El exjefe de la División Homicidios de la Policía Federal Argentina (PFA) que intervino en la investigación del crimen de Lucas González, el adolescente asesinado a tiros en 2021 en el barrio porteño de Barracas, calificó este jueves como «aberrante» el caso y aseguró que los tres efectivos acusados de dispararle «no corrían riesgo de vida como para utilizar sus armas», al declarar como testigo en el juicio que se le sigue a 14 policías de la Ciudad por el homicidio y el posterior encubrimiento.
«Fue un hecho aberrante. Las circunstancias en que muere la víctima es un hecho aberrante y las conductas que llevaron a cabo la dotación del móvil policial deja mucho que desear», afirmó el comisario inspector Gustavo Gauna, exjefe de la División Homicidios de la PFA, actualmente a cargo del Departamento Trata de Personas de la fuerza.
Gauna, quien se desempeñó 15 años en la División Homicidios, fue quien comandó las primeras diligencias en la pesquisa por el crimen del jugador de las inferiores del club de fútbol Barracas Central en el marco de la causa instruida por el fiscal Leonel Gómez Barbella y el juez Martín Del Viso.
En su exposición ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25 porteño que juzgan por el crimen los policías porteños Gabriel Alejandro Issasi (41), Fabián Andrés López (48) y Juan José Nieva (37), entonces integrantes de la Brigada 6 de la Comuna 4 de la ciudad, el jefe policial consideró que éstos «no tenían riesgo de vida como para utilizar sus armas».
El jefe policial fue el principal testigo en la audiencia que, además de Issasi, López y Nieva, tiene como acusados a otros 11 efectivos de la Ciudad. «En mi experiencia como personal policial, si yo no tengo riesgo de vida no tengo por qué hacer uso de mi arma de fuego. A mi entender, el personal policial no corría riesgo de vida», remarcó.
Gauna fue tajante al asegurar que ese 17 de noviembre «no hubo enfrentamiento armado» entre los jóvenes que iban a bordo del Volskwagen Surán y los efectivos que tripulaban un Nissan Tiida, tras lo cual detalló la secuencia del hecho que analizó a través de las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad.
«No se ve una secuencia de enfrentamiento. Incluso, la única cámara que avistaba la aproximación del vehículo policial que intercepta al vehículo Vokswagen está difusa. Está lejana y tapada por una rama», remarcó.
El exjefe de Homicidios recordó que tomó intervención en la causa cuando fue citado por el fiscal de instrucción Barbella, el 20 de noviembre de 2021, tres días posteriores al hecho y que lo primero que hizo fue ese mismo día concretar los arrestos de los policías Issasi, López y Nieva, secuestrar sus teléfonos celulares personales y los que les había suministrado la fuerza porteña.
«El día 22 se pidieron otras diligencias, como el secuestro de documentación, libros y hojas de servicio, y todo lo relacionado al servicio policial del 17 de noviembre», recordó el testigo.
Previo al testimonio de Gauna ante los jueces Ana Dieta de Herrero, Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero, declaró otro agente de la PFA, el principal Gustavo Maciel, quien estuvo a cargo de la coordinación de las cuatro brigadas de la División Homicidios.
El testigo indicó que de los análisis realizados no pudo establecerse que el auto utilizado por los acusados llevara balizas o sirena al momento de la persecución del auto en el que viajaba Lucas con sus amigos Julián Salas, Joaquín Zuñiga y Niven Huanca.
«Acorde a los protocolos de la policía no se puede hacer una persecución sin balizas, debido a la peligrosidad que eso implica. Por eso se identifican con sirenas o balizas. En el video no vi balizas ni la sirena, denominada ´chichón´», afirmó Maciel.
La cuarta audiencia del juicio por el crimen del adolescente de 17 años continuaba con la declaración de más agentes de la PFA y dos vecinos de Barracas que fueron testigos de la detención de los amigos de Lucas y las torturas a las que fueron sometidos por el personal policial instantes después de la persecución y asesinato del adolescente.
El caso de Lucas González
El crimen de Lucas fue cometido en la mañana del 17 de noviembre de 2021, cuando el joven y tres amigos salieron de entrenar en Barracas y se subieron al Volkswagen Suran del padre de uno de ellos para volver a la localidad bonaerense de Florencio Varela, donde vivían.
Tras detenerse en un kiosco, los chicos comenzaron a ser perseguidos por un Nissan Tiida en el que circulaban tres policías de la Brigada 6 de la Comisaría Vecinal 4D, que no estaban uniformados ni llevaban balizas.
Por ese motivo, los chicos pensaron que podían ser ladrones e intentaron escapar, momento en que los efectivos policiales les dispararon y un balazo impactó en la cabeza de Lucas, quien murió al día siguiente en el Hospital El Cruce de Florencio Varela.
De acuerdo con la investigación, tras disparar contra los jóvenes, los policías intentaron simular que se había tratado de un enfrentamiento con delincuentes, maniobra a la que se habrían sumado otros efectivos, que «plantaron» un arma en el auto de las víctimas.
A Issasi, López y Nieva se les adjudica la coautoría del delito de «homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial».
Además, los tres enfrentarán cargos por las «tentativa de homicidio agravado, falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley», en el caso de los amigos de Lucas.
En tanto, otros 11 policías de la Ciudad, también detenidos, están siendo juzgados por el encubrimiento del crimen de Lucas y las torturas las que fueron sometidos los otros chicos.
Se trata del comisario inspector del Departamento Comunal Vecinal 4 Daniel Alberto Santana (50); el comisario de la Comuna Vecinal 4A, Rodolfo Alejandro Ozán (54); el comisario de la Comisaría Vecinal 4D, Fabián Alberto Du Santos (51); el comisario de la Comuna 4D, Ramón Jesús Chocobar (48) y el comisario Juan Horacio Romero (51) y el subcomisario Roberto Orlando Inca (47), ambos de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4.
También llegan a juicio el principal de la Comuna 4D, Héctor Claudio Cuevas (50); y los oficiales de la Comisaría Vecinal 4D Sebastián Jorge Baidón (28), Jonathan Alexis Martínez (34), Ángel Darío Arévalos (34) y Daniel Rubén Espinosa (33).
Todos están acusados por «falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas» y, en el caso de Cuevas e Inca también por «falso testimonio agravado por haber sido cometido en una causa penal y en perjuicio de los imputados».
