.

A partir de la muerte del bebé wichí de Misión La Paz hubo movilizaciones en Tartagal en reclamo por políticas públicas sanitarias. “La falta de profesionales, la precariedad estructural de las principales áreas operativas y la ausencia de un abordaje comunitario e intercultural, entre otras, son todas falencias que ya formaban parte del diagnóstico sanitario en febrero del año pasado, cuando el gobierno de Salta declaró la emergencia socio-sanitaria. Sin embargo, ninguno de estos factores que repercuten en la crítica situación en la región fueron resueltos”, denunció ACIJ mediante un comunicado.

Desde ese espacio –junto con distintas organizaciones de la sociedad civil y el colectivo Infancia en Deuda- instaron a la “urgente aplicación y reglamentación de la ley provincial 7856 a los fines de mitigar las desigualdades que sigue reproduciendo el sistema de salud hacia las comunidades originarias y, sobre todo, para garantizar una efectiva participación indígena en la planificación de las políticas públicas sanitarias”.

La idea de visibilizar la situación apunta a “fortalecer el reclamo y que se aplique la ley de salud intercultural vigente desde 2014, que genera la creación de una red sanitaria para tener otro apoyo y con participación de familias indígenas y que establece la creación de facilitadores bilingües, porque muchas comunidades hablan sus idiomas originarios y no hablan bien español”, dijo Plaza. “Para poder generar claramente un acompañamiento desde lo sanitario hace falta que por lo menos se los puedan traducir. La creación de facilitadores está en la ley vigente, se estableció un plazo de 180 días para reglamentarla y nunca se hizo. Los gobiernos, tanto el anterior como el actual, se excusan en que no la pueden aplicar por no estar reglamentada”.

“Cada fallecimiento significa una responsabilidad del Estado por las violencias que se reiteran contra estas comunidades y que repercuten sobre las y los más débiles: niñas, niños y adolescentes de pueblos originarios cuyos derechos son cada vez más vulnerados. La crítica situación de la niñez indígena no admite más dilaciones. Es urgente eliminar los obstáculos en el acceso a los derechos más básicos por parte de las comunidades y toda causa de discriminación estructural que impide acceder al derecho a la salud y a la vida de sus integrantes”, concluyó ACIJ.