Las familias Carbo y Roldán llevan cuatro décadas viviendo en un campo de Marcos Paz. Sembraban, cosechaban y araban hasta que falleció el dueño de la tierra. El campo fue vendido –con ellos adentro- a un segundo propietario, que también murió. Sus herederos ahora impulsan un desalojo, fechado para la semana que viene. Los grupos familiares crecieron con el paso de los años y ya son ocho familias, con siete menores, gente mayor y personas discapacitadas. Reclaman que se les reconozca el tiempo trabajado y vivido allí durante años. Hasta el momento, no obtuvieron respuesta y decidieron visibilizar su reclamo con un corte de ruta.

“Hace 40 años que vivimos, cuidamos y trabajamos en este campo. Hoy nos quieren dejar en situación de calle sin escuchar nuestros justos reclamos, y luego de habernos negado la posibilidad a una defensa legal como corresponde y presentar las pruebas de que no somos usurpadores sino trabajadores a los que se les adeudan salarios, aportes e indemnizaciones, y a los que se nos ocultó la venta de las tierras donde construimos nuestras casas con el esfuerzo de toda una vida”, plantearon las familias, que realizaron un corte de la Ruta 6, “para denunciar a los responsables de este atropello al servicio de la especulación inmobiliaria».

“Mis papás están hace 40 años en estas tierras. Trabajaron con uno de los dueños, cuando esto era una quinta de verduras. Luego el patrón falleció. Compró la tierra otro hombre, amigo suyo, abogado y prestamista. Compra las tierras a espaldas nuestras, no se dio cuenta que comprando la tierra, compa la deuda que había hacia nosotros. Él falleció y ahora nos quieren desalojar los hijos”, contó Sandra Carbo desde la ruta. “El primer dueño no le pagó a mi papá ni a mi vecino, los dejó sin trabajo, les debía plata, no tuvieron aguinaldo, los dejó sin un peso cuando falleció. Era trabajo informal”.

“No somos usurpadores, como nos tratan el comprador y en las noticias. Tenemos los documentos, los servicios que estamos pagando hasta que vinieron a arrancar los cables, tenemos muchos testigos. No vinimos de un día para el otro. Hasta hace poco había sembrado, pero los herederos tampoco dejan sembrar. Lo que queremos es que se indemnice a nuestros padres. Que se les reconozcan sus derechos”, planteó la mujer, que vive junto a su familia en las casas de material que construyeron a lo largo de décadas en el campo en disputa.

“Nos dieron plazo hasta el 23. El desalojo fue anunciado hace como una semana. Ayer fuimos a hablar con el abogado y nos dijo que tenemos estos días para irnos. No nos quieren reconocer nada. Nos acercamos al Municipio pero no nos dan solución, dicen que es algo privado y no se pueden hacer cargo. Fuimos a Niñez, a Defensoría del Pueblo. Este corte es el último recurso”, lamentó desde la protesta, apoyada por el Polo Obrero y Marabunta, entre otras organizaciones.