El presidente Mauricio Macri nombró a Elena Rita Genise, una fanática defensora de los militares genocidas, en un área clave de la cuestionada Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) que depende políticamente de la vicepresidente Gabriela Michetti. Los dichos de esta mujer en las redes sociales son preocupantes.
El Boletín Oficial publicó este jueves el decreto firmado por Macri y por Marcos Peña el pasado 6 de noviembre que contempla la incorporación de Genise como Coordinadora de Gestión de Urgencias, dependiente de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDis. La asunción al cargo iba a ser por 180 días hábiles pero no bien ésto se hizo público, generó un escándalo y este viernes, Genise presentó su renuncia.
En su perfil de Facebook, el primer posteo que figura (que tiene menos de 24 horas) es una nota de Tiempo Argentino de agosto de 2016 titulada “Avruj retiró la querella en una causa que investiga crímenes de lesa humanidad”. Genise festejó aquella decisión y se lamentó del abordaje actual de la Secretaría: “Avruj había comenzado con seriedad a tratar los temas de DDHH hasta que cayó en la trampa de la dialéctica marxista. Ahora todos los juicios cuentan con la presencia de los ‘comisarios políticos’ de la secretaría. En lugar de velar por los DDHH los violan”.
Genise es abogada, tiene un estudio jurídico y es la vicepresidenta de la Asociación “Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica”, cuya usina de pensamiento se publica periódicamente en el portal “Prisionero en Argentina” en donde se destaca, por ejemplo, la participación de la mujer en la Organización de los Estados Americanos cuando en julio pasado participó del Panel Sobre las Buenas Prácticas y Desafíos en Políticas Públicas en Materia de Derechos Humanos de las Personas Mayores.
La referente de los genocidas explicó en una nota que lleva su firma que la idea era dejar en evidencia que la “República Argentina es el único país de Latinoamérica que tiene a dos millares de adultos mayores siendo imputados e investigados por supuestos delitos cometidos hace más de 40 años y a todos y cada uno de ellos se les están restringiendo los derechos humanos reconocidos por la normativa vigente”.
Cada vez que puede, la abogada se queja del supuesto destrato que tuvo su Asociación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quienes no quisieron incluir en su agenda de trabajo el Caso Argentino, tal como esta facción de militares denomina la situación de los presos condenados por delitos de lesa humanidad, considerados por ellos presos políticos.
En un documento publicado en Estado de Derecho, la página oficial de la Asociación, el grupo representado por Genise esbozó una respuesta al siguiente interrogante: “¿Por qué algunos familiares de desaparecidos reclaman que los militares deben decir dónde están sus restos, pese a la cantidad de años que nos separan de los hechos?”
“Cuando se observa que familiares de desaparecidos, a cuarenta años de los hechos, condicionan cualquier cambio o propuesta vinculadas a las fuerzas armadas actuales, a que los militares del pasado, digan dónde están los restos de sus familiares, se hace manifiesto que la cuestión deja de ser personal e interviene cierto interés colectivo, más próximo a los deseos políticos de la militancia y de la vergüenza contra un sector, que a la idea de una víctima que aún no superó su luto y reclama un lugar para depositar una flor”, analiza el documento que concluye que lo mismo ocurrió en otras latitudes y la vida sigue adelante como en Nagasaki o Hiroshima, o lo que pasó con las víctimas del Titanic y el ARA San Juan.
