El predio de Perón al 3000 ya les parecía pequeño y poco funcional a los manteros desalojados de la calle Avellaneda. El gobierno porteño había propuesto reubicarlos allí, luego de que la Metropolitana los «barriera» de Flores a mediados de abril del año pasado. Los 300 puestos nunca fueron ocupados en su totalidad. Como era de esperar, muy pocos transeúntes entraban al lugar y semanas más tarde fue abandonado. Se vino abajo, se cerró. Ahora, el denominado Paseo Comercial de Once vuelve a ponerse a disposición de los vendedores desalojados esta semana de los alrededores de la estación cabecera del tren Sarmiento.
En la madrugada del martes, la flamante Policía de la Ciudad mostró para qué fue creada. Por orden de la Fiscalía General, la fuerza no permitió a los vendedores montar sus puestos en la vía pública. La jornada quedó signada por la represión contra quienes buscaban mantener sus fuentes laborales. Al otro día hubo dos reuniones clave entre quienes se arrogaban representar a los feriantes y los ministros porteños de Espacio Público, Eduardo Macchiavelli, y de Modernización, Andrés Freire. Al anochecer sostenían haber llegado a un acuerdo.
La propuesta consistió en que los desalojados se distribuyeran en dos galpones de las inmediaciones: uno de ellos, el de Perón al 3000. Además, debían inscribirse al Monotributo social, perdiendo, en caso de que lo tuvieran, el beneficio de la tarjeta Ciudadanía Porteña, homóloga a la asignación universal. Y hacer cursos de «emprendedurismo» durante dos meses, recibiendo un salario de $ 11.700 por ese período.
La Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) no solo propició el acuerdo, también se comprometió a abonar ese subsidio. Pero en el sector no hay unanimidad. Para Raúl Zylbersztein, presidente de las pyme nucleadas en la Federación Económica de la Ciudad de Buenos Aires, «los comerciantes estaríamos subsidiando así una actividad ilegal».
Al cierre de esta edición, había menos de 700 puesteros censados. Una cifra que dista bastante de los 1882 identificados en Once por CAME durante diciembre de 2016. El viernes volvieron a protestar quienes no aceptaron la propuesta del gobierno y los que dijeron haberse quedado fuera del censo. Hubo cinco detenidos cuatro ciudadanos peruanos y un haitiano que ayer recuperaron la libertad.
La presidenta de la cooperativa El Adoquín de San Telmo, Gabriela Olguín, recordó que «a los desalojados de Avellaneda les ofrecieron el mismo pacto. Hasta el mismo galpón. Ellos no querían agarrar. Los ‘buscas’ viejos saben que es una trampa, que en la calle es donde se vende. Habrán ido unos 20 vendedores, hasta que se cansaron de esperar que alguien entrara a comprarles y volvieron a la calle.»
«Nos quieren exterminar como si fuéramos una enfermedad. Nos van corriendo. En Once estábamos hacinados porque se habían juntado vendedores que habían echado de Flores y Caballito», continuó Olguín, que además es referente de la CTEP. Ella y otros referentes de los trabajadores informales consultados por Tiempo indicaron la importancia que tiene la organización para los vendedores, para asegurarse zonas liberadas del pago de coimas donde la policía no los molesta.
Concluyen que este avance del gobierno y de la policía sobre los manteros solo se explica si esa caja recaudatoria es reemplazada por un negocio inmobiliario. Casualmente, la Ciudad adelantó que una vez que «se resuelva el conflicto con los vendedores ambulantes» se pondrá en valor «el paisaje urbano y el patrimonio» de la zona. Prevé soterrar cables, ensanchar veredas, peatonalizar algunas arterias y mejorar la circulación del transporte. «El espacio público parece propiedad privada y no lo quieren compartir con los más pobres», agregó Olguín.
El legislador porteño de Bien Común, Gustavo Vera, fue uno de los pocos que se explayó sobre la connivencia policial con los negocios ilegales: «El mismo día que golpeaban a los manteros, el comisario de la 7ª que los coimeaba, Héctor Gerardo Valdivia, fue ascendido a comisario superior. Ahora no va a coimear en una comisaría sino en seis.»
En este contexto extorsivo, el Juzgado Correccional 1º a cargo de Hernán López procesó a varios policías de la seccional de Once tras establecer que bajo las órdenes de los comisarios Carlos Lucione y Osvaldo Tapia, montaron una red de recaudación ilegal millonaria. «
