Con el debate en el Senado en ciernes, tanto los legisladores que apoyan el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito como los que se oponen comenzaron a hacer números con miras a la histórica votación del 8 de agosto. Más allá de las estrategias dilatorias que impulsen los sectores pro vida, vía modificaciones al proyecto de ley que tuvo media sanción de Diputados, un minucioso informe revela cuántos de esos senadores, que ya manifestaron su rechazo a la iniciativa, representan a provincias en las que la interrupción voluntaria del embarazo constituiría una política de salud pública urgente, en vista de los altos índices de mortalidad materna y embarazo adolescente que se registran en sus distritos, algunos de los cuales ni siquiera cuentan con protocolo de acceso a abortos legales.
Los tres senadores de la provincia de Jujuy, que tiene una tasa del 19,3% de embarazos en la adolescencia, votarán en contra del proyecto. Ya lo adelantaron los radicales Mario Fiad, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, y Silvia Giacoppo (UCR/Cambiemos), y también Guillermo Snopek, del Bloque Justicialista, quien presentó un controversial proyecto que busca impedir que, de aprobarse la norma, una mujer pueda abortar más de dos veces a lo largo de su vida.
Los embarazos adolescentes son el 23,6% en Formosa, un distrito con 12,3 muertes maternas cada 10 mil nacidos vivos y que no tiene protocolo de aborto legal. Sin embargo, las muertes por abortos clandestinos no son razón suficiente para convencer a los senadores peronistas José Mayans y María Teresa Margarita González, que anunciaron su voto en contra.
Mendoza tampoco tiene protocolo. Según recoge el relevamiento hecho por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS) y el Centro de Estudios de Estado Y Sociedad (CEDES), desde agosto de 2017 se conocieron tres casos de niñas mendocinas de 10 y 11 años, embarazadas producto de violaciones. Dos de ellas recién pudieron acceder a la interrupción de sus embarazos en el sistema público de salud en la semana 32 de gestación. El radical Julio Cobos, del partido que gobierna la provincia, ya se manifestó en contra del proyecto.
Los tres senadores riojanos (los radicales en Cambiemos Olga Brizuela y Julio Martínez, y Carlos Menem, factótum del día del «niño por nacer») también se pronunciaron en coincidencia con los sectores antiderechos. Allí mueren cada año tres mujeres y se registran 293 egresos hospitalarios por abortos.
La cifra de embarazos adolescentes en Salta asciende al 22,3%. En mayo, el estupor provocado por la noticia de una niña de 10 años, violada por su padrastro, a la que las restricciones de la legislación salteña impedía abortar, obligó al gobernador Juan Manuel Urtubey a adherir al protocolo que estableció la Corte. De todos modos, dos senadores de esa provincia votarán contra la legalización: Cristina Fiore Viñuales, del Partido Renovador, y el peronista Juan Carlos Romero.
En Corrientes, donde los egresos hospitalarios por aborto suman 1807 al año y la tasa de embarazo adolescente es de 19,4%, Carlos «Camau» Espíndola, del Bloque Justicialista, y Néstor Pedro Braillard Poccard, del Frente PRO correntino, ya adelantaron su rechazo.
Lo mismo hicieron los tres senadores de la provincia de San Juan, que no cuenta con protocolo de acceso a abortos legales. Se trata de Roberto Basualdo (ex FpV, titular del monobloque Alianza Producción y Trabajo) y los justicialistas Cristina del Carmen López Valverde y José Rubén Uñac. Para ellos, el 17,3% de embarazo adolescente que registra el distrito no es un dato relevante. «
