Cada día que pasa parece quedar más en claro que los ataques del gobierno nacional hacia las universidades públicas no se basan en una situación económica ni presupuestaria, sino en algo ideológico. Primero fue que no había plata, luego que se deben auditar, después los alumnos extranjeros o las tasas de egresos, y lo último en boca del propio Javier Milei: que a las facultades van hijos de familias ricas. Pero, nuevamente (aunque poco le importe a La Libertad Avanza), los números lo desmienten. Dos tercios de las y los estudiantes universitarios son de familias con ingresos bajos.
«La universidad pública nacional hoy no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta, los ricos y la clase media alta. El mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres a los ricos, cuyos hijos son los únicos que llegan a la universidad«, apuntó el presidente el sábado, durante el acto con el que formalizó el cambio de nombre del CCK.
Y volvió sobre la idea de las auditorías: «No quieren ser auditados, para mantener sus curros». Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) insisten en que las universidades son auditadas de manera interna y externa por la Auditoría General de la Nación (AGN), y luego se suben los resultados a las páginas web de cada institución. Pero, al mismo tiempo, apuntan que en la actualidad la AGN está desmantelada y desfinanciada por el propio gobierno que exige que las casas de altos estudios se auditen.
Lo curioso es cómo se entrecruzan de manera contradictoria las distintas justificaciones de LLA: las universidades supuestamente no tienen egresados pero al mismo tiempo están llena de ricos, son antros que no sirven pero al mismo tiempo son buenas adoctrinadoras.
Y lo que es más paradójico: si realmente el Ejecutivo concibiera a las universidades como lugares de ricos, y que el problema es que los “pobres” no se alfabetizan correctamente y no llegan a la facultad, la salida debería ser más inversión en las diferentes modalidades educativas. Pero en realidad, el presupuesto 2025 prevé menos inversión en Educación.
¿El camino para arancelar?
Si hay algo que distingue a esta época “libertaria” respecto a las anteriores es que las cuestiones se dicen de manera explícita, sin importar los argumentos, o la falta de ellos. Sin reacción contraria. Mientras se naturalizan avances contra derechos históricos del país.
Así, por ejemplo, el empresario Antonio Aracre (ex albertista, hoy cercano al gobierno) está encabezando la movida oficial para instalar la posibilidad del arancelamiento, negada en campaña.
“El gasto público universitario es muy poco eficiente medido como relación de graduados vs inscriptos. Lo que no se mide (audita) nunca mejora, todo lo contrario. Necesitamos invertir más en la Primaria y Secundaria, arancelar la universidad para quienes pueden pagarla y ser generosos con las becas para los pibes que llegan de familias humildes”, sostuvo.
El investigador Rodrigo Quiroga (Conicet – Universidad de Córdoba) reveló cómo en lo que va del 2024 apenas se ejecutó el 10% para infraestructura y equipamiento educativo, el 27% para Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica, el 2% de Mejoramiento de la Calidad Educativa, 46% de Becas Estudiantiles y nada del Plan de Alfabetización. Para el 2025 no hay montos asignados para Conectar Igualdad, Calidad Educativa ni Fortalecimiento Territorial, tres programas esenciales para las poblaciones más necesitadas.
Universidades, deciles y estudiantes
Sin embargo, el punto más absurdo del ataque presidencial (mientras crecen las tomas de facultades) es el de las familias ricas.
De acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares, dos de cada tres estudiantes de universidades públicas son decil 1-6 (los que tienen más necesidades insatisfechas, con ingresos por debajo de los 700 mil pesos a valores de hoy). Y el 48% de los estudiantes de universidades públicas están por debajo de la línea de pobreza.
“Sin universidades públicas, serían aún menores las posibilidades de que los pobres asistan a la universidad”, subraya el investigador Rodrigo Quiroga. También varía los deciles de acuerdo a la ciudad. En CABA, los deciles 1-5 en la población universitaria llega al 32%, en Mar del Plata el 36%. Sin embargo, en Corrientes es el 75%, en Jujuy y Posadas el 77%, en Salta el 78%, La Rioja el 87%, y en Santiago del Estero: 90%.
“Si de verdad le preocupara que más pobres asistan a la universidad (no le importa, es una excusa para atacar a las universidades), hubiera aumentado las becas para estudiantes. Al contrario, las desfinanciaron”, continúa Quiroga.
Y remata: “el presidente cree que las universidades son fábricas de egresados. Está equivocadísimo. Además de la docencia, en las universidades públicas se hace la mayoría de la ciencia argentina, y se hace extensión y transferencia tecnológica. Por eso se las reconoce en el mundo”.
Título universitario
Daniel Schteingart, director de Planificación Productivo de FundAr, resalta que el 68% de los estudiantes ingresantes a la universidad pública son primera generación de universitarios en sus familias: “68% de estudiantes que pueden lograr lo que sus padres no pudieron: tener un título universitario. Todo eso corre peligro hoy”.
Esto permitió, por ejemplo, que la Argentina haya pasado de tener 2% de su población con título de educación superior en 1970, al 19% hoy.
La de José C. Paz, la Arturo Jauretche, la Oeste, la Patagonia Austral y la de Formosa son las que tienen mayor porcentaje de padres y madres de estudiantes que no fueron a la universidad, luego siguen la mayoría del conurbano, las más atacadas por el oficialismo. En el otro extremo están la de Artes, la de Córdoba, la UNLP y la UBA.
También está reflejada la importancia de una universidad pública de acceso irrestricto: en los últimos 20 años quienes tienen secundario incompleto rondaron el 6% de desocupación. Quienes tienen educación superior completa, apenas el 2%.
Quien también habló fue el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti: “venimos diciendo que el Presidente quiere cerrar las universidades públicas; lo único que cambia son las mentiras con las que argumenta. Las estadísticas del gobierno indican que más de la mitad de los estudiantes universitarios son los primeros en acceder a estudios superiores en su familia. Sería bueno que se acerque a alguna clase para verlo con sus propios ojos y no a través de las redes”.
Los votantes de Milei, las encuestas y la movilidad social
La consultora Zuban Córdoba indagó acerca de qué opina la población sobre la concepción de La Libertad Avanza hacia las universidades. Los resultados hablan: el 80,7% confirma que la universidad pública “ayuda a la movilidad social”.
Incluso, entre los propios votantes de Milei, el 64,7% acuerda con esa frase.
A su vez, el 76% de las personas encuestadas rechaza la afirmación de que “los pobres no llegan a la universidad pública”. Casi el 60% de los votantes de Milei en el balotaje también rechaza esa idea.
Quiroga explica que la Ley de Financiamiento Universitario tenía un costo fiscal anual de 0.14% del PBI. Solucionar la parálisis del sistema científico, al menos el presupuesto de Agencia I+D+I, implicaría apenas el 0,006% del PBI: “la decisión es ideológica y política, no es económica”.
Hubo otra afirmación presidencial con escaso sustento, por no decir falsa. Cuando hizo referencia a los supuestos logros de los gobiernos que lideraron la Argentina hace más de un siglo, bajo el modelo agroexportador: «Producto de su propuesta educativa y del progreso económico que aquella generación liberal aseguró, algunas décadas después, Argentina se convirtió en el primer pueblo de la historia humana en erradicar el analfabetismo».
Daniel Schteingart lo remarca: “Falso (una vez más)”. Y ofrece dos datos: Argentina superó al 95% de alfabetismo en 1991, 60 años después que EEUU. Y para 1914, nuestro país todavía tenía 36% de analfabetismo: “Por ese entonces Australia tenía 15%, Canadá 10% y EEUU 8%”.
Un informe confuso
Afines al gobierno suelen exhibir un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación que analiza datos de la inequidad en el acceso a la educación superior en base a los diferentes deciles.
Sin embargo, diferentes especialistas expusieron los errores de esa metodología, tanto de falta de actualización (son datos de 2022), como de universo: toman como si fuese similar la cantidad de población de 18 a 25 años en cada decil, considerando el Decil 10, el más pudiente. A valores de hoy, sería quienes ganan de $712.000 para arriba, hasta más de $8 millones por mes.
Haciendo el análisis de cada decil, con el detalle de la población joven en cada uno, se deduce que dos tercios de los “más pobres” asisten a universidades.
Lo «curioso» es que aún tomando ese informe como punto de diagnóstico, el Ejecutivo opta por la desfinanciación del sector, en lugar de la inversión para que más personas puedan acceder.
