La discusión sobre una alimentación saludable en nuestro país unificó criterios en la sesión especial que se llevó a cabo este jueves en el Senado de la Nación, donde se aprobó el proyecto vinculado al etiquetado frontal de alimentos. La Cámara Alta tratará esta tarde la iniciativa que busca blindar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Sistema Integrado Previsional.
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El proyecto de promoción de la alimentación saludable contó con 64 votos afirmativos y 3 votos negativos por parte la tucumana Silvia Elías de Pérez (UCR), su par del Frente de Todos Beatriz Mirkin y la riojana Clara Vega. Durante las exposiciones individuales, la senadora del Pro, Gladys González expresó: “Se trata de reconvertir la industria de los alimentos y no de destruirla, de darle lugar en las góndolas a los alimentos sanos y de que los consumidores tenemos el derecho de conocer, de acceder a información clara acerca de lo que comemos”.
En tanto, la oficialista Silvina García Larraburu señaló que “esta norma es fundamental para reducir las enfermedades crónicas y cardiovasculares. Este proyecto busca garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada brindando información nutricional simple y comprensible».
Por su parte, Anabel Fernández Sagasti señaló: “Tenemos la obligación de incluir a la Argentina entre los países que están luchando para evitar enfermedades no transmisibles como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, y el gran costo al sistema de salud que esas enfermedades acarrean».
En el caso de Elías de Pérez, la postura fue en contra por considerar que “el azúcar es un nutriente natural y orgánico y en este proyecto no se hace distinción entre el azúcar total y el azúcar agregado, entonces, cualquier producto con pocos gramos de azúcar llevará un sello de advertencia que diga que no lo consuman”. En el mismo sentido, marcó su postura Mirkin que también es oriunda de la provincia con industria azucarera.
El texto se trabajó en la Comisión de Salud que preside el radical Mario Fiad, donde pasaron 23 expositores desde distintas miradas y posiciones que dieron sus opiniones además de las áreas de gobierno con competencia en el tema, como son salud, agricultura e industria.
La propuesta tiene como objetivo garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada a partir de la promoción de una alimentación saludable, brindando información nutricional simple y comprensible de los alimentos envasados y bebidas analcohólicas, para promover la toma de decisiones asertivas y activas, y resguardar los derechos de los consumidores.
Entre varios puntos, se debe advertir sobre los excesos de componentes como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías, a partir de información clara, oportuna y veraz; y promover la prevención de la malnutrición en la población y la reducción de enfermedades crónicas no transmisibles. Quedan obligados a cumplir con la norma “todas las personas, humanas o jurídicas, que fabriquen, produzcan, elaboren, fraccionen, envasen, encomienden envasar o fabricar, distribuyan, comercialicen, importen, que hayan puesto su marca o integren la cadena de comercialización de alimentos y bebidas analcohólicas de consumo humano” en todo el país.
La sesión pasó a cuarto intermedio para este viernes a las 14, donde continuará con el tratamiento del proyecto de ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Sistema Integrado Previsional, que contempla la refinanciación de las deudas que las provincias tienen con la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses). El proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados el 25 de septiembre en la sesión marcada por la inconducta dentro del recinto “virtual” del salteño Juan Ameri, que le valió su renuncia como diputado nacional.
La iniciativa presentada por el gobierno nacional establece que no se usarán los recursos de este fondo de la Anses para pagar la ley de reparación histórica, que abarca a unas 900 mil personas. Asimismo, propone que se transfiera la responsabilidad del pago al Ministerio de Economía para que el Tesoro abone la deuda con quienes tienen que cobrar mes a mes este resarcimiento.
