Paula Carranza es la abogada del detenido Lucas Emmanuel Barnao, de 38 años, que permanece detenido en el pabellón 3 de la cárcel de Devoto -dependiente del Servicio Penitenciario Federal (SPF)-. Denuncia que su defendido tiene un cáncer avanzado y no recibe tratamiento oncológico. Pidieron al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº16 de la Capital Federal, que tiene su tutela, que le otorgue el arresto domiciliario con extrema urgencia. Sin embargo, estos magistrados -durante los últimos días- tomaron la decisión de derivar el incidente al Juzgado de Ejecución Penal.
La letrada que representa al detenido alega que el hombre sufrió abandono de persona y por ese motivo contrajo un cáncer linfático de Hodgkin avanzado. Ante esta gravísima situación, dos meses atrás, la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) acompañó el pedido de la letrada y se presentó ante los jueces como “Amicus Curiae”; pero tampoco tuvo eco.
Crueldad del encierro punitivo
Lucas Emmanuel Barnao tiene una enfermedad muy grave, «seguimos insistiendo con el incidente de prisión domiciliaria. Pero continúan dilatando el asunto, la fiscalía pide que los médicos determinen si la enfermedad es terminal o no», contó Carranza, a Tiempo.
Solo con verlo «te das cuenta de que se está muriendo, literalmente», denunció la letrada. En los últimos meses, «bajó más de 20 kilos, no come, permanece con fiebre durante semanas y lo están manteniendo a ibuprofeno», describió sobre el estado de salud del hombre.
En esta línea, los informes confeccionados por los organismos de Derechos Humanos provinciales y nacionales indican que la primera causa de muerte en todos los establecimientos penitenciarios del país es la falta de atención médica.
Hace dos semanas pidieron «un traslado urgente extramuros para que le hagan un chequeo completo, todavía no me lo respondieron», reclamó Carranza. También dijo que interviene el Juzgado Federal 22 de habeas corpus, «por un incidente que presentó mi defendido por derecho propio, hablé con el juez y me dijo que está haciendo todo lo posible; es el tercer incidente habeas que presentamos».
Negación del acceso a la salud
Además, mantuvo una charla con los miembros del Tribunal 16. «Me dijeron que hay que atenerse a lo que dice el fiscal», señaló la letrada. Y también le informaron que estaban pidiendo otros estudios médicos «A mi defendido le tienen que hacer una resonancia, es un estudio que determina el estadio de la enfermedad, lo tiene que ver un oncólogo, pero el turno que le dieron es para el mes que viene y se está muriendo».
Entonces, «como no está determinado técnicamente que la enfermedad sea terminal no me aprueban la prisión domiciliaria», detalló Carranza. Pero lo más urgente «es que lo vea un oncólogo y que empiece un tratamiento, hace ocho meses que está con este terrible estado de salud tirado en la cárcel», denunció.
Finalmente, la semana pasada el TOC 16, «en un amplio acto de inhumanidad total, se lavaron las manos, dilataron el tiempo lo que más pudieron con el incidente de la prisión domiciliaria y decidieron derivarlo al Juzgado de Ejecución Penal para que resuelva», aseveró la abogada.
Prisión domiciliaria para un cáncer terminal
Cabe destacar que la prisión domiciliaria es una de las medidas alternativas a la cárcel que están estipuladas en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas; sobre las Medidas No Privativas de la Libertad (Reglas de Tokio). Y, en un caso como el de Lucas Emmanuel Barnao, es necesaria su aplicación.
La letrada denuncia encarecidamente que la situación del detenido «es inhumana y muy cruel porque nunca tomaron con seriedad el problema de salud que tiene a causa del abandono de persona que el Estado hizo con él. Así, todo fue empeorando y el cáncer se convirtió en terminal porque no se la trató a tiempo; su caso muestra un gran desprecio por la vida humana», finalizó Carranza.
