Lucía Ruíz despreció la ventaja y la comodidad de ocuparse sólo de la administración de una ascendencia. “Nunca sufrí problemas de tierra –cuenta– porque mis abuelos vivieron sobre un fiscal (en referencia al terreno o lote que forma parte del Estado) que pasó a mis padres y después a mí. Tuve la suerte de que mis antepasados estuvieran bien ubicados. El conflicto se da con los titulares registrales privados. Ellos llegan y hacen lo que quieren; engañan a los poseedores, los echan y se apoderan de los montes”.
La resistencia al despojo tuvo consecuencias: Lucía junto a otros tres compañeros de la Coordinadora Zonal de Tierras de la Ruta 81 fueron acusados por el empresario Javier Vidizzoni de “robo en despoblado y en banda, coacción con arma, abuso de armas y daños en concurso real”, a raíz de una disputa de campos en Colonia La Juanita y La Santafesina, en el Chaco Salteño. Esta semana, finalmente, la Sala II del Tribunal de Juicio de Tartagal los declaró inocentes, provocando la celebración de las organizaciones campesinas y de los defensores de los derechos ambientales y territoriales.
“Ellos, al tener el poder, se creen con el derecho de venir y hacer a un lado a los poseedores. En el año 2010 sacamos una ley provincial (la 7658, que impide el desalojo o desocupación de tierras poseídas por familias rurales y pequeños productores agropecuarios), que aunque esté reglamentada nadie cumple, porque no le pusieron los fondos ni la voluntad política. Acá tienen campos los Peña Brown, los Macri, hasta Tinelli; todos ellos vinieron, corrieron a las familias y desmontaron. No hay un solo gobierno, ni provincial ni nacional, que apueste por los pequeños productores. Estamos desprotegidos”, se lamenta Lucía.
En 2009, Lucía fundó en la localidad de Morillo, departamento de Rivadavia Banda Norte, una organización motivada por las carencias y atenta a la necesidad de un mejor cuidado del ambiente: Unión y Progreso. Sin embargo, al año siguiente, los desalojos ya se habían vuelto el principal problema de la zona. “Acudían a nosotros en busca de ayuda. Somos todos campesinos y sabemos que un abogado, con traje y camioneta, intimida. Pero entre varios, la persona toma más coraje y puede reclamar lo que se le debe o negarse a abandonar su tierra. Eso fue lo que hicimos con el terrateniente Vidizzoni; nos paramos frente a las topadoras y sacamos a sus trabajadores. Después nos armó la causa con la ayuda de la fiscal y la jueza”, recuerda.
La acusación contra Lucía generó una campaña por su absolución que sumó apoyos de organismos de derechos humanos, sindicales y legisladores. También motivó el respaldo del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
Aunque la justicia salteña criminalizó la defensa de sus derechos, Lucía nunca renunció a la acción. Esa convicción le valió en 2019 la distinción “Berta Cáceres” que el Senado de la Nación otorga a mujeres que luchan por los derechos humanos, ambientales y de acceso a la tierra.
“Es más difícil por ser mujer –acepta–. Soy la única de la zona que se enfrentó a los terratenientes, que voy al frente, que soy vocera de los campesinos, y por eso sufro el desprestigio. Yo he escuchado a los empresarios decirles a mis compañeros ‘yo arreglo con ustedes, pero no la quiero a esa’ y otras cosas más fuertes”.
–¿Qué le dirías a las personas que viven en las ciudades y no conocen la realidad de los campesinos?
–Les pediría que respeten nuestro pensamiento. Los terratenientes nos dicen que nosotros no queremos progresar. No es cierto. Queremos hacerlo, pero con nuestras formas. Privilegiamos la vida, la producción sana y eso es algo que las grandes urbes no entienden. Queremos respirar oxígeno sin contaminación, aire natural. Que la gente entienda que somos los pequeños productores los que cuidamos el ambiente para que las personas en las grandes ciudades coman sano. Que las ciudades comiencen a ver eso, que hagan fuerza por nosotros. Solo queremos ser comprendidos. «
Denuncian violación a la Ley de Bosques en Chaco
Con la firma del coordinador de la Campaña de Bosques, Hernán Giardini, Greenpeace envió una carta al gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, y al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, para expresarles la preocupación por “la persistente desforestación y la sistemática violación a la Ley Nacional de Bosques (26.331) en la provincia”.
De acuerdo al documento de la organización ambientalista, “Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas”, en base a datos del Ministerio de Ambiente.
A su vez, el monitoreo satelital que cada mes realiza Greenpeace pudo comprobar que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia, durante 2020 se desmontaron en aquella provincia 13.128 hectáreas.
“Más deforestación significa más cambio climático, más inundaciones, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más enfermedades, y más desaparición de especies en peligro de extinción, como el yaguareté (del que los científicos estiman que sólo quedan cerca de 20 individuos en la región del Gran Chaco argentino)”, destaca la carta de Greenpeace. Y concluye que “resulta fundamental establecer la penalización de los desmontes e incendios forestales”.
