El juez federal tomó la determinación cuando la compañía depositó escombros más allá del límite internacional, invadiendo más de 50 hectáreas en suelo argentino. La citación es para el actual Gerente General de Minera Los Pelambres, Robert Andrew Mayne-Nicholls Secul, y a dos ex Gerentes Generales, Ignacio Cruz Zabala y Alberto Cerda Mery, que deberán comparecer entre el 19 y el 21 de octubre próximo ante el juzgado sanjuanino. 

Se trata del caso denunciado en 2014 por la empresa Glencore, que explota la mina sanjuanina de cobre El Pachón, porque “entre 2004 y 2011 utilizó como botadero de estériles (rocas con bajo o nulo contenido de mineral) una zona en territorio argentino”. Según la denuncia, “la escombrera tiene 1,6 kilómetros de largo, 600 metros de ancho y 70 metros de alto y un tercio quedó dentro del emprendimiento Pachón, es decir en suelo calingastino en San Juan». De acuerdo a la demanda, “de las características mineralógicas del material de la escombrera analizado, es posible postular que casi todo el material depositado tiene un potencial neto de acidez y va a producir aguas ácidas” y que en la misma se detectaron “altas concentraciones de sulfato, nitrato y cobre”. Incluso se habla de que hay tiradas más de 50 cubiertas de camiones fuera de ruta de grandes dimensiones, aceites, repuestos de vehículos y materiales de difícil degradación.

 En el expediente se consigna que “la escombrera les fue ganando terreno a tres lagunas ubicadas a menos de 200 metros del depósito de desechos que prácticamente desaparecieron”. En el proceso judicial del cual el año pasado se hizo parte la provincia a través del Fiscal de Estado, Guillermo De Sactis, hay una orden del juez para que Pelambres retire los desechos, que no se cumplió, y un acuerdo firmado el 28 de abril pasado de remediación del impacto ambiental, que tampoco fue cumplido hasta ahora por la minera chilena. En función de eso, el juez Miguel Gálvez imputó a los directivos de Pelambres por contaminación, usurpación de propiedad privada y usurpación de aguas. La pena prevista para el delito de contaminación puede alcanzar hasta los diez años de prisión, además de millonarias multas.