La comunidad wichi en la provincia de Salta vuelve a ser noticia por un caso trágico: la muerte de un bebé de nueve meses, que presentaba un cuadro de desnutrición y además fue diagnosticado con Covid-19. El caso se conoció un día después que la justicia salteña ordenara al gobierno provincial a mejorar las condiciones de acceso a la salud para niños y niñas indígenas.
“Hace dos días ingresó al Hospital Materno Infantil de la Provincia de Salta Leonardo Pérez, un bebé perteneciente a la comunidad wichi en completa desnutrición”, informó a través de Twiter la Fundación Gema, que trabaja en esa provincia. La entidad agregó que el bebé “fue derivado desde Santa Victoria a Tartagal pero debido a su cuadro clínico se decidió traerlo a Salta”. Falleció esta madrugada.
En medio del proceso de internación, el test de COVID le dio positivo igual que a su mamá. Según Gema, la madre y el bebé fueron aislados. “Una víctima más de desidia del sistema sanitario de la Provincia de Salta. Estamos frente a un genocidio sobre un pueblo ancestral, la muerte de este bebé y la de otro más la semana pasada son consecuencia de las políticas clasistas, racistas, patriarcales”, denunció la fundación.
El bebé era nieto del cacique Pablo Solís. En declaraciones a Salta/12, el hombre cuestionó la atención que recibió el niño y alertó: «Siguen muriendo los chicos de La Puntana» (municipio de Santa Victoria Este), en relación a que días atrás falleció una bebé de menos de un año, que había estado internada en el Hospital de Tartagal con diarrea, vómitos y un cuadro de deshidratación.
“La mamá del niño tiene 20 años y está aislada. Lo poco que pude hacer que me cuente es que falleció el bebé delante de ella. La llevaron a la terapia intensiva donde estaba su bebé y delante de ella le sacaron el respirador y otros cables. Cuando le sacaron los aparatos que lo mantenían vivo, falleció delante de ella”, contó a Tiempo Irene Cari, del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades, quien se acercó para acompañar a la joven madre. “Dicen los médicos que llegó en una situación de alto riesgo y desde que entró le dieron poca esperanza. Llegó deshidratado, con bajo peso y mucha inflamación pulmonar, respiratoria. El abuelo se comunicó conmigo a las tres de la mañana y me pidió que venga a ver a su hija para ver si le habían dado desayuno, porque los primeros días no le daban nada. Me pidió que colabore para sostener a su hija. Es una joven, no habla mucho, sólo llora en silencio y está sola, esperando que la vengan a buscar”, relató. A primera hora de la mañana se presentó personal de Asuntos Indígenas, pero hasta pasado el mediodía seguían esperando respuesta sobre el pedido de traslado de la mamá y el cuerpo del bebé a su comunidad.
“Pertenezco a una asociación civil de mujeres feministas, estamos hace 17 años exigiendo que los derechos conquistados en nuestro país se hagan sustantivos en la vida de las mujeres, soy parte de la lucha contra el enorme muro de la discriminación y la estigmatización hacia quienes somos mujeres indígenas, muros de acceso a la justicia, a la salud y a la vida”, lamentó Cari.
No es un caso aislado
Según difundió en las últimas horas la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Juez del Tribunal de Impugnación, Eduardo Barrionuevo, concedió la medida cautelar pedida por el colectivo “Infancia en Deuda” y la comunidad indígena Comisión Directiva Wichi Misión La Loma, en el amparo presentado por la falta de aplicación y reglamentación de la ley provincial N° 7856 de salud intercultural. En la sentencia se dispuso que, hasta tanto se resuelva el fondo de la demanda, el Poder Ejecutivo Provincial -en particular al Ministerio de Salud Pública de la Provincia- designe facilitadores y facilitadoras interculturales en los hospitales de los departamentos donde se declaró la emergencia socio-sanitaria (Orán, Rivadavia, San Martín) y también en Salta Capital, y que se disponga el establecimiento de albergues de tránsito para las y los pacientes y las familias indígenas que deban ser trasladadas por motivos de salud.
Se calcula que en Salta residen aproximadamente 500 comunidades indígenas que pertenecen a más de 14 pueblos originarios y que viven en condiciones de pobreza estructural y discriminación, con fuertes restricciones en el acceso al sistema de salud y a servicios básicos como el agua potable.
“La situación es especialmente preocupante para las niñas y niños que residen en Rivadavia, Orán y San Martín, ubicados en el norte de la Provincia. Estos departamentos, desde enero de 2020, y a partir del fallecimiento de al menos nueve niñas y niños indígenas, se encuentran en situación de emergencia sociosanitaria. Pese a que el Poder Ejecutivo Salteño debía tomar todas las medidas necesarias para modificar esta situación, todavía persisten las vulneraciones graves a los derechos de niñas, niños y adolescentes”, alertó ACIJ.
Hace menos de un mes, Tiempo difundía que en la primera mitad de 2021 habían fallecido 64 bebés, niños y niñas menores de cinco años en comunidades wichi salteñas de territorios declarados en emergencia sociosanitaria. Según información oficial, al menos 7543 niñas y niños de entre 0 y 5 años que residen allí se encuentran en estado de riesgo nutricional. De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, en los territorios de emergencia fallecieron 108 niñas y niños en 2020.
