Al cumplirse dos semanas del incendio en los calabozos de la Comisaría Tercera de Esteban Echeverría por el que murieron nueve detenidos, familiares de las víctimas y vecinos marcharon en reclamo de justicia. Caminaron hasta la puerta de la seccional detrás de una bandera en la que estamparon un reclamo y los nombres de sus seres queridos, que estaban encerrados en ese lugar pese a que la justicia de Lomas de Zamora lo había clausurado por inadecuado para alojar personas privadas de la libertad.

La movilización se concentró en Salta y Camino de Cintura y desde ahí marcharon hasta la Comisaria, ubicada a cinco cuadras de distancia. El reclamo y las víctimas encabezaron la marcha: «Justicia por la Masacre de Esteban Echeverría. Jorge Ramírez, Eduardo Ocampo, Juan Lavarda, Walter Barrios, Juan Carlos Fernández, Elías Soto, Miguel Ángel Sánchez, Jeremías Rodríguez y Carlos Ariel Corvera», decía la bandera.

Los manifestantes se plantaron frente a la seccional, donde hablaron los familiares. Matilde Soto, madre de Elías, pidió justicia y remarcó que el día del incendio los detenidos «no se quisieron escapar». Esa versión fue la que hizo circular pocas horas después de la masacre el Ministerio de Seguridad de la Provincia. «Le pido a mi hijo que me dé fuerzas porque no se merecía lo que le pasó, él ya estaba pagando», concluyó la mujer.

De la movilización participaron referentes sociales, de organismos derechos humanos y políticos. «Es impresionante ver que la comisaría es lindante, medianera mediante, con el cuartel de bomberos y que se murieron por un incendio. Los relatos de los pibes dicen que (los policías) les decían que se iban a morir como ratas», explicó el diputado nacional (FPV) y nieto restituido por Abuelas de Plaza de Mayo, Horacio Pietragalla.

El nieto restituido por Abuelas de Plaza de Mayo, remarcó que en la masacre «tienen responsabilidad la gobernadora María Eugenia Vidal y el ministro de Seguridad Cristian Ritondo, porque hicieron caso omiso a la justicia que había pedido por nota que la comisaría no podía alojar detenidos porque no estaban dadas las condiciones».

«Está al lado de los bomberos, es una vergüenza, los quemaron a propósito», opinó el dirigente social Luis D’Elia, que también participó del reclamo. «Tenemos nueve muertos, es la matanza más grande hecha en una comisaría en la historia», remarcó.

La muerte de Corvera, de 25 años, el martes pasado elevó a nueve la cantidad de muertos en la comisaría de Esteban Echeverría. El episodio, que se produjo en la madrugada del jueves 15 de noviembre pasado fue considerado por la Comisión por la Memoria (CPM), que acompaña a los familiares desde esa fecha, como el más grave en una comisaría en democracia. Pero además es el segundo que ocurre durante la gestión de María Eugenia Vidal: el 2 de marzo de 2017 siete detenidos murieron en un incendio en los calabozos de la comisaría Primera de Pergamino. La versión oficial por aquel episodio fue calcada: que hubo un motín.  

Según reconstruyó la CPM, el incendio se produjo en el marco una protesta de los presos por las condiciones de alojamiento. Los relatos recopilados por el organismo coinciden en que la policía cortó la luz en los calabozos cuando un grupo de detenidos se negó a apagar la música, y que esa decisión, sumada a las degradantes condiciones de alojamiento –como la falta de colchones–, derivó en una protesta. La respuesta de los efectivos de la Bonaerense fue cerrar el suministro de agua a los calabozos.

En el lugar donde murieron los detenidos había doce personas en un espacio reducido con un metro cuadrado por persona, en el que tenían que hacer turnos para acostarse a dormir.

La Comisión Provincial por la Memoria patrocina a las familias de Elías Soto, Juan Fernández, Walter Barrios, Jorge Ramírez y Miguel Ángel Sánchez. Y al presentarse en la causa (en realidad son dos que tramitan juntas, una que investiga el incendio y otra las responsabilidades funcionales) y solicitar medidas de prueba, la directora de Litigio Estratégico de la CPM, Margarita Jarque, planteó que existía una evidente vulneración de los derechos humanos por parte del Estado en los hechos.

«El interés de los familiares es que se investigue el hecho de manera integral y no solo el incendio, es decir las condiciones de la comisaría. Lo que planteamos es que no se apresuren en caratular como incumplimiento de funcionario público, porque podría tratarse de delitos más graves como abandono de persona por parte del Estado», resumió Jarque.

Lo que señala la Comisión es que el Tribunal Oral en lo Criminal N°5 de Lomas de Zamora había determinado la clausura por el hacinamiento extremo de los presos, la ausencia de colchones ignífugos y otras falencias. Pero además, recordaron la existencia de habeas corpus en favor de los detenidos por esa situación, por lo que el Estado Provincial, con Vidal y Ritondo a la cabeza, no podían desconocer la situación. La omisión de esas advertencias culminaron en lo que ahora, los familiares de las víctimas, los vecinos y la propia CPM, denominan la «Masacre de Esteban Echeverría».