Patricia Solorza murió en la cárcel como consecuencia de la precariedad institucional. Le negaron el derecho a la salud. Estaba presa, acusada de haberse realizado un aborto clandestino. Tuvo que pasar sus últimos días de vida en la Unidad 47 de José León Suárez, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Allí, estudiaba sociología en la Sede (CUSAM), que la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) fundó en el penal 48 del mismo Complejo. Además, participaba de distintos talleres artísticos que organizaciones sociales, políticas y de base brindan en el lugar.

La mujer fue víctima de distintos tipos de violencia a lo largo de su vida. Hace seis años, fue acusada de haberse realizado un aborto. Ella, dijo que no sabía que estaba embarazada y tampoco se determinó si el aborto fue provocado o espontáneo. Sin embargo, la justicia la condenó a ocho años de prisión por homicidio agravado por el vínculo. En ese momento, Patricia había pedido cumplir la condena en su domicilio porque tenía una nena de cuatro años y su otro hijo, de 14 tenía un retraso madurativo luego de haber contraído meningitis de pequeño.

Al momento de morir, Patricia tenía 40 años. Desde hacía un tiempo, pedía atención médica porque tenía fuertes dolores estomacales. Los pedidos no fueron atendidos. Una vez que fue internada, la mujer atravesó tres operaciones de vesícula y tras días de internación murió con una avanzada infección en su cuerpo.

La mujer había enviado varios escritos al Juzgado de Ejecución Penal N°1 de Quilmes que tenía su tutela, pero jamás le respondieron. Junto a sus compañeras de encierro reclamó a diario que la lleven a área de sanidad del penal, y no fue escuchada. Los médicos de la Unidad dicen que no tienen medicamentos, profesionales ni máquinas para suplir la demanda de la cárcel. Y agregaron: “El traslado de una detenida al hospital de la calle depende de las autoridades judiciales y penitenciarias”.

Tiempo dialogó con integrantes de distintas organizaciones feministas, políticas y de base que conocían a la universitaria. La comunidad UNSAM – CUSAM acarrea mucha tristeza y angustia por la muerte de «Pato», como todos la llamaban.“El fallecimiento de la estudiante conmovió a nuestra comunidad. No se trata sólo de manifestar el enorme dolor que nos causa la pérdida de una de nuestras estudiantes más comprometidas, sino que necesitamos visibilizar que su muerte no es un caso aislado o fortuito en unidades penitenciarias cuya superpoblación supera el doble de su capacidad”, expresó el coordinador del área de Arte y Cultura del CUSAM y de la Unidad Penal 48º José León Suárez.

La atención médica en las cárceles es esporádica, prácticamente nula. Mujeres y hombres que transitan el encierro punitivo se cansan de patear las puestas de chapa pidiendo a gritos que los lleven al sector de sanidad. Si una persona tiene una enfermedad y permanece en un penal está condenada a muerte.

“En la misma semana que falleció Pato, otros dos detenidos – Natalia Martínez y Rodrigo Miño- murieron en el mismo complejo penitenciario. Vemos diariamente que la desatención médica y la vulneración sistemática de derechos son una forma deliberada de dar muerte a personas detenidas, una pena de muerte encubierta, que realiza el deseo de quienes piensan que ‘hay que matarlos a todos’. Agravado, en este caso, porque ser mujer y estar presa implica el doble de opresiones e injusticias”, enfatiza con vehemencia Perearnau.

Pato era una gran compañera, así la recuerdan sus pares. Como una mujer comprometida con la educación y con el deseo de ayudar al otro. Fue una referente para muchas chicas de su pabellón que llegaron al espacio universitario a través de ella. Faltaba poco para que recuperara la libertad. Tenía muchos proyectos para la calle y cuando hablaba de esas cosas le brillaban los ojos. Le gustaba mucho el arte y la poesía. Fue despedida por últimas y sepultada este lunes en el Cementerio de Ezpeleta.

“Conocíamos los problemas de salud que tenía, de hecho acompañamos sus pedidos como organización ante el juzgado, pero nunca recibimos una respuesta. Pato no murió, la mataron. Los funcionarios penitenciarios y judiciales son cómplices. Si en este país el aborto fuera legal ella no hubiese estado presa. Sentimos mucha tristeza e impotencia”, dice María Medrano, de la organización política y feminista Yo No Fui.

Y continúa: «Este tipo de muertes son fundadas en el abandono y la crueldad. Son producciones del Estado que encierra personas, mínimamente tendría que garantizar sus vidas. En todas las cárceles se escucha lo mismo sobre el sistema de salud: que no funciona y hay una mala alimentación. Es lo que en realidad sucede intramuros pero nadie cuenta”.

“En el caso de Pato hubo muchas irregularidades. En primera instancia le tendrían que haber concedido el arresto domiciliario porque tenía dos hijos y uno de ellos con discapacidad. Si la justicia funcionara como corresponde, no estaría muerta, porque cumplía con los requisitos temporales y tenía buena conducta para acceder a la libertad condicional”, agrega Medrano.

«A Patricia la abandonaron»

Este lunes desde el colectivo feminista NiUnaMenos emitió un comunicado en el que expresan su dolor y bronca por el fallecimiento de la estudiante de sociología.

“Patricia murió por causas relacionadas al sistema de torturas que es la cárcel. La abandonaron dos mese dentro de la Unidad Penal 47 de San Martín aunque pedía ayuda a los gritos por su dolor de vientre, perdió tanto peso en ese tiempo que su familia no la reconocía. Llegó a la cárcel por la criminalización del derecho a decidir sobre el territorio de nuestros cuerpos. Cuando la llevaron al hospital, ya de urgencia, no pudieron operarla enseguida por el nivel de inflamación de su vesícula”, dice parte del comunicado de NiUnaMenos. Y continúa. “El derecho a decidir no puede estar condicionado y disciplinado por la ley penal. La moral hipócrita de la penalización del aborto no puede estar aplicada bajo la amenaza de la tortura que significa la cárcel”.

Un año atrás se debatía en el Congreso Nacional la legalización de la interrupción voluntaria desembarazo, cuyo proyecto fue presentado nuevamente este año como lo hacen desde 2005. El Código Penal argentino condena a toda mujer que abortare fuera de los parámetros legales. Está estipulado artículo 85 inciso 2. Sin embargo, las mujeres consideran que esto resulta perjudicial para sus vidas y sus cuerpos. El aborto clandestino es una realidad concreta que aqueja a nuestro país: 400 mil mujeres por año realizan esta práctica. La mayoría lo hace en situación de inseguridad y ponen en riesgo sus vidas.