El polémico proyecto del gobierno porteño de llevar parquímetros a todos los barrios enfrenta la resistencia general de los automovilistas y también, puntualmente, la de vecinos que se verían afectados por la implementación del elemento más enojoso del sistema de estacionamiento medido: las playas de acarreo adonde las grúas, una vez que extiendan sus dominios a toda la ciudad, deberían remitir los vehículos en infracción.
A pesar de que la ley votada en la Legislatura por la mayoría oficialista quedó judicializada tras un amparo, el Ejecutivo está decidido a avanzar: ya determinó cuáles serán los once predios que funcionarán como playas de acarreo, vulnerando leyes que ya preveían qué uso se les puede dar.
El caso más flagrante es el de Villa Pueyrredón, donde los vecinos rechazan la playa de acarreo que Horacio Rodríguez Larreta pretende emplazar en el predio de 2800 metros cuadrados que delimitan las calles Bolivia, Obispo San Alberto, Condarco y Franco, enfrente de un sector parquizado, con juegos infantiles y dos canchas de fútbol, contiguo a la estación del ferrocarril Mitre, que a toda hora frecuentan los chicos del barrio y donde también funciona una feria con un centenar de puestos.
El lugar fue una playa de maniobras poblada por vagones oxidados hasta que en noviembre de 2005 dos tercios de esos terrenos fueron transferidos del Estado nacional a la Ciudad. Allí se abrieron las calles y se construyó un parque. «Los dos predios que quedaron, cruzando la calle Franco, pertenecen a Nación, y al rezonificarlos se los destinó a viviendas unifamiliares de planta y primer piso, pero hoy están siendo ocupados ilegalmente por la Ciudad –explica Ignacio Di Toma Mues, director del periódico El Barrio Villa Pueyrredón–. El más grande, donde quieren poner la playa, fue virtualmente tomado por el Ambiente y Espacio Público, que estaciona ahí dentro camiones de higiene urbana. Y el otro, en Franco y Condarco, desde octubre del año pasado lo ocupa la Policía de la Ciudad, como depósito de resguardo de autos secuestrados por la justicia.» Allí llevaron, dos semanas atrás, una camioneta con documentos de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Eso motivó un acampe que al cabo visibilizó el reclamo contra la llegada de las grúas.
Allí se reúnen los vecinos nucleados en la Unidad Barrial Villa Pueyrredón para deliberar cómo seguir. Ya acudieron a dos audiencias en el club 17 de Agosto. A una fue Rodríguez Larreta; a la otra, funcionarios de Desarrollo Urbano y Transporte y Sebastián Perdomo, coordinador del programa de estacionamiento regulado. «Perdomo nos dijo: ‘Sé que no es el lugar ideal, pero es el único que tenemos’ –cuenta Di Toma Mues–. Claro, el predio junto a la estación de Villa Urquiza, de donde desalojaron a la asamblea vecinal, lo subastan por 20 millones de dólares para hacer torres, pero acá, por la zonificación que tiene, no pueden hacer negocios.»
En cualquier caso, y aunque la votación del nuevo y no menos polémico Código Urbanístico sindica los once predios como aptos para albergar playas de remisión de autos, primero debe autorizarlo el Consejo del Plan Urbano Ambiental. La Ciudad debería sortear otro impedimento: los predios son de la Nación. Y otro más, el que por ahora le impide llevar el estacionamiento medido a toda la Capital: el juez Francisco Ferrer declaró inconstitucional la Ley 5728, que en diciembre de 2016 había aprobado el nuevo sistema con mayoría simple de los legisladores, considerando que es una ley que requería doble lectura y 40 votos, en atención al amparo que interpuso Gustavo Desplats, de la ONG Proto Comuna Caballito.
En diciembre, el oficialismo votó otra ley (la 6036) que modifica artículos de la anterior, pretendiendo saldar la cuestión del uso y los plazos de concesión (ahora cinco y no diez años, como disponía el primer proyecto, un artilugio para evitar la doble lectura) de las eventuales playas de remisión. Desplats pidió su nulidad, puesto que la modificación de una norma debe cumplir los procedimientos y mayorías que exige la norma original. La Cámara aún no se expidió.
Mientras tanto, el gobierno asegura que ya asignó cuatro de las cinco zonas que administrará el servicio de grúas: Dakota-STO y BRD-SEC seguirán operando (lo hacen desde 2001 con contratos vencidos y sospechados) en los barrios céntricos, y se suman la española Plein Air Park e IT NET-Tránsito. «No pueden hacerlo –dice Desplats–. Ya saben a qué empresas beneficiarán, pero sin fallo firme no pueden adjudicarlas.» «
