No podemos confiar en nadie», repite Sergio Maldonado. Y tiene razón: la causa que debe investigar la muerte de su hermano es un colador.

La muestra más patética de eso fue la difusión de las imágenes del cuerpo recién hallado de Santiago, cuando se suponía que estaba preservado en la morgue de Esquel. Además de alimentar el morbo, la difusión de esas imágenes sirvió para que el ejército de trolls que milita por el gobierno en redes sociales reclame la caducidad de la carátula de «desaparición forzada», exculpe a la Gendarmería y vuelva a apuntar sobre «los mapuches del RAM». 

Según se supo esta semana, el responsable de las filtraciones habría sido un médico de la Policía Federal. La pertenencia a esa fuerza no es un detalle menor. 

«Hacemos notar que la Federal y la Gendarmería responden al Ministerio de Seguridad», recordó la familia Maldonado, al pedir la intervención de investigadores independientes. El juez Gustavo Lleral lo rechazó en un texto cargado de reproches a las víctimas. Se sabe: el oscurantismo de las causas es un filtro que regula el acceso a la verdad.

El jueves, sin embargo, el expediente se volvió a profanar: el diario La Nación –uno de los más activos difusores de las pistas falsas plantadas por el gobierno– publicó un nuevo «adelanto» de los resultados del informe de la autopsia que, se supone, recién el próximo viernes 24 llegarían a manos del juez. 

«Caso Maldonado: el cuerpo no fue arrastrado ni manipulado, reveló la autopsia», tituló el periódico. La presunta «revelación» provino, en realidad, de un acta que se incorporó al expediente pocas horas antes de la publicación del artículo. «No hay nada nuevo», replicó Sergio en su cuenta de Facebook. Y agregó: «Lo único nuevo es que la abogada de la Gendarmería, que se llama Lorena Cicot, estuvo el martes y miércoles en el tribunal. Se publicó una foto del acta sacada con un celular. Sospecho de la abogada porque estuvo con el expediente». ¿Acaso el acta fue plantada en el expediente para ser filtrada luego a La Nación y azuzar la idea de un caso cerrado? La familia no lo descarta. Hace bien. Desde el primer día, funcionarios, fuerzas de seguridad y medios oficialistas instalaron pistas falsas para ahuyentar las acusaciones de responsabilidad institucional. Pero los hechos son los hechos: Santiago murió en el marco de una represión irregular. Y el Estado aún debe explicar cómo, cúando y por qué.