El Reino Unido y la Unión Europea dejaron el Brexit de lado por un objetivo común: poner límites a la hegemonía de Google y Facebook o, al menos, hacerse partícipes de sus beneficios. La última semana, la patronal de medios gráficos británicos pidió al gobierno de Theresa May que imponga un impuesto anual a las principales plataformas digitales para «financiar el periodismo», y propuso la creación de un organismo regulador que las obligue a asumir su responsabilidad por los contenidos distribuidos. A principios de septiembre, el Parlamento Europeo había dado luz verde a un proyecto similar que buscará su aprobación definitiva en 2019. La disputa no es tanto por el control de la información, sino por quién se queda con el dinero que genera.
En diez años, la industria gráfica británica vio cómo la inversión publicitaria cayó un 70%, de 4600 millones de libras en 2007 a 1400 millones en 2017. En el mismo período cerraron unos 300 periódicos locales o regionales y perdieron su empleo unos 6000 trabajadores de prensa. Los medios siguieron siendo importantes: aún hoy ocho de cada diez noticias compartidas en redes sociales en el Reino Unido salen de las principales usinas informativas, pero sus dueños no saben cómo rentabilizarlo. En una década, sus beneficios se redujeron a la mitad, desde los 6800 millones de libras a unos 3600 millones.
Los datos provistos por la consultora Mediatique a pedido del gobierno del Reino Unido describen el panorama de una industria cuyo modelo de negocio implosionó hace muchos años, aunque sus empresarios se resistan a reconocerlo. Pero para la élite política el referéndum que definió el Brexit fue demasiado. Sus socios históricos habían perdido el termómetro de la opinión pública y había que tomar cartas en el asunto. En marzo, la Secretaría de Estado de Cultura, Medios, Internet y Deportes encargó a la experimentada periodista económica Frances Cairncross que investigue la sustentabilidad de la prensa británica y proponga medidas para garantizar su buen funcionamiento.
Cairncross tomó el informe de Mediatique y abrió el juego a propuestas. La primera en llegar fue de la patronal de medios de comunicación que planteó un impuesto a Google, Facebook y las principales redes, y la creación de un organismo regulador que obligue a las plataformas a asumir su responsabilidad por los contenidos distribuidos y a ser más transparentes con el funcionamiento de sus algoritmos. También, aprovechando la oportunidad, pidieron exenciones impositivas.
El reclamo es similar al proyecto planteado en el Parlamento Europeo, que también promovía que los medios pudieran cobrar una tasa a las redes sociales y buscadores por citar sus artículos, al tiempo que los forzaba a aumentar los filtros para evitar violaciones a los derechos de autor. A pesar de que varios eurodiputados expresaron su preocupación por la restricción a la libertad de expresión que esto podría generar, la moción fue aprobada en primera instancia . Deberá sortear un proceso de consultas antes de su sanción definitiva.
Qué hay de nuevo
«Los que producen contenido siempre negociaron con todos los eslabones del proceso de distribución y comercialización para quedarse con un mayor porcentaje de la rentabilidad. Antes lo hacían en una posición de fuerza mayor, como pasó con los canillitas a quienes le bajaron su porcentaje histórico, y ahora están en condiciones de debilidad frente a las plataformas», explica Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Información y especialista en medios.
No es el primer intento que hacen en Europa para cobrar a las plataformas. En España, una ley de 2014 hizo que Google News dejara de funcionar en el país. Aunque el impuesto no llegó a cobrarse y, en abril de este año, el Tribunal Supremo lo anuló por un error en la fórmula de cálculo de la tasa.
«Esta iniciativa es distinta porque la industria de medios de Inglaterra es más fuerte y contagia más fácilmente a Estados Unidos. Además, hace cinco años la discusión pública y política de los gobiernos de los países centrales no estaba fijada en las plataformas, y hoy sí», añade el profesor de las universidades de Quilmes y Buenos Aires, en alusión a las denuncias contra las principales redes sociales por su difusión de noticias falsas y el uso de sus bases de datos para incidir en campañas electorales.
«A mí la ley de copyright del Parlamento Europeo me parece súper peligrosa. Porque les da un poder enorme a las plataformas sobre qué contenido queda y cuál no. Como cuando Facebook avanzó en sus alianzas con organizaciones de chequeo que determinan qué contenido es considerado noticia. Y eso siempre termina en casos de censura», agrega Natalia Zuazo, periodista especializada y consultora en comunicación digital. Por otro lado, «lo primero que quisieron los medios es crear su propia agencia para comercializar publicidad, pero dado el poder que tienen las plataformas eso fracasó. Entonces vieron que, o se unían al monstruo, o fracasaban. La idea del impuesto puede abrir un debate interesante, porque habilita muchas preguntas: ¿cuál es el organismo encargado de recaudar y de repartir? ¿Con qué criterio lo hará? Porque lo interesante es que ese dinero incentive plataformas, negocios o propuestas alternativas a las que ya hay», plantea la autora del libro Los dueños de Internet.
Becerra comparte esa mirada y cree que la regulación inevitablemente debería estar en manos del Estado. «La posición dominante de los medios también debería discutirse en este marco. Porque nos interesa que haya una economía menos injusta de las plataformas respecto de los medios de noticias, pero para proteger el periodismo y la pluralidad, no para reproducir esa asimetría», señala.
Periodismo y política, se sabe, comparten causas y azares. La investigación sobre los aportantes truchos a las campañas y las denuncias de los arrepentidos dejaron al descubierto los mecanismos ilegales del financiamiento de la política. La revolución digital ahora expone a los medios tradicionales, que siempre procuraron ocultar sus fuentes de ingresos para evitar confirmar las sospechas sobre los intereses ocultos en sus artículos. La salida, una vez más, parece venir de la mano de los medios autogestionados y el financiamiento de los lectores, que permiten con su apoyo plantearse problemas como estos frente a su audiencia. «
Maniobra en la defensoría
El miércoles se reunió por primera vez en el año la Comisión Bicameral de seguimiento de la Ley Audiovisual controlada por el oficialismo. Allí resolvió nombrar a Emilio Jesús Alonso como responsable transitorio de la Defensoría del Público. La oposición cuestionó el nombramiento porque se aprovechó la mayoría para imponer un candidato del que no se conocen antecedentes, salvo que es un joven abogado de 32 años que con la asunción de Macri comenzó a trabajar en la Secretaría General de la Presidencia.
Otro ataque
Facebook reconoció el viernes una nuevo ataque informático que expuso la información de unas 90 millones de personas. La compañía fundada por Marck Zuckerberg dijo no saber quién está detrás del ataque o si los atacantes lograron utilizar algún tipo de información de las cuentas espiadas. El gobierno estadounidense comprobó que varias consultoras políticas habían conseguido información privada de usuarios de Facebook para uso electoral.
