Desde el regreso de la democracia, el movimiento de Derechos Humanos no solo se planteó el juzgamiento de los responsables de los crímenes que se habían perpetrado durante la dictadura cívico-militar restaurando el Estado de Derecho y poniendo a todos los individuos en pie de igualdad frente a la ley, sino que también, a través de múltiples y creativas estrategias, se propuso incidir para mejorar los mecanismos democráticos.
Quiénes eran ascendidos dentro de la estructura de las fuerzas armadas o de las de seguridad o el nombramiento de funcionarios vinculados a violaciones a los Derechos Humanos han estado y seguirán estando dentro de la agenda de los organismos. Desde Memoria Abierta y en apoyo de un proyecto iniciado por el colectivo de periodistas Sin Fin, creemos que esta mirada también debe enfocarse en la calidad de las leyes que tenemos.
Un 10% de la legislación vigente en la Argentina fue sancionado durante la época del terrorismo de Estado, lo que constituye un considerable caudal de leyes que portan la impronta y el ideal de sociedad perseguido por los responsables y ejecutores del golpe de Estado.
Desde Memoria Abierta nos propusimos acompañar el ejercicio periodístico que tienda a dar visibilidad a temas que, por su profundidad, son omitidos en la agenda de los medios o los que son incorporados con un enfoque regresivo para los Derechos Humanos. En este caso, el acceso y la puesta a disposición de información clara y precisa permite conocer cuál fue la agenda legislativa planteada por la dictadura y cuáles de esos proyectos se convirtieron en leyes que siguen regulando la vida de una sociedad que hace ya casi 34 años vive en democracia. No se trata este de un proyecto únicamente de estudio y análisis, sino que se inscribe en la lógica creativa y consecuente que ha caracterizado a los organismos en nuestro país y procura generar una agenda sobre las deudas que aún mantiene el sistema democrático, buscando promover su adecuación con los estándares internacionales de Derechos Humanos. «
