El Penal de Olmos se convirtió en el escenario de una jornada histórica. El miércoles 28 de diciembre, se realizó por primera vez una mesa de diálogo entre los detenidos y los tres poderes del Estado. Los organizadores del encuentro indicaron que hubo dos ejes: uno relacionado con la legislación vigente, donde se rechazaron las reformas de las leyes 24.660 y 12.256 de Ejecución Penal nacional y provincial y al mismo tiempo, pidieron la derogación de las denominadas leyes “Blumberg” (25.886, 25.882 y 25.891); por otro lado, los participantes reclamaron que se respete la dignidad humana en situación de encierro.

Silvio Romero, alojado en la Unidad Penitenciaria N° 31 de Florencio Varela, puntualizó la situación de sobrepoblación y hacinamiento que se vive en las unidades bonaerenses. Como ejemplo, indicó que la Unidad N° 31 tiene capacidad para 331 personas, pero actualmente hay 995.

“Ésta situación genera la imposibilidad de garantizar los derechos mínimos a la salud, educación, trabajo y seguridad. Se generan depósitos de personas, donde quienes están, sobreviven”, aseguró Romero, quien destacó que “la mayoría de las unidades no tiene un médico de guardia ni equipamiento sanitario adecuado para la pronta atención de cualquier emergencia”. En ese sentido, recordó que durante 2015 murieron 145 detenidos por enfermedades “curables”.

Romero también precisó sobre la falta de procuradores en las cárceles, lo cual genera la imposibilidad de llevar adelante cualquier tipo de demanda, y estimó que la ausencia de vehículos complica la continuidad de la educación y el acceso a la salud y la justicia. “Pusimos el cuerpo por estos reclamos, más allá de que muchas veces pasemos hambre, ésta vez fue por decisión propia. Expusimos a nuestras familias, las cuales se movilizaron por estas situaciones. Solicitamos una continuidad de esta mesa y la garantía de que no recibiremos represalias”, concluyó.

Luego expuso Ricardo Colman, quien cumple condena en la Unidad Penitenciaria N° 9 de La Plata. Pidió la realización de “estadísticas sobre las repercusiones que tuvieron las reformas penales en el contexto de encierro porque no es enfrascando la delincuencia como vas a solucionar la inseguridad, porque es un problema social”.

A su turno, Cristian Saavedra, presidente del centro de estudiantes de la Unidad N° 9, comunicó los once puntos que decidieron junto a sus compañeros para que se respete la dignidad de “lxs pibxs privadxs de su libertad”.

Martín Muñoz, presidente del centro de estudiantes de la Unidad Penitenciaria N° 1 de Lisandro Olmos, solicitó que “se oficialice y se institucionalice la mesa” y remarcó que “la pelea no es sólo por la provincia de Buenos Aires, sino por todos detenidos del país. Queremos la modificación del Código Penal. Tenemos que dejar de lado las recetas de la mano dura que sólo aumentaron los índices de reincidencia y fueron contra la dignidad de los presos”. Advirtió que para que “no se castigue a quienes motorizaron esta lucha, ni se desarme los centros de estudiantes mediante traslados u otras medidas”.

También participó del encuentro Viviana Blanco, presidenta del centro de estudiantes de la Unidad Penitenciaria N° 8 de Los Hornos, quien habló sobre la vulneración de los derechos de las mujeres en el contexto de encierro, haciendo especial hincapié en las embarazadas y las madres con hijos menores de 5 años.

El director de Política Criminal del Ministerio de Justicia bonaerense, Fabián Arévalo, se comprometió a la realización de un acta de compromiso para institucionalizar esta mesa de diálogo.

Por la Comisión por la Memoria, Roberto Cipriano García, optó por hablar de la situación vivida durante la huelga en el Penal de Olmos, cuyo director le manifestó que no podían ingresar a los pabellones porque no se les podía garantizar su seguridad, “postura que es claramente reproductora de violencia y que en la búsqueda de soluciones no debe repetirse”, analizó.

Representando a un sector del Poder Judicial, el juez del Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Necochea, Mario Juliano, celebró la realización de esta iniciativa y mostró su interés para que la se sostenga y se formalice. De la misma manera, criticó algunas posturas de la justicia.

Ignacio Fernández Camillo, de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, expuso sobre la importancia de reclamar mejoras en el sistema penitenciario que se traduzcan en más dignidad para las personas. A su vez, pidió el cumplimiento de la legislación existente y rechazó las reformas legislativas que pretenden aplicar medidas inconstitucionales. Por último, resaltó que el Ejecutivo debe acompañar la problemática con la asignación de presupuesto.

Además, participaron del debate el subsecretario de Protección de Derechos Humanos, Sebastián Javier Pereiro; la directora provincial de Derechos Humanos, Daniela Inés Esmet; el director del Centro de Recepción de Denuncias y Asistencia a las Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos, Martín Ignacio Borrazas; el director del Penal de Olmos, Hugo Piedrabuena y el director de Asistencia y Tratamiento del Servicio Penitenciario Bonaerense, José Castillo.

Por el poder legislativo, también estuvo Víctor Hortel, como asesor del diputado provincial por el Peronismo para la Victoria, Gustavo Di Marzio. Por el poder judicial, participó Martín Lorat representando a la subsecretaría de Derechos Humanos de la Suprema Corte bonaerense; Noelia Vaccarini de la Defensoría de Casación provincial; y el juez de Ejecución Penal de Quilmes y director de Asociación Pensamiento Penal, Federico Merlín, entre otros.