“A pesar de la falta de información clara de la empresa para determinar los derechos que se podrían haber visto vulnerados, la información disponible sugiere que estos derrames han afectado el derecho al agua y el derecho a un medio ambiente limpio, sano, sostenible y libre de sustancias tóxicas. Además, potencialmente, puede verse afectado el derecho a la salud y la alimentación de personas expuestas a sustancias peligrosas», dice el experto de la ONU Marcos Orellana sobre el accionar de Barrick Gold en su mina Veladero, de San Juan. Orellana, que accedió gentilmente a contestar las preguntas de Tiempo desde su oficina en la American University Washington College of Law, tiene el kilométrico título de «relator especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos», un cargo que lo habilita a formar parte de los llamados «procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos», que no es otra cosa que el mayor órgano de expertos independientes en la materia de la ONU. Con esa reputación a cuestas, Orellana, junto a Fernanda Hopenhaym (presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los Derechos Humanos y las empresas transnacionales y otras empresas) y David R. Boyd (relator especial sobre la cuestión de las obligaciones de Derechos Humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible), realizó un informe sobre la gestión de Minera Argentina Gold SRL, una empresa subsidiaria de la canadiense Barrick Gold y la china Shandong Gold, de los cuatro derrames de sustancias tóxicas provenientes de la mina Veladero, el «yacimiento polimetálico que además contiene altos niveles de mercurio» y que se encuentra a unos 370 kilómetros al noroeste de la ciudad de San Juan, en el departamento de Iglesia.
«Los derrames y la falta de acción oportuna de parte del Gobierno y de la empresa –describe el informe de Orellana– están poniendo en grave peligro a las comunidades y el medio ambiente. El agua que las comunidades rurales utilizan para la irrigación de cultivos ha sido contaminada por mercurio y otros metales pesados. Las comunidades no saben con certeza si el agua que beben está contaminada, porque ni la compañía ni el gobierno han informado sobre medidas de recomposición ambiental tras los derrames».
En otro tramo, se explica que «el mercurio atraviesa la cadena alimentaria, con lo cual las poblaciones rurales, y sobre todo los niños y las niñas, podrían verse afectadas. En 2017 aparecieron peces muertos en las orillas de un embalse en Rodeo que se sitúa a menos de dos kilómetros del Río Jáchal. A pesar de los derrames, el Gobierno de San Juan no ha realizado estudios de salud en la población de las zonas afectadas».
–De todos los señalamientos que hace en el informe, ¿qué le parece más grave y cuáles serían las medidas urgentes a tomar?
–Me parece preocupante que, según la información recibida, la compañía que opera la mina no ha comunicado de manera transparente y puntual los derrames que se han podido ocasionar en la mina. En cuanto a medidas urgentes, tanto el gobierno como la compañía deberían realizar un monitoreo de los ríos y suelos que podrían estar potencialmente afectados, comunicar estos resultados al público de manera pronta, y proceder a la recomposición ambiental si fuera necesaria. El Gobierno también debería llevar a cabo un monitoreo para evaluar los posibles efectos de los derrames sobre la salud de las personas en las comunidades cercanas.
–¿Debe el Estado reparar los daños causados?
–Es deber del Estado proteger a las personas en contra de las violaciones de los Derechos Humanos cometidas en su territorio por terceros, incluidas las empresas. A tal efecto, el Estado nacional y provincial deben adoptar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar todo abuso mediante políticas adecuadas, actividades de reglamentación, medidas de fiscalización y sometimiento a la justicia. Esto es particularmente relevante para la efectiva protección de los derechos ambientales, ya que con frecuencia son terceros, incluidas las empresas, las que generan emisiones de sustancias peligrosas que pueden afectar el goce efectivo de los Derechos Humanos de las personas y comunidades expuestas.
El peor desastre
El informe de Orellana destaca que «las comunidades a lo largo del Río Jáchal se han enfrentado a cuatro derrames tóxicos de la mina Veladero entre 2015 y 2022. En septiembre de 2015, una falla en la válvula de una tubería de la pila de lixiviación liberó millones de litros de agua contaminada con cianuro y metales pesados, contaminando al menos cinco ríos. La empresa fue multada por el gobierno provincial y pagó 10 millones de dólares. El derrame fue calificado por la prensa como «el peor desastre ambiental minero de la historia de Argentina».
En junio de 2022, especialistas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) de Mendoza analizaron el agua del río Jáchal y encontraron niveles de mercurio, aluminio, manganeso, arsénico y plomo por encima de las normas para el consumo humano de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de Argentina. En detalle, los niveles de arsénico superaban 33 veces los de la OMS, los de plomo 16 veces y los de aluminio 485 veces. Estos niveles eran, incluso, más altos que los registrados en el derrame del 2015. A pesar de las protestas de las organizaciones sociales y asambleas de vecinos, la empresa continúa negando que se haya producido un nuevo derrame. «En 2015 –recuerda el informe la empresa– también negó el derrame, hasta que se presentaron denuncias penales de organizaciones comunitarias y del fiscal del Estado de San Juan. Después de presentarse las denuncias, la compañía reconoció que hubo un derrame. La empresa ha presentado una solicitud de reconsideración ante la autoridad minera provincial de San Juan sobre las multas relacionadas a los derrames de 2016 y 2017. Esta solicitud sigue pendiente».
«Deseamos expresar –concluye el informe– nuestra grave preocupación por la afectación sobre los Derechos Humanos ocasionada por derrames de cianuro, arsénico, mercurio y otras sustancias peligrosas de la mina Veladero. La falta de respuesta efectiva del Estado agrava estos impactos». «
Leyes que no se cumplen
La Constitución Nacional establece que las minas son de propiedad de las provincias, quienes pueden otorgar concesiones de uso. El Código de Minería, que rige las actividades en todo el país, establece que, si una empresa comete tres infracciones graves en una mina, debe proceder al cierre definitivo de esas operaciones (artículo 264, inciso «e»). Sin embargo, el Código no define en qué consiste una infracción grave. Según la información recibida por los Relatores Especiales de la ONU, los hechos registrados en la mina Veladero de San Juan estarían infringiendo disposiciones del Convenio de Minamata sobre Mercurio.
En cuanto a la Ley 26.639 de presupuestos mínimos de preservación de glaciares y ambientes periglaciales, los glaciares de la zona de la mina Veladero (Glaciar Almirante Brown y Glaciar Toro 1) no figuraron en el inventario de glaciares argentinos, permitiendo así las actividades de la mina Veladero en el Glaciar Almirante Brown. Actualmente está pendiente un juicio oral contra tres exfuncionarios de Ambiente y el exdirector del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, acusados de incumplimiento de la ley de glaciares por posibilitar los proyectos mineros de Barrick Gold en zonas prohibidas. Respecto a la Ley 24.501 de residuos peligrosos y el decreto 831/1993 de valores guía, los valores de metales pesados (mercurio, manganeso y aluminio) detectados en la cuenca del río Jáchal después de los derrames de 2015 y 2022 superaron los valores máximos permitidos.
Denuncias
Las comunidades radicaron denuncias ante el Juzgado de Jáchal por la detección de mercurio en la red de distribución domiciliaria de agua y por el abuso de autoridad del Concejo Deliberante. Sin embargo, las causas terminaron archivadas.
Alicia
15 January 2023 - 13:02
La complicidad del gobierno provincial es obvia. Por eso no hacen controles. Y los monitoreos de la UNCuyo sede Mendoza, que se hacen desde setiembre de 2015, son a pedido de los asambleístas de Jachal .