Este lunes, a las 9, comenzó el primer turno de ‘exámenes de idoneidad’ a empleados y empleadas del sector público, como requisito previo a la renovación o no de sus contratos. En total, más de 40 mil personas deberían pasar por esa instancia, impuesta por el gobierno de Javier Milei y rechazada por sindicatos, educadores y asociaciones profesionales.
“La inscripción comenzó a mediados de la semana pasada. El viernes a la tarde ya no había más cupos de inscripción. Se generó toda una expectativa, porque el propio gobierno dijo que a quienes se anotaran en diciembre se les podría renovar el contrato por un año, pero al resto por tres meses”, indicó Soledad Santellan, abogada y secretaria de Convenios Colectivos de Trabajo de ATE Capital. En diálogo con Tiempo, aclaró que esa distinción “no está en la reglamentación pero sí en los mails de recursos humanos de los distintos organismos. Por eso hubo un apuro enorme, se saturó el sistema y ahora hay compañeros con una desesperación enorme por esa expectativa que generaron”.
Ese aspecto fue incorporado a la medida cautelar presentada por ATE, que por el momento no tuvo respuesta de la Justicia. Entre los argumentos que presentaron en la denuncia se incluyen que en el examen “no gay veeduría gremial, que no fue consensuado en ámbitos paritarios, que ya existen otras evaluaciones en las carreras de cada uno”.
“En menos de 24 horas todos los turnos para el Sistema de Evaluación Pública (SEP) hasta el 30 de diciembre se agotaron. La página colapsaba cuando te querías registrar y el mail de confirmación ni llegaba. Hay una sola sede para rendir el examen. Esta es la idoneidad de los que quieren tomarte un examen de idoneidad”, criticó una usuaria de X.
Rechazo de educadores matemáticos
Mientras comenzaba a ponerse en marcha la inscripción a los exámenes, un grupo de científicas puso en circulación un comunicado que cuestiona el modo en que se utilizan las matemáticas en el examen y reclaman que no sea usada como medio de selección.
“Lejos de organizar estas evaluaciones en torno a los saberes que los trabajadores necesitan poner en juego en sus tareas, se vuelve a ubicar la matemática como un medio para dictaminar la posibilidad de conservar el trabajo. Angustia, miedo y amenaza para los trabajadores -muchos de los cuales realizan tareas en las que estos saberes no tienen ninguna intervención-; indignación, consternación, preocupación para los integrantes de la comunidad de educadores matemáticos cuando vuelve a enarbolarse una práctica contra la que hemos trabajado durante años, que es la de usar a esta disciplina como un medio de selección para dividir aguas entre capaces e incapaces”, dice el texto impulsado por las matemáticas y educadoras Carmen Sessa, Patricia Sadovsky y Valeria Borsani.
“Al analizar los problemas que se ofrecen para que los trabajadores ‘practiquen’ constatamos que se trata de una selección arbitraria, sin conexión alguna con situaciones de trabajo. Muchos de estos ejercicios están mal planteados porque omiten la explicitación de los supuestos necesarios para resolverlos, otros aluden a contextos (como pasarelas mecánicas) que pueden ser totalmente ajenos a muchos trabajadores, otros tantos son más próximos a jueguitos de ingenio y en muchos casos están formulados de manera oscura obstaculizando por esa razón su resolución sin que eso signifique no disponer de los conocimientos para resolverlos”, advirtieron las especialistas. Y enfatizaron que “en todos los casos es imposible aceptar que la resolución de esos ejercicios pueda medir la calidad del trabajo. ¿Quiénes los propusieron? ¿A qué criterios de planificación estatal responden? ¿Por qué la resolución de estos problemas supondría una certificación de idoneidad?”
Por otro lado, compartieron sus interrogantes sobre quién y cómo analizará las respuestas a esos exámenes de los que depende el empleo de miles de trabajadores: “¿Cómo se establecerá el puntaje alcanzado por cada trabajador?, ¿Cómo se garantizará la transparencia en el proceso de corrección y quiénes serán los responsables de llevarlo a cabo? Teniendo en cuenta que se trata de una acción que compromete un aspecto esencial de la vida de una persona, como es el trabajo, es una obligación del gobierno explicitar detalladamente los mecanismos de este operativo para dar lugar a un imprescindible control público”.
Ruidazo de protesta
Santellan agregó que además de la crítica de educadoras matemáticas hubo un apoyo a las y los trabajadores archivistas por parte de la Asociación de Archiveros, “diciendo que los trabajadores de archivo no tienen por qué cumplir una evaluación así, que cuidan el acervo histórico y cultural de los trabajadores y nada tiene que ver con su función. También la Asociación de Trabajadores Sociales difundió un comunicado en contra, teniendo en cuenta que los trabajadores sociales en territorio no necesitan ser evaluados en lógica matemática ni comprensión de texto, tal como están planteados los ejercicios, porque no tiene nada que ver con sus funciones”.
Para la delegada, la imposición del examen “genera mucha angustia, mucha incertidumbre. Porque claramente está hecho muy rápido, sin planificación, sin estrategia más que seguir estigmatizando a estatales. Porque no tiene que ver con las funciones que cumplimos, las preguntas no fueron pensadas para un adulto en un puesto de trabajo, son de índole escolar”.
Para Pedro Lynn, secretario gremial de ATE Capital, “el único objetivo es que sigamos siendo estigmatizados, como que no queremos ser evaluados, cuando hay un montón de procedimientos en nuestro convenio para evaluarnos, que ya están, existen y se aplican todos los años”. En diálogo con radio Futurock criticó que el Gobierno “quiere que suframos otro diciembre, que pasemos otro diciembre difícil y que muchos compañeros y compañeras, ante otro ataque, renuncien. Que se vayan. Eso es lo que buscan”.
Ante este panorama, el jueves 11 habrá un ruidazo y ‘bombazo’ –con bombos de las juntas internas- ante las oficinas de Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, designado formalmente en julio por Javier Milei, ex funcionario del gobierno de Fernando De la Rúa y titular del Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri.
