Por desconocimiento o por su obsesión en destruir al Estado, el gobierno de Javier Milei logró poner en la vereda de enfrente a un natural aliado: la Armada. El ataque directo que sufrió la Escuela Nacional de Pesca “Comandante Luis Piedra Buena», al adelantar el gobierno que iba a ser cerrada, generó de manera inédita que cadetes, alumnos, docentes y personal administrativo de este organismo sobresalieran entre los manifestantes que participaron este miércoles en la multitudinaria Marcha Federal contra el veto a la Ley de Financiamiento Universitario.
Tanto en Buenos Aires como en Mar del Plata, donde funciona la escuela, se encolumnaron cientos de integrantes a modo de respuesta al mensaje que bajó el contraalmirante Gustavo Príncipi la semana pasada durante una visita al lugar. Corto de reflejos, a días de la masiva marcha de la comunidad educativa, el director general de Educación de la Armada advirtió –palabras más, palabras menos– que a fin de año la institución cerraría sus puertas por falta de presupuesto.
Tiempo pudo reconstruir que en aquel encuentro Príncipi intentó aplacar los ánimos que provocó la decisión emanada del Ministerio de Defensa que conduce Luis Petri. Sostuvo que se barajan dos posibilidades: el cierre o la privatización, pero para amenizar la incertidumbre de la comunidad educativa, aseguró que el personal militar será distribuido en otros destinos; mientras que los trabajadores civiles irán a cumplir tareas a la Base Naval de Mar del Plata.
Cadetes de la Marina Mercante
“Quizá muchos no lo sepan, pero hay todo un sistema educativo (universitario, terciario y secundario) que está tutelado por las Fuerzas Armadas. En el ámbito de la Marina, la Ley 22.392 establece que la Armada Argentina tiene a su cargo, administrativamente hablando, la formación del personal superior de la Marina Mercante a través de tres escuelas: la de Náutica, creada en 1799 por Manuel Belgrano; la Fluvial; y la de Pesca”, remarca a este diario Fernando Morales, presidente de la Liga Naval Argentina, una asociación civil integrada por la Armada, la Prefectura, la Marina Mercante, la Industria Naval y la Industria Portuaria que defienden los intereses del sector.
Morales aclara que la autoridad de aplicación sería el Ministerio de Transporte, pero como no tiene una estructura académica, “la Armada administra el sistema de formación y titulación de los marinos mercantes”. Ahora, “con el cambio de paradigma político, por así decirlo, se plantea en el seno de la Armada una cuestión que probablemente venga impulsada por el Ministerio de Defensa, que es ¿por qué tenemos que formar profesionales que cuando egresan se van de la Armada a trabajar en una empresa pesquera, una empresa naviera, o se van a una empresa como Buquebús?”, analiza. Aunque con ese mismo criterio, la UBA no debería formar médicos, ni abogados que pasan a trabajar en el sector privado.
Siguiendo la línea privatista del gobierno, la Armada prescindiría de la formación del personal y solo estaría abocada a la supervisión. Tal como el Ministerio de Educación lo hace con una universidad privada al certificar los títulos. “El problema acá es que ninguna de las tres escuelas de la Marina se brindan en el ámbito privado”, resume Morales.
Todo por un millón y medio
Según estimaciones oficiales, la Escuela Nacional de Pesca le cuesta por año al Estado un millón y medio de dólares (menos del 0,5% del presupuesto de la Armada), muchos de los cuales se van en salarios. Pero si el personal será reubicado, no parecería tener sentido el cierre o la privatización con fines económicos, sino que respondería a una cuestión ideológica de achicar la capacidad del Estado.
Tiempo pudo saber que los gremios del sector y otras organizaciones civiles que siguen de cerca la problemática estarían dispuestas a impulsar un sistema por el cual los alumnos se comprometan a devolverle dinero al Estado si optan trabajar en el sector privado una vez recibidos, por ejemplo a través de becas reembolsables.
Otra de las alternativas que analizan quienes se oponen al cierre es que el Estado le otorgue a la Armada un ínfimo porcentaje más de lo que recauda por permisos de pesca y retenciones de exportaciones y que hoy destina para custodiar, conjuntamente con Prefectura, el mar y los ríos de la Argentina.
“Se trató de un anuncio que no estaba seguido de medidas concretas. Esto hizo que rápidamente docentes, no docentes y los propios cadetes o alumnos se movilizaran en defensa de la escuela», completa Morales.
También se sumaron integrantes de la Escuela de Náutica y Fluvial: temen que sean los próximos.
Un sector estratégico para el país
La Marina cuenta con la Escuela Náutica, la Escuela Fluvial y la Escuela Nacional de Pesca. No se trata solo de una tarea académica, sino también estratégica de la defensa de los intereses de los recursos del país.
Como se sabe, estos cadetes o alumnos, cuando están en las últimas instancias de sus carreras pueden ser convocados por las Fuerzas Armadas para participar de un eventual conflicto bélico. Son considerados reservistas.
“La actividad pesquera argentina es la tercera fuente de exportación que tiene el país de productos agropecuarios. Este año, que pasó al anterior, exportó por un valor de 2.000 millones de dólares, que obviamente pagan retenciones y todo lo demás, y trabajan, tanto en tierra como embarcados, alrededor de unas 100.000 personas, contando mano de obra directa e indirecta”, indica Fernando Morales.
“Argentina tiene que tener una escuela de pesca porque es una potencia pesquera. Es una actividad estratégica, no sólo por el valor de la pesca, sino porque además los 300 y pico de buques de bandera argentina son la mejor custodia que tenemos, porque la Armada o la Prefectura no tiene 300 patrulleros”, añade el especialista y resume: “La mayor cantidad de avistajes de buques ilegales es reportada por estos buques de bandera argentina con tripulación argentina, que la ley obliga a que el comandante o el capitán y la oficialidad de los buques pesqueros sea argentina”.
