A 27 años de la Masacre de Wilde, la viuda de uno de los asesinados por la Policía Bonarense reclama que la Justicia patea el inicio del juicio a los responsables. “Desde que empezó la pandemia vienen postergando la audiencia preliminar en la que nos colocarían fecha de juicio. Venimos reclamando justicia hace más de un cuarto de siglo al Tribunal Oral Criminal N° 3 de Lomas de Zamora”, repasó Raquel Gazzanego, viuda de Edgardo Cicutín, que resultó víctima de la balacera policial.

La mujer contó que hace tiempo vienen hablando con los secretarios del Tribunal y que estos les dicen que están trabajando en el tema. “No solamente en nuestra causa sino en todas las que tienen a la espera de algún tipo de resolución”.

Gazzanego es representada por el abogado Ciro Annicchiarico, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El letrado en 2020 realizó una presentación donde le pidió al Tribunal que ponga una fecha tentativa antes de que termine el año. Lo hizo con el fin de tener una audiencia preliminar para 2021. Sin embargo la justicia no le dio ninguna respuesta.

“También pedimos que digitalicen los cuerpos de de la causa que están en el Tribunal de Lomas de Zamora”, contó Gazzanego. Y detalló que les dijeron “están dañados por el tiempo, por una inundación que hubo en los sótanos y por las ratas que se comieron parte de los papeles”.

“Si no pueden recuperar todo, que se las pidan a los Tribunales de La Plata donde se lleva adelante el civil, ahí está completa”, aseguró la viuda.

A finales de octubre del 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se puso en contacto con los familiares de las víctimas para retomar su actividad respecto de la Masacre de Wilde. “En octubre del año pasado les enviamos una suerte de peticiones que ellos nos solicitaron. Proponen que tengamos una solución amistosa con el gobierno argentino”, agregó Gazzanego.

“Cuando le respondimos a este organismo internacional, le dijimos que la solución amistosa no debe impedir que se realice el juicio. Porque queremos justicia. El pasado 19 de diciembre nos llegó un e-mail de la CIDH diciéndonos que ya se pusieron en contacto con la presidencia nacional”, finalizó Gazzanego.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Subsecretaria de de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Avellaneda invitan a un acto este martes, cuando se descubrirá un cartel de señalización de la Masacre de Wilde. El mismo se realiza a las 18 horas en la intervención de Avenida Bartolomé Mitre y Avenida Ramón Franco, en el partido bonaerense de Avellanada. Es la segunda que se coloca como parte de una política de hechos de violencia institucional que se aplicará de manera federal en todo el país. La primera fue, en diciembre pasado, en San Miguel del Monte.

El caso

El hecho de gatillo fácil ocurrió el 10 de enero de 1994: cuatro inocentes asesinados a balazos por once oficiales de la ex Brigada de Investigaciones Lanús de la Policía Bonaerense. Aún no hubo condena para los acusados, un grupo de uniformados que perseguía a supuestos delincuentes que iban en dos autos, huyendo de un presunto robo a una sucursal del Banco Galicia. Luego dijeron que los sospechosos transportaban cinco kilos de cocaína. Los uniformados dispararon 270 balas.

Edgardo Cicutín, entonces de 33 años, padre Natalia que tenía 8 años y de Gonzalo de apenas 8 meses, vendía libros para la editorial Cisplatina. Se movía en un Dodge 1500 que era conducido por Claudio Díaz, quien sobrevivió a la balacera policial. Las otras víctimas fueron el remisero Norberto Corbo y sus pasajeros, Claudio Mendoza y Héctor Bielsa, quienes viajaban a bordo de un Peugeot 505.

Los once policías prestaban servicio en la Brigada de Lanús, cuyo subjefe era el comisario Juan José “El Lobo” Ribelli, detenido, procesado y luego absuelto por el atentado a la mutual judía AMIA. En un momento hubo una elevación a juicio oral para ocho policías, acusados de ser los autores materiales de los cuatro homicidios: Roberto Mantel, Osvaldo Lorenzón, Eduardo Gómez, Pablo Dudek, Marcelo Valenga, Marciano González, Julio Gatto y Hugo Reyes. Sin embargo, todos fueron absueltos. Otros dos, César Córdoba y Carlos Saladino, fallecieron en los últimos años. Marcos Ariel Rodríguez, que estaba prófugo, fue capturado en noviembre de 2014 en la ciudad cordobesa de La Falda, detenido por rebeldía a la autoridad y no por los crímenes perpetrados en 1994.

Luego de tantos años de impunidad, familiares y allegados exigen justicia. Explican que después de tanto tiempo los testigos van muriendo de viejos. Pero lo que está claro es que los policías violaron todos los límites impuestos por la Ley y su propio protocolo de procedimiento: se movilizaban en autos particulares y con ropa de civil. El cabo Rodríguez, en tanto, no debió haber formado parte del operativo porque en ese momento se encontraba apartado de la fuerza por un incidente ocurrido en 1993.