En el actual escenario político donde las elecciones ocupan un lugar central, las propuestas de reforma educativa se han convertido en un tema de gran relevancia. Javier Milei, el candidato del partido La Libertad Avanza, ha vuelto a presentar su visión mercantilista de la educación, proponiendo la eliminación de la obligatoriedad educativa y la implementación de un sistema de vouchers como eje central de su propuesta de reforma educativa en Argentina.
Para el representante político de la extrema derecha, los «vouchers educativos” equivalentes a cheques o vales, serían emitidos por el Estado y entregados a las familias para financiar la educación de sus hijos. Este modelo, en esencia, corresponde a un subsistema de «subsidio a la demanda», en línea con las bases ideológicas del libre mercado.
Esta propuesta no solo ha demostrado ser ineficaz en su implementación en diversos países desde la década de 1990, sino que también revela un trasfondo que va más allá de la mera ineficiencia. Da cuenta de una visión identificable como antidemocrática y fundamentada en la discriminación y arraigada en la naturaleza misma del enfoque educativo propuesto.
Existe una creciente preocupación por el avance potencial de estas ideas consideradas retrógradas, que parecen llevarnos más de 40 años atrás, evocando los difíciles años del neoliberalismo que caracterizó la última década del siglo pasado.
A pesar de las explicaciones conceptuales deficientes proporcionadas por este sector político, es crucial no subestimar su impacto en la opinión pública y su capacidad para influir en el sentido común. Detrás de una fachada de simplicidad, se oculta una propuesta que aboga por la privatización definitiva de la educación. No existe ingenuidad ni deseo de simplificar el acceso a una educación de calidad para toda la población.
De acuerdo con la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), la propuesta de privatización educativa total implica una redefinición del papel estatal, nuevas formas de financiamiento basadas en la demanda, una descentralización extrema, influencia de ONG en políticas educativas, «libertad de elección» para las familias, promoción de valores de mercado y competencia, y transformación de los estatutos laborales docentes. Aunque el sistema de “vouchers” prometería dar a las familias la “libertad” de elegir la escuela, en la práctica, esta definición política que avala la tendencia a decisiones individualizadas, perpetúa la segmentación y la segregación del sistema, lo que puede llevar al cierre de escuelas con disminución de matrícula debido a la falta de recursos., ya sea pública o privada
Es imperativo cuestionar la premisa errónea de que la competencia entre escuelas mejorará la calidad educativa. La competencia tiene como objetivo atraer estudiantes para asegurar recursos financieros, similar al funcionamiento de una «empresa eficiente en captación de clientes». Sin embargo, la aplicación de un sistema similar en otros países, ha demostrado que a menudo se han empleado estrategias que disminuyen la exigencia académica para retener al alumnado y evitar así el desfinanciamiento, lo que en definitiva lleva a lógicas que atentan contra la calidad educativa para evitar la deserción.
Aún cuando se citen a menudo ejemplos como Chile y Suecia para respaldar el éxito de los «vouchers» educativos basados en resultados de pruebas estandarizadas, este argumento se debilita. Estas pruebas no necesariamente reflejan una educación de calidad, y países han obtenido buenos resultados en pruebas como PISA y UNESCO sin recurrir a los «vouchers».
El modelo propuesto por la derecha conlleva mayor privatización, segregación, exclusión y discriminación, limitando las oportunidades de políticas educativas inclusivas. Además, va en contra de los intereses de los educadores y desafía los logros de las negociaciones colectivas y convenios laborales. El sistema de «vouchers» transformaría el salario docente en una variable dependiente de la financiación de cada institución educativa.
Otro aspecto crucial que se pone en consideración en el debate sobre los “vouchers” se relaciona con la estructura de financiamiento del sistema educativo argentino. Las voces especializadas señalan que el sistema se financia principalmente a través de los gobiernos provinciales. Por lo tanto, cualquier decisión tomada a nivel nacional entraría en conflicto directo con las estructuras y posturas políticas provinciales. Incluso si algunas provincias decidieran adoptar la propuesta de “vouchers”, se generaría una división en el sistema educativo argentino. Como resultado, se crearía un sistema fragmentado y desigual.
Por otra parte, esta propuesta va en contra de los intereses de los educadores y uno de los logros más significativos de la profesión docente: las negociaciones colectivas y los convenios colectivos. Estos son los espacios donde se debaten aspectos como las condiciones laborales y los salarios. El sistema de “vouchers” eliminaría estos foros, convirtiendo el salario docente en una variable dependiente de la capacidad financiera de cada institución educativa. Esta transformación colocaría a los directores en el papel de administradores con quienes cada docente tendría que negociar su salario.
La Carpa Blanca: un símbolo de resistencia contra el neoliberalismo en Argentina
El estudio del pasado enseña cómo debe manejarse el hombre en el presente y qué esperar del porvenir, afirmaba nuestro prócer Manuel Belgrano.
Durante la segunda presidencia de Menem en 1997, Argentina se vio inmersa en un agudo conflicto social debido al fracaso de las políticas impulsadas por el Consenso de Washington, con respaldo del FMI y Banco Mundial. Privatizaciones, desregulaciones y pérdida de derechos laborales; ideas que hoy son la plataforma de La libertad Avanza y Juntos por el Cambio.
El ámbito educativo no escapó de esta realidad. La escasez de fondos y la transferencia de responsabilidades a las provincias desencadenaron ajustes, cierres de escuelas, recortes salariales y precariedad laboral. La respuesta fue la instalación de la Carpa Blanca por parte de la CTERA frente al Congreso Nacional, símbolo de protesta contra recortes y privatización, y expresión de una demanda clara y contundente: una ley de financiamiento educativo que genere condiciones de igualdad para el desarrollo de la educación pública en todo el país.
El ayuno rotativo de docentes de todo el país en la Carpa alentó el debate, el conocimiento de la realidad educativa y el compromiso social. De este modo se logró sintetizar y representar el sentir mayoritario de la sociedad a favor de la defensa y mejora de la educación pública. Baste recordar el fenómeno social que significó la protesta: La Carpa se convirtió en espacio de diversas demandas sociales, conectando luchas y solidaridad cultural. Recibió a 2.8 millones de visitantes y más de 4.000 escuelas.
La Carpa Blanca fue una respuesta original e inédita de lucha. Tras más de 1.000 días de presencia, sin afectar los días de clase y sumando a toda la ciudadanía al debate público, en 1999 se logró la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo, contemplando el financiamiento estable y poniendo fin a la Carpa Blanca. Esto evidenció la importancia de la unidad y la solidaridad contra políticas neoliberales en favor de una educación pública de calidad.
Marta Maffei, secretaria general de CTERA en ese entonces, destacó que aprendieron a resistir, a no claudicar, que unidad y democracia en decisiones son respaldos vitales. Un grupo en huelga de hambre rescató la educación pública. La experiencia visibilizó la realidad y enseñó que la solidaridad es el camino para los pueblos.
Las propuestas de reforma educativa merecen un análisis crítico y exhaustivo, considerando tanto sus implicaciones prácticas como sus consecuencias a largo plazo en la calidad y accesibilidad de la educación. Aunque los “vouchers” parecen novedosos, su esencia e historia señalan un modelo obsoleto con destino de fracaso. Profundiza desigualdades, socava la educación pública y niega valores como la solidaridad, la justicia y la igualdad. Por todo esto, sabemos que, las próximas elecciones no solo determinarán un modelo de educación, sino también el futuro de nuestra nación.
Debatir con información precisa y promover la participación de la ciudadanía en este debate es una condición indispensable para decidir en libertad.
