«Los sojeros son tan cínicos que regalan bidones de glifosato para juntar agua»

En Pozo Hondo, ahí donde Santiago del Estero se roza con Tucumán, los pobladores saben que la época de lluvia, de diciembre a abril, es la peor. “Es cuando más fumigan con avionetas y ‘mosquitos’ –dice Sergio Raffaelli, párroco del lugar y motor de la resistencia–. La zona nuestra es de campos grandes y los que vivimos en los parajes hemos quedado en medio de un mar de soja. Todos los días sufrimos los síntomas del envenenamiento: problemas respiratorios, manchas en la piel, partos espontáneos, chiquitos con malformaciones. También se mueren los animales y los sembradíos se secan enseguida. Queremos ponerle fin a esta situación, que la gente se empodere y que los dueños de las fincas no se sientan impunes. Sabemos que la lucha es desigual, pero hay que darla”.

Fue el mismo cura quien, hace unos días, convocó a una reunión en la capilla Virgen de Luján de El Bagual, uno de los 130 parajes del departamento Jiménez, para denunciar la emergencia ambiental de la zona, y que logró, por primera vez, la presencia de la fiscal federal, Indiana Garzón; del fiscal de Las Termas de Río Hondo, Ignacio Guzmán; de funcionarios del Comité de Emergencia, de autoridades policiales y de pobladores de Pacará, Toro Pozo, El Churqui, El Guayacán y Gramilla Vieja, entre otras comunidades afectadas.

“El detonante –explica Raffaelli– fue una fuerte aplicación de agrotóxicos en noviembre. La gente se asustó porque nunca se había sentido tan fuerte el olor. Los efectos fueron muy visibles y dos familias radicaron una denuncia en la subcomisaría de El Charco. Pero los aviones suelen salir de suelo tucumano y fumigan sobre tierras santiagueñas. Ese conflicto de fronteras habilita a intervenir a la justicia federal”.

El párroco destaca que la mayoría de las «fincas» –con extensiones que no bajan de las 10 mil hectáreas– tienen dueños tucumanos y “poderosos” que emplean a la mayoría de los hombres que habitan los parajes de Santiago (ver recuadro).

“Uno ve los aviones, por lo general de noche, cuando hay más viento, lo que genera más humo que se disipa por las poblaciones. Eso provoca preocupación e incertidumbre porque nadie sabe las consecuencias que va a tener para la salud. Nadie puede calcular el efecto residual que permanece en los cuerpos”, dice Luis Santucho, defensor adjunto de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Santiago del Estero, otro de los asistentes a la reunión convocada por el cura.

“Estos ‘finqueros’–continúa– son consecuencia de una gran avanzada de empresarios tucumanos que, en maniobras fraudulentas, compraron miles de hectáreas. De ese modo han ido loteando y desmontando una gran cantidad de tierras del Departamento Jiménez. Lo que estamos viviendo en Santiago es el avance permanente de la frontera agropecuaria”.

Una de las consecuencias de este fenómeno es el desalojo silencioso de muchos campesinos y jornaleros a otras poblaciones o, en caso de tener los recursos, hacia las ciudades.

“Estamos armando una estrategia legal para presentar un amparo de carácter colectivo en representación de los niños y niñas que concurren a las escuelas y que por las fumigaciones ven afectado su derecho a la salud, especialmente en El Bagual, donde hemos constatado que los establecimientos educativos están calle de por medio con los finqueros. Las maestras y los chicos nos contaron que les dolían la vista, la cabeza, que se les morían las aves de corral, que ni los algarrobos han florecido”, destaca Santucho.

La Dirección de Agricultura y Ganadería, dependiente del Ministerio de Producción provincial, ya se comprometió a recibirlos a fin de enero.

“Se van a abriendo puertas –dice Raffaelli– porque, además de cura, trabajo en una radio comunitaria y todos los días hablo del tema para que a la gente le entre que tiene el derecho de vivir en un ambiente sano, que no tiene que soportar a estos sojeros que son tan cínicos que les regalan a los empleados los bidones de glifosato vacíos para que junten el agua que después llevan y toman en sus casas”. «

En la última reunión organizada por el párroco Raffaelli hubo funcionarios provinciales, directores de escuelas y, sobre todo, mujeres, evidenciando una ausencia: la de los empleados de las mismas fincas que fumigan.

«A veces, el único trabajo que hay es el de ser empleado de los finqueros y por eso mucha gente tiene miedo de ir a una reunión para hablar en contra de ellos. Las mujeres nos contaban que venían sin el acuerdo de sus parejas, esposos, hermanos o padres que trabajan en las fincas», reconoce Raffaelli.

Por su parte, Santucho habla de un «temor reverencial» a los dueños de las fincas, «muchos de los cuales son verdaderos terratenientes».

«Es importante –concluye– destacar la presencia de valientes mujeres que, desoyendo la recomendación de los hombres de las casas, algunos de ellos trabajadores de los finqueros, se acercaron a la reunión a contar lo que sufren a diario. Esas mujeres fueron escuchadas y están ante la posibilidad concreta de que por primera vez reciban una respuesta del Estado».