Más de un mes después de la muerte de Daiana Abregú en una comisaría de Laprida y tal como reclamaban su familia y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), se hará una nueva autopsia sobre el cuerpo de la joven, por considerar que hubo irregularidades en la primera que comprometen la investigación. Será este miércoles, en la ciudad de La Plata.
El principal motivo por el que se solicitó que se repita la pericia es que en la primera no se respetó el Protocolo de Minnesota, que establece normativas de desempeño en la investigación de una muerte potencialmente ilícita y un conjunto de principios y directrices para los Estados, las instituciones y las personas que participen en la investigación.
La primera autopsia había sido realizada por orden del fiscal Christián Urlezaga, de Olavarría, y bajo el ala de la Policía Bonaerense. “Él dispone la autopsia pero no corre a la Policía (de la Provincia). Debería haber ingresado a otra fuerza. ¿Como la propia Policía va a investigar su responsabilidad? Y no dispone la aplicación del Protocolo de Minnesota. Creo que ni la pesaron a la chica”, criticó el abogado de la familia, Sergio Roldán, en diálogo con Tiempo. Agregó que “en Azul la doctora sacó fotos con su celular. Ni eso tienen, faltan herramientas. Hay dos o tres oficinas periciales que lo hacen (la autopsia con aplicación del protocolo). No conseguíamos turno en Lomas Zamora, Junín dijo que no. El resto de la provincia no tiene las herramientas. Esa es la realidad”.
El fiscal actual de la causa, José Ignacio Calonje, tomó intervención cuatro días después de la muerte de Daiana en un calabozo. “En ese momento la autopsia y el informe ya estaban en el expediente. Y la primera medida que toma es correr a la Policía Bonaerense y dar lugar a la Policía Judicial”, aclaró Roldán.
Semanas atrás, la CPM había reclamado que se avanzara con esta segunda autopsia. «Aplazar la realización de la misma puede devenir en un acto irreproducible, debido a que el paso del tiempo atenta contra la conservación del cuerpo de la víctima y las posibilidades reales de encontrar en su análisis respuestas a lo sucedido», advirtió el organismo, constituido como particular damnificado.
Daiana Abregú, de 26 años y mamá de un nene de 9, fue detenida en la madrugada del 5 de junio por una contravención. Según la versión policial, estaba causando disturbios y sufría una crisis de salud mental. Esa versión apuntó al suicidio, algo que no convenció a la familia desde un primer momento. Luego, comenzaron a emerger las irregularidades, como un médico que negó que la joven estuviera en una crisis nerviosa y contradicciones policiales en relación a los horarios.
Por el caso hay cinco policías bajo investigación a quienes a mediados de junio la jueza de Garantías azuleña, Fabiana San Román, les denegó la eximición de prisión.
Desde entonces, los Abregú reclaman justicia. Convocaron a gran cantidad de marchas y denunciaron presiones municipales para el cese del reclamo. Su caso no es aislado. Según datos difundidos por la CPM, en los últimos diez años murieron 187 personas en comisarías bonaerenses. En el 35 por ciento de los casos “se desconoce la causa de la muerte por los déficits en las investigaciones y la escasa decisión judicial de descubrir la verdad”. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), por su parte, relevó que entre 2019 y 2022 fallecieron más de 70 personas mientras estaban alojadas en comisarías.
