Los metrodelegados advirtieron que si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Caba) y la empresa Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) «no retiran los vagones contaminados con asbesto y no llaman a licitación para la compra de nuevas unidades, nos veremos obligados a tomar medidas».

Así lo adelantó el secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, Roberto Pianelli. «Pusimos como fecha tope el 1 de marzo para que el gobierno de la Ciudad y Sbase llamen a licitación para la compra de nueva flota para el subte; si no cumplen nos veremos obligados a tomar medidas de autodefensa», aseguró. 

De esta forma, el dirigente gremial se refirió a las demoras que se registraron esta mañana en los subtes porteños y explicó que «no se debe a medidas de fuerza».

“La retención que se realiza de parte nuestra es en cumplimiento del fallo de la jueza (Elena) Liberatori. Pero las demoras no son por eso, las demoras son por los procesos de quita del amianto (asbesto) que tiene que realizar Sbase”, aclaró.

El sindicalista indicó además que «son el gobierno de la Ciudad y Sbase quienes tendrían que explicar a los usuarios los motivos de las demoras” y puntualizó que “las demoras se producen porque Sbase no está cumpliendo”.

«Todo lo que es contacto o tocar materiales con amianto o asbesto, que es lo mismo, no lo estamos haciendo porque la ley lo prohíbe. Hemos tomado esta medida desde hace tiempo reclamando que no exista más ese veneno en las formaciones del Subte», concluyó Pianelli.

La presencia de piezas con asbesto en el subte de la Ciudad de Buenos Aires fue alertada por los metrodelegados, quienes -desde un primer momento- reclamaron que la empresa concesionaria del servicio y el gobierno porteño presente un plan para retirar el material, calificado como cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A través de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), el gobierno de la Ciudad demandó el año pasado ante la Justicia española al Metro de Madrid por la venta de vagones con asbesto, y pidió un resarcimiento de 15 millones de euros.

Según se informó, en la demanda de 84 páginas, se afirmó que la venta de 36 vagones CAF 5000, destinados a la línea B del subte porteño, fue «una actuación incalificable, ilícita, irresponsable y de mala fe» por parte del Metro de Madrid.