La Argentina enfrenta el colapso inminente de su sistema penitenciario: en los últimos años se profundizó la tendencia hacia el aumento del encarcelamiento, aun cuando la capacidad de los penales está desbordada. Indiferente a esta situación, la clase política insiste en proponer como única respuesta al problema de la inseguridad el endurecimiento de las penas. Mientras se tiran colchones al piso, se incorporan camas dobles en los pabellones colectivos y, en los casos extremos, se aloja a personas en oficinas administrativas o retenes, en el Senado esperan tratamiento proyectos de ley que limitan las excarcelaciones y establecen trabas a los jueces para otorgar la libertad.

En las primeras semanas de 2017, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) volvió a superar el récord histórico de personas detenidas (10.968). En este marco de sobrepoblación general, el escenario se agrava considerablemente en algunos establecimientos en particular. De acuerdo con el relevamiento de la Procuración Penitenciaria, al viernes 10 de febrero, el Penal de Ezeiza alojaba a 141 personas que no contaban con cupo disponible. Más amontonados estaban en Marcos Paz, que a esa fecha alojaba a 184 detenidos por encima de su capacidad declarada.
Entre los efectos más graves de la superpoblación están: el hacinamiento y la falta de privacidad; el deterioro edilicio y material; la degradación de las condiciones sanitarias y de higiene; la imposibilidad de acceder a trabajo, educación y actividades recreativas así como de mantener los vínculos familiares y sociales; la deficiente alimentación y atención a la salud; sin contar casos de tortura, malos tratos, el incremento de la violencia intramuros y el contagio de enfermedades.

«Considerando las gravísimas vulneraciones de derechos que produce la sobrepoblación, y la obstaculización que representa para la reinserción social de las personas detenidas, resulta indispensable la adopción de medidas por parte de los diversos actores estatales implicados. Esta Procuración Penitenciaria reitera la importancia de que el Estado argentino avance en una reforma democrática de las instituciones de encierro que se encuadre en el respeto de los derechos humanos», concluye el informe.

Discursos punitivos

La tasa de encarcelamiento en el país pasó de 91 personas detenidas cada 100 mil habitantes en 1997 a 161,8 en 2014. Desde entonces, la tendencia se agudizó, tanto en el SPF como en el Bonaerense, que concentran el 70% de la población privada de la libertad en todo el país.
Diferentes causas confluyen en este proceso: el aumento, en los últimos años, de algunos delitos contra la propiedad, la ampliación de las facultades policiales para detener, el funcionamiento deficiente de las burocracias penales y los discursos punitivos de algunos políticos y medios de comunicación que suelen traducirse en presiones sobre los jueces. También es considerable el impacto de reformas legislativas que endurecieron el sistema al aumentar las penas y restringir la capacidad de otorgar libertades.

En ese sentido, ya tiene media sanción un proyecto impulsado por el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, que establece la limitación de las excarcelaciones de procesados «ante peligro de fuga y entorpecimiento de la justicia». Se podrá evitar la libertad del preso «cuando existiera peligro para la víctima del delito».

El proyecto también incluye que el juez deberá evaluar, previo a otorgar la libertad, el historial criminal completo, los informes médicos y psicológicos actualizados y la opinión de las víctimas. Considerando los tiempos de las reparticiones públicas, un detenido en condiciones de acceder a un beneficio puede ver su derecho postergado indefinidamente.

El informe de la Procuración cierra con dos conclusiones. La primera, y más evidente, es que la masividad del encarcelamiento trae aparejada una peor situación en el encierro y la violación de los derechos de las personas privadas de su libertad. La segunda muestra que la política punitiva del Estado solo está llenando las cárceles de jóvenes pobres. «