La Primaria N° 56 de Moreno Norte está, en palabras de los vecinos, «detonada». Por eso todavía no empezaron las clases. Para que los chicos no pierdan el contacto con sus maestros, se reúnen a diario en una capilla. Sólo pueden estar una hora allí, porque el lugar no tiene baño.
La Secundaria N° 40 del Barrio San José puede jactarse de tener baños, aunque sean «químicos». La Primaria N° 13, de Cuartel V, la N° 57 y la N° 84 necesitan construirse desde cero, porque lo que hay –edificaciones ruinosas– es irrecuperable.
Tras la explosión en la Escuela N° 49, en agosto del año pasado, que provocó las muertes de la vicedirectora Sandra Calamano, de 48 años, y del auxiliar Rubén Rodríguez, de 45, aún quedan unos 40 establecimientos educativos cerrados en el distrito. Al Estado le sigue costando dar el presente.
«Fue un inicio del ciclo lectivo convulsionado. Hasta el 11 de marzo, teníamos unas 40 escuelas que no habían iniciado las clases, ni siquiera parcialmente. En otras, lo que se hizo fue una rotación. Por ejemplo, un día iban los chicos del primer ciclo, otro día, los del segundo, y así. También tenemos el caso de las capillas, pero a veces se juntan cien chicos y hay un solo baño, o directamente, ninguno», le explica a Tiempo Mariana Cattaneo, secretaria general de Suteba Moreno.
Para la dirigente gremial, después de aquella tragedia, la comunidad educativa y las familias esperaban encontrarse con las obras terminadas en febrero, tal había sido la promesa de los funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal, pero el panorama, con marzo ya terminando, dista mucho de ser el ideal.
«Desde diciembre que venimos recorriendo las escuelas junto con las familias –cuenta Cattaneo–, precisamente para evitar llegar a marzo con las obras sin terminar. Se dio un fenómeno de mucha presencia de los padres, organizándose para asistir a las reuniones del Comité de Crisis, del Consejo Escolar, porque la escuela organiza la vida y los vecinos de Moreno necesitan que los chicos tengan clases».
El martes 19, la Primaria N° 52 y la Secundaria N° 74, de Moreno Sur, debieron ser evacuadas por el olor a gas que se respiraba en las aulas. Para la comunidad educativa de Moreno, significó revivir un hecho dramático.
Aquel jueves 2 de agosto, a las 8:06 de la mañana, una explosión en la cocina de la Escuela N° 49 «Nicolás Avellaneda», del barrio San Carlos, dejó en evidencia que los chicos, los trabajadores de la educación y las familias de uno de los municipios más populosos del Conurbano estaban en peligro. Las pericias concluyeron que hubo una pérdida de gas, apenas unos minutos antes del ingreso de los alumnos. Al día siguiente hubo duelo y el lunes 6, los directivos de las 294 escuelas de Moreno decidieron no reanudar las clases hasta garantizar condiciones dignas y seguras. Unos 90 mil chicos perdieron no sólo buena parte del año lectivo: también, muchos de ellos, el único plato seguro de comida.
«Nosotros reclamamos un servicio alimentario escolar, porque desde agosto lo único que llegan son sándwiches de fiambre de mala calidad. Si bien la mayoría de las escuelas arrancaron sus clases, no tienen gas, y por ende, no funciona el comedor escolar. Para un distrito como Moreno, que es el segundo cordón y que está sufriendo la asfixiante situación económica, es fundamental que los chicos tengan comida todos los días», remarca Cattaneo.
Docentes sumariados
Las muertes de Sandra y Rubén significaron un punto de inflexión, que logró unir, como nunca antes, a toda la comunidad educativa de Moreno. Así, docentes, familias y organizaciones sociales asumieron como bandera la defensa de la escuela pública. Aun a un costo muy alto.
En los primeros días de marzo, el ministro de Educación bonaerense Gabriel Sánchez Zinny avanzó con el sumario de tres docentes, lo que les significó ser apartados de sus cargos, bajo el argumento de realizar amenazas durante una asamblea que se realizó en octubre de 2018 en la Secundaria N° 16 «Florencio Molina Campos», que se sumaron a otros 13 docentes que habían sido presumariados y citados por la Inspección Distrital a presentarse en la Secretaría de Asuntos Docentes.
«Nos prohibieron presentarnos en las escuelas y nos separaron de nuestros cargos. Además, se nos inició un sumario administrativo que en Moreno no tiene antecedentes. Lo más significativo es que los tres sumariados somos delegados del sindicato, lo que demuestra que fue un disciplinamiento, un castigo más en este contexto de hostigamiento a la comunidad educativa de Moreno, que viene reclamando por escuelas seguras y justicia por Sandra y Rubén», se queja Enrique Elías, uno de los sumariados.
El 19 de marzo hubo una marcha hacía la Jefatura Distrital para acompañar a los compañeros «sumariados» que habían sido citados a una reunión con funcionarios provinciales. En un posteo en su cuenta de Facebook, «Familiares Por la Escuela Pública» difundieron imágenes de lo que definieron como «una foto del pasado», en referencia a la presencia de «un Falcon verde de los años ’70», como los que usaban los militares para secuestrar gente durante la última dictadura cívico–militar. Pese a todo, la presión popular logró revertir la sanción contra los tres docentes, quienes ya fueron restituidos en sus cargos.
«Lo importante –concluye Elías– es que las clases comenzaron de manera irregular, que las obras están frenadas y los arreglos prometidos no aparecen. Hay baños sin terminar, conexiones de gas precarias y, sobre todo, falta comida para los chicos. Al no haber gas, ni siquiera se puede dar un mate cocido. Por suerte, a los docentes y a las familias ya no les da lo mismo que un aula no tenga vidrios o que no haya estufas. Ahora se exige que las obras se terminen y por eso los funcionarios de La Plata están instalados en Moreno». «
La causa, sin avances
Recién tres meses después de las muertes de Sandra y Rubén, la escuela de la tragedia (la Primaria Nº 49) volvió a clases. Aunque ya nada será igual. «Nos cuesta mucho volver a la rutina, emocionalmente decaemos en algún momento del día. Es volver a empezar, en una escuela distinta que perdió sus colores de origen porque no están ellos», contó a Revista Cítrica Marcela, integrante de esa comunidad educativa. «Volvimos a la escuela pero no significa que abandonamos la lucha; sino que la estamos continuando desde otro lugar». Mientras piden que el gobierno provincial deje en óptimas condiciones todas las escuelas del distrito, continúan los reclamos por una causa judicial que no avanza. Si bien permanecen imputados el interventor designado por María Eugenia Vidal para el consejo escolar, Sebastián Nasif, el gasista Cristian Ricobene, y otros miembros del Consejo Escolar, los representantes docentes se lamentan de que el proceso aún permanece en la etapa de investigación: en diálogo con este diario, apuntaron que «la fiscal (Gabriela Urrutia) no parece querer avanzar en las responsabilidades políticas».
