Pasaban las seis de la tarde del 5 de julio cuando el Honorable Concejo Deliberante (HCD) inauguró una sesión que quedará marcada por la polémica. Vía zoom votaron el proyecto que da marco legal a la termoeléctrica Araucaria Energy mientras la resistencia vecinal concentraba en las puertas del municipio cerrado. Esa misma resistencia que hoy busca avanzar en el plano judicial y callejero. La empresa fue creada en los tiempos de Macri presidente, no tiene la aprobación ambiental, cuenta con denuncias de contaminación y tres escuelas en sus cercanías, y en sus orígenes figura el fondo buitre BlackRock como uno de sus inversores.

Invocando el artículo N°28 del reglamento interno del HCD que permite sesionar fuera del recinto por “causas graves o insalvables”, Agustín Musso (UV) decretó una sesión sin participación de la comunidad ni de la prensa y habilitó la pantalla para emitir el voto de las y los concejales.

El presidente del Concejo, Agustín Musso (Juntos por el Cambio ), consideró como “intimidatoria” la participación popular durante las últimas dos sesiones, en las que fracasó el intento de aprobar la termoeléctrica, y avanzó con la convocatoria virtual. Su jefa política, Rita Sallaberry, bancó el Zoom. «Lo felicitó por garantizar la transmisión para que todos puedan ver un tratamiento transparente de la sesión», dijo la nieta del ex comisionado. 

La caravana que partió con unos 40 autos desde la vieja estación de trenes de Jáuregui repudió el desarrollo de la sesión. La calificaron como «una puesta en escena, de violentar y utilizar la institución de nuestro Concejo Deliberante en favor del tratamiento de la legalización de la termoeléctrica propiedad de la empresa Araucaria Energy S.A., inscribiendo un párrafo sin precedentes en la historia de Luján».

«La solución que el presidente y los concejales que lo secundan encontraron fue esconderse de modo burdo e ilegal para aprobar un pacto de impunidad, favoreciendo a una empresa que ha tomado verdadero control del Municipio de Luján, generando divisiones y conflictos en toda nuestra comunidad con sus actitudes mafiosas», agregaron los vecinos y vecinas que volvieron a movilizarse este lunes.

A diferencia de años anteriores, esta vez el FdT y JxC apoyaron la iniciativa. Solo dos opositores se abstuvieron: Alberto Trisciuzzi  y Silvina Mendoza. El único matiz que aportaron los y las oficialistas del FdT que se sumaron al zoom fue rechazar el decreto que permitió la virtualidad. La posición resultó contradictoria y con las ausencias de sus compañeros de bancada quedó en evidencia que existía la alternativa de no participar del bochorno. Carolina Francia, Ariel Notta y el presidente del bloque, César Siror, decidieron ausentarse y se aguardan pronunciamientos públicos.

Por la oposición fue Susana Busso quien dio el ausente lamentando el desarrollo de la sesión antes de su inicio. La postura de la concejala de la CC ARI era la de la abstención, según anticipó.

Otro episodio que dejó la jornada en la que se aprobó por zoom el expediente de Araucaria Energy encontró a Mirta Courtade sin poder asumir en reemplazo de Dardo Sonnenberg (Juntos). Courtade hubiera aportado un voto negativo del mismo modo que lo hubiera hecho el titular de la banca, pero la sorprendió el municipio cerrado y la falta de aviso por parte de la presidencia. Desde el Ateneo Raúl Alfonsín señalaron que la situación es de una «gravedad institucional sin precedentes» y pidieron «a los concejales que no se presten a estas maniobras».

En lugar de los y las casi 30 oradores que se iban a pronunciar en contra de la central termoeléctrica, el único expositor fue el empresario Marcelo Barbani en favor de Araucaria Energy. Luego de una larga carta que compartió ante los y las ediles comenzó la votación.

Eva Rey se abrazó al aval provincial y nacional que esgrimen desde la empresa respecto a la generación de energía para aportar el primer voto positivo en discurso plagado de citas legales. «La responsabilidad de gobernar nos pone ante la situación de regularizar hechos que no tienen que ver con decisiones que hayamos tomado nosotros», dijo Rey para justificar el cambio de posición del Intendente y los y las concejales oficialistas que levantaron la mano.

Los ediles Romina Grossi, Marcela Musso y Matías Bratisevich continuaron y justificaron su voto. «No estamos en contra del ambiente, todo lo contrario», expresaron en las intervenciones respecto a los señalamientos de la comunidad. Joaquín Martucci reforzó los argumentos de sus predecesores e hizo hincapié en «la necesidad de normalizar la situación».

Llegando al final de una tarde llena de contradicciones y papelones, Rita Sallaberry (Pro) reclamó el liderazgo opositor y antes de votar no se privó de algunas chicanas dirigidas a los «concejales conversos», al tiempo que recordó «la promesa incumplida del actual Intendente cuando puso la clausura de la planta en su plataforma de gobierno».

Aludió al intendente Leonardo Boto (Frente de Todos), que llegó al gobierno rechazando a la empresa. Y una vez en el poder, pasó a apoyarla y buscar su «legalidad», sin explicar el cómo ni el por qué de su cambio de postura.

Sallaberry encaró el cierre del zoom pidiendo coherencia como contraria a la especulación.  «Tengo la tranquilidad de saber que siempre tuve el mismo pensamiento», declaró, erigiéndose como una de las pocas ganadoras de la jornada. En el recinto virtual nadie supo, quiso o pudo recordar que fue secretaria de Gobierno mientras se instalaba ilegalmente la planta en 2017.

Tras el visto bueno y virtual que dieron en el Concejo Deliberante, la empresa comenzará a regularizar su situación, al mismo tiempo que la comunidad recurrirá al poder judicial para impugnar la sesión en la que se aprobaron los expedientes de Araucaria Energy. «Estamos a favor de las instituciones y en contra de los atropellos. Las sesiones tienen un carácter público y no pueden ser modificadas por un simple decreto del presidente Musso», aseguraron en un comunicado.

Un poco de historia

El decreto de Emergencia Energética firmado por Mauricio Macri a pocos días de su llegada a la Casa Rosada abrió camino a la furtiva creación de empresas en el sector. Una fue Araucaria Energy que montó 4 centrales térmicas en Argentina para generar energía eléctrica.

Fue fundada en 2016 con capitales canadienses y respaldada por fondos de inversión como Gramercy, BlackRock y Fidelity. Préstamos del Banco Provincia, presidido entonces por Juan Curuchet y comandado políticamente por María Eugenia Vidal y del Banco Ciudad, completaron el financiamiento para la construcción de las plantas en San Pedro, Las Palmas, Matheu y Luján.

En esta última ciudad de casi 70 mil habitantes, ubicada a 68 kilómetros de la Capital Federal, la planta que instaló Araucaria Energy funciona en la clandestinidad desde hace 5 años. Para su montaje se saltearon los pasos administrativos, instalándose en una zona no permitida para uso industrial. Lo hicieron en la intersección de las rutas provinciales 6 y 34, sitio preferido para las industrias que necesitan agua para su funcionamiento por la poca profundidad de la napa del acuífero puelche.

Actualmente la firma es manejada por MSU Energy, que junto a Pampa Energía pisaron fuerte en el sector en los últimos años para abastecer el consumo eléctrico en el país. La central de Luján funciona a base de gas natural y requiere agua para calentar las calderas y enfriar las turbinas que producen la energía. Desde la empresa reconocieron que para funcionar necesitan cerca de 2 mil litros de agua por hora y que la central está activa unas cuatro horas diarias. Un 30% del agua que extraen del acuífero se rechaza considerada como “agua pesada”, no apta para el consumo humano.

La Autoridad del Agua (ADA) no permite que el desecho se realice en un arroyo con el que el mismo predio de la central cuenta y demanda un tratamiento especializado. Por su cercanía a tres escuelas la empresa despertó el rechazo de las comunidades educativas y gremios docentes. También de residentes del barrio privado Comarcas, que se ubica frente de la planta. El gremio de Cerveceros se sumó a las protestas argumentando que la actividad en el acuífero podría secar la napa, perjudicar la producción de cerveza en la planta cervecera de CCU que se sirve del mismo acuífero, y atentar así contra 600 fuentes de empleo.

Los levantamientos también se pronuncian en la localidad de Jáuregui que sufrió la contaminación de la curtiembre Curtarsa cerrada hace más de una década y de la cual aún se denuncia el pasivo ambiental y los perjuicios en la salud de sus ex trabajadores. De aquella experiencia vecinal surgieron asociaciones de prevención del cáncer con fuerte conciencia ambiental y una ordenanza que prohíbe la radicación de industrias de tercera categoría –altamente contaminantes– en el distrito. Otra norma que la empresa saltea saltea hasta hoy.

Tras la sesión por Zoom, Araucaria Energy logró la rezonificación aunque deja el tendal de descontentos, propicia crisis en los dos bandos políticos con representación institucional y promete ser parte de una seguidilla de demandas y rechazos que no terminan con la aprobación de la rezonificación de la parcela en que montó la planta hace 5 años, ni la habilitación que iniciarán ante el municipio. Continuará…