Cuando el gobierno justificó los recortes en la entrega de medicamentos con descuentos del PAMI, apeló al concepto del «ahorro»: con 1000 millones que ahora pagará el jubilado, podrían construir dos hospitales. Sería plausible si el Ministerio de Salud no hubiera terminado 2016 con 7200 millones de pesos presupuestados que no utilizó. Pero el Estado tiene una posibilidad efectiva de ahorrar en remedios y salud pública: la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP). Un plan que en 2016 fue paralizado y que ahora tendrá un recorte del 50 por ciento. Además, los medicamentos subieron hasta 110% y persiste la deuda millonaria con las farmacias. Un combo que beneficia a actores privados, cercanos al Ejecutivo.
El 4 de noviembre de 2015, la jefatura de Gabinete le asignó a la flamante ANLAP creada por ley a fines de 2014 un presupuesto de 150 millones de pesos. El año pasado, Cambiemos la incorporó al Ministerio de Salud bajo el programa de «Investigación y Desarrollo de los Laboratorios de Producción Pública», pero quedó con sólo 4,72 millones. Muy poco para articular con 39 laboratorios que dependen de gobiernos provinciales y universidades, como el de Santa Fe o el de la Universidad de Córdoba. La ley habla de «adquirir soberanía» e insta al Estado a posicionar al sistema público como un importante competidor en el mercado, para contrarrestar las conductas monopólicas de los grandes laboratorios privados. No parece ayudar que el presidente Macri vacacione en un complejo de Villa La Angostura donde tiene acciones Pablo Roemmers, titular del laboratorio homónimo denunciado por la «cartelización del mercado». Hay más contactos. En 2011, Juan Tonelli, pareja de la vicepresidenta Gabriela Michetti y actual director ejecutivo de la Cámara Argentina de Medicamentos de Venta Libre, fue acusado de «lobbysta de los laboratorios» por la fiscal Mónica Cuñarro. Meses después, Macri vetó en la Ciudad la ley de regulación de medicamentos libres. Antes había vetado la fabricación estatal de medicamentos.
La Agencia estuvo seis meses sin autoridades, hasta que el 6 de diciembre el ministro Jorge Lemus se reunió con el nuevo presidente, Adolfo Sánchez de León, y habló de «sumarla a otros objetivos como la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías para trabajar medicamentos de manera holística».
Este año, el presupuesto de la ANLAP se reducirá a 83,8 millones, de los cuales 15,2 millones irán como transferencia al sector privado «para financiar gastos corrientes». El Defensor del Pueblo de la Tercera Edad, Eugenio Semino, remarca que la producción pública de medicamentos está «absolutamente» paralizada: «No se fomenta desde el Estado porque hay una financiación del sistema político por parte de los laboratorios. El mejor ejemplo lo tenemos en las campañas electorales.»
Durante el segundo semestre, con la ANLAP sin funcionar, el Plan Remediar profundizó su recorte del 40%, y el gobierno lanzó la «Cobertura Universal de Salud», cuya licitación de insumos no tuvo en cuenta la Ley Compre Nacional. También se agudizó la falta de medicamentos para enfermedades como tuberculosis y VIH. Ante la reciente queja formal de la Sociedad Argentina de Infectología por la ausencia de pirazinamida e isoniacida, Salud informó sobre un acuerdo con la Productora Zonal de Medicamentos de Río Negro. Por la demora de casi un año, la entrega recién se normalizaría en abril.
Al mismo tiempo, PAMI sigue adelante con su política de ajuste en la entrega de remedios con 100% de descuento. Semino advierte que si a algún jubilado le quitan el descuento y debe cortar su tratamiento por no poder afrontarlo, «se estaría cometiendo cuasi un delito penal, lo que generaría amparos judiciales».
Lo que más perturbó en 2016 el presupuesto del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados fue la suba de los medicamentos. En un año, la marca más recetada de atenolol aumentó un 107%; los diuréticos, 82%; y anticoagulantes, hasta el 95 por ciento. Todos para enfermedades crónicas. Según Semino, «el problema de fondo» es la entrega de remedios, por la deuda con las farmacias que ronda los $ 2000 millones. «El PAMI hace una compra mayorista a la industria en base a una estimación mensual grafica Rubén Sajem, presidente de la Sección de Farmacéuticos del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital. Pero desde que asumió Regazzoni se agudizaron los problemas en el suministro. Se pretende que las farmacias los entreguen gratuitamente a los afiliados de PAMI, pero los cobran con 120 días de atraso, cuando deben pagarlos a sus droguerías proveedoras en un plazo que no supera los 15 días.»
Actualmente el 51% de la facturación del PAMI se genera en apenas el 15% de las 15 mil farmacias del país. Las principales afectadas denuncian son las pequeñas y medianas. Sajem apunta a la concentración cada vez mayor en grandes cadenas, que pueden solventarse vendiendo otros productos. Las miradas apuntan a Farmacity y su expresidente, Mario Quintana, hoy coordinador interministerial del gobierno. La cadena cuenta con más de 260 sucursales y una facturación anual superior a los $ 7500 millones. Años atrás encararon una denuncia multimillonaria contra laboratorios y medianas farmacias, acusándolos de hacerle pagar a Farmacity más comisión que al resto, en los medicamentos para jubilados. La gestión del FpV rechazó ese reclamo, pero en septiembre, con el gobierno Pro, se reflotó. Debe decidir la Secretaría de Comercio, dirigida por Miguel Braun, ex socio de Quintana en la empresa Pampa Cheese.
En abril de 2016, la industria farmacéutica le condonó una deuda de 1600 millones al PAMI, a cambio de prorrogar el contrato entre ambos hasta este 31 de enero. Semino reclamó que se incorpore a la discusión la fabricación estatal de medicamentos: «Sigue vigente la ley de genéricos de la que nadie habla, a pesar de que valen el 30% de cualquier específico.» Los farmacéuticos remarcan que «la situación es insostenible», y que si el nuevo convenio no los incluye y la deuda no se arregla, volverán a cortar la atención en febrero, como ocurrió en Navidad. Sajem concluye: «Nosotros podemos aportar en el uso racional de los medicamentos, intervenir en la polimedicación que es habitual, evitar que los que entrega el PAMI no sean para el uso del afiliado. Pero nunca fuimos escuchados.» «
El Fondo Pegasus: ganancias y usina de funcionarios
«Hoy el PAMI está ayudando a que se genere una concentración de la dispensa de medicamentos en las farmacias grandes, que tienen más capacidad financiera. Muchas pequeñas y medianas ya dejaron de atender, cosa que a las autoridades parece no preocuparles», expresa Rubén Sajem, del Colegio de Farmacéuticos de la Ciudad. La más beneficiada es Farmacity, fundada por Mario Quintana (foto), actual secretario de Coordinación Interministerial. Fue uno de los denunciados por el «dólar futuro»: compró 1,48 millón de dólares en septiembre de 2015. Y en las primeras semanas de gobierno PRO, el Gabinete del que forma parte devaluó un 40% la moneda. También se lo acusó de que en agosto, la productora de quesos Pampa Cheese, creada por él, Gustavo Lopetegui y Miguel Braun, se favoreció con el faltante de manteca, además de la baja de retenciones.
Según estimaciones de la Confederación Farmacéutica Argentina, desde que arrancó Farmacity hace 20 años, se cerraron 1700 farmacias de barrio. En la provincia de Buenos Aires, la farmacia no es un comercio sino un servicio público. Por eso la Corte bonaerense le prohibió el ingreso este año a Farmacity, que tenía la venia del gobierno de Vidal. El 40% de su facturación proviene de productos que no son remedios.
La cadena forma parte del Fondo Pegasus, que incluye a Freddo y al Tortugas Open Mall. En enero anunciaron que volverían a invertir en el rubro inmobiliario, tras una pausa de cuatro años, a través de Rukán Desarrollos. Por ejemplo, con la segunda torre Dosplaza en Caballito, junto a la constructora Caputo. Pegasus se transformó en una usina de funcionarios de Cambiemos: Natalia Zang es evaluadora de Proyectos con Financiamiento Externo del área de Quintana; Juan Procaccini está al frente de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional; Gabriel Castelli es secretario de Coordinación del Ministerio de Desarrollo Social; y Manfred Hang Kuchen, asesor legal de la Secretaría de Innovación y Calidad Educativa del Ministerio de Educación.
El interventor revisará «caso por caso»
Según anunció Regazzoni, no tendrán el 100% de descuento los jubilados que tengan yates. También englobó a quienes cobren más de 8500 pesos, tengan una prepaga o un auto de menos de diez años de antigüedad.
